Jaime Darío Oseguera
El funcionamiento adecuado de un país, su capacidad para ofrecer bienestar a los ciudadanos, depende de múltiples factores, actores, dimensiones y sistemas.
Tenemos que distinguir por ejemplo, los ámbitos de competencia que dispone la constitución para el ejercicio del poder público y el funcionamiento administrativo del gobierno.
Junto con la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la Constitución define la asignación de competencias en diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
La fantasía jurídica de México a lo largo de toda su historia, bien podría sintetizarse en que somos buenos para diseñar teóricamente sistemas pero no para aplicarlos con rigor.
Somos un federalismo en el papel pero centralistas en la médula. Los estados tienen su soberanía pero han terminado siendo vasallos del centro en cualquiera que sea la época de nuestra historia que revisemos.
La Constitución es una belleza, en el texto. El artículo primero ordena un sistema de igualdad para todos. Lo dice bien bonito nuestra Carta Magna: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.” Ficción jurídica de igualdad. No en la teoría, en los hechos.
Ahí está también el artículo cuarto constitucional. ¿Son iguales ante la ley los hombres y las mujeres? En la ficción jurídica si; en la vida diaria no. También dice que el estado garantizará la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Sin palabras.
Más aún, ¿tenemos acceso a un sistema universal de salud de calidad? De la educación
obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, mejor ni hablamos. No es flagelo.
Es claro que un programa político constitucional se compone de prescripciones sobre la manera de transformar la realidad. Es filosofía política sobre las aspiraciones de un pueblo. Su destino. Sin embargo también debería haber cosas realizables, al menos en materia de organización administrativa y política.
Lo mismo se trata cuando hablamos del reparto de competencias entre los niveles de gobierno. El artículo 115 de la constitución está redactado de manera espléndida, maravilloso. Una ficción teórica donde los ayuntamientos manejan un patrimonio propio pero escaso, financieramente tienen recurso pero son insuficientes.
Cuentan con facultades para recaudar pero no lo hacen bien por falta de capacidades técnicas e indecisión política. Son responsables de servicios públicos que no pueden mejorar y, tienen libertad en la conducción de la hacienda pública pero no tienen planes para gastarlos adecuadamente.
Justamente estamos a unos días de terminar el periodo constitucional para los ayuntamientos y siempre vale la pena reflexionar sobre los ámbitos donde es susceptible de mejorar el país.
Es un gran momento para revisar el cierre de las administraciones municipales, tener una bitácora y aprender de los errores, porque es cuando resulta el mayor deterioro en su estructura administrativa.
La gran falla de este país no está en el sistema electoral, político o financiero; simplemente estamos mal administrados, lo que abre la puerta a la corrupción. El sistema de administración de los gobiernos está mal diseñado, funciona pésimamente y el mejor ejemplo son los ayuntamientos.
Hoy que están a punto de terminar es importante saber quien los va a supervisar y auditar. ¿Se van a seguir reglas puntuales para la entrega y recepción de las administraciones municipales? O nada más se van a aventar las llaves de los cajones y de las puertas entre funcionarios entrantes y salientes.
¿Cuál es la estructura orgánica con la que trabajaron los ayuntamientos? ¿Les funcionó o no? ¿Habrá retroalimentación para las nuevas autoridades? ¿Quién va a supervisar los antecedentes de las autoridades actuales y futuras en seguridad pública?
Es el momento de revisar la estructura financiera de los ayuntamientos para evaluar en qué se gastó el dinero y saber si van a dejar activos o qué tipo de deudas. Un lastre para las administraciones municipales es el excesivo gasto corriente, particularmente en sueldos y salarios que evita la inversión en obra pública.
En un ámbito donde el sistema de rendición de cuentas no funciona, los ayuntamientos son el emblema de la opacidad, ineficiencia y corrupción.
No hay un sistema de administración adecuado en la gran mayoría de los ayuntamientos. Trabajan en lo general de manera primitiva. Claro que hay notables excepciones pero en general es cada vez más agobiante, por ejemplo, la carga del gasto corriente en el presupuesto general.
Al final del ayuntamiento se inflan las nóminas y se disparan los problemas administrativos de los municipios. Los salientes pagan con empleos las lealtades y los entrantes quieren empleos para sus propios equipos. El resultado es el abundante peso de las cargas administrativas contratando gente que no hacen mayor cosa.
Es la época cuando aumenta en pocos días el gasto corriente y se disparan las supuestas justificaciones del gasto. Todo mundo anda corriendo para cerrar cuentas y en algunos casos ya esta semana bajaron la cortina. No hay más servicios públicos que los indispensables.
En eso reside la perversidad. Así como nadie ayuda a los ayuntamientos, tampoco nadie los penaliza.
Tiene que haber de entrada un compromiso de limitación del gasto en cosas superfluas. El famoso Plan de Desarrollo que deben elaborar, lo tiran a la basura después de presentarlo seis meses después de haberse instalado, ya cuando tienen una inercia operativa imposible de reorientar.
Sin dinero ni capacidades operativas, con muchos compromisos; en algunos casos amenazados y con grandes presiones derivadas de la campaña, los ayuntamientos empiezan a cometer errores desde antes de instalarse. Así esta el municipio libre, la base de la organización política y administrativa de este país.
