El Poder Legislativo de Michoacán comparte la necesidad de reformular la estructura del delito de extorsión, planteando como prioridad el combate y castigo al daño psicológico que genera en la población más allá del daño patrimonial, afirmó la diputada, Julieta García Zepeda; “ahora, cometan o no ese ilícito, serán sancionados”.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien acudió en representación del Poder Legislativo a la promulgación de las reformas a la Ley de Contra el Delito de Extorsión en Michoacán, recordó que, hasta antes de estas reformas, se marcaba como lo más importante el proteger el patrimonio de las víctimas de extorsión; en tanto que “el miedo que se ejerce sobre las víctimas quedaba en segundo término”.
Con la aprobación de la reforma, ahora “se invierte la relación y se protege ante todo la tranquilidad, seguridad y paz de las personas, independientemente del daño patrimonial que los delincuentes ocasionen a las víctimas”.
Es decir, la reforma que aprobó el Pleno del Congreso del Estado establece un castigo a los delincuentes que amenacen u obliguen a cualquier persona a hacer algo, con el propósito de obtener un beneficio, sin importar si lo obtienen o no. “Esto hace una diferencia absoluta, pues ya no será necesario esperar a que el daño patrimonial se materialice para sancionar este delito”, aseveró.
La diputada presidenta destacó el que, en esta reforma, participaron los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; además, dijo que desde el Congreso del Estado se trabaja arduamente para que la gente viva en paz y tranquilidad.
