J. Salatiel Arroyo Zamora
Pésimas las reacciones del gobierno federal y desafortunadas las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez que, lejos de apaciguar los ánimos encendidos de los mexicanos, los exacerbó más. Afortunadamente reculó a tiempo, conteniendo con ello que la irritación explotara, prematuramente.
Al día siguiente del magnicidio de Manzo Rodríguez, durante “La mañanera del pueblo” (lunes 03 de noviembre), la presidenta Sheinbaum culpó del asesinato del alcalde “a la derecha” y a García Luna. Afirmando que la “intervención (de las fuerzas armadas) no lleva a ningún lado”. “Se reforzará sí, a Michoacán, y a otros estados de la república, pero fortaleciendo la presencia y la inteligencia, así como la atención a las causas” (lo que hizo AMLO durante seis años, sin resultados benéficos para la población ajena a las actividades criminales).
Además de imputar la ejecución del líder del “Movimiento del Sombrero” a la derecha, la presidenta de México culpó a “algunos comentócratas y conductores”. Mientras sus empleados y seguidores descalificaban las movilizaciones de inconformidad, acusando de “carroñera” a la sociedad indignada por el asesinato del llamado “El Bukele Mexicano”, único alcalde del país que enfrentó con valentía a las organizaciones criminales que asediaban su municipio, luchando por erradicarlas para devolver la seguridad, paz y bienestar a sus gobernados.
Lo que obviamente no convenía a los intereses de funcionarios federales y estatales que, con la recaudación, producto de las extorsiones, se enriquecen, y con el terror someten y controlan electoralmente a la población.
La respuesta frívola de la mandataria nacional incrementó la indignación generalizada de los mexicanos, que esperaban reacción inmediata y detención de los responsables a la brevedad, en lugar de balbuceos e insensatez.
Pues los asesinatos en Michoacán en contra de ciudadanos que se atreven a levantar la voz y exigir seguridad para todos, no son casos aislados, ni fortuitos. Son consecuencia de la omisión, negligencia, complacencia y, comúnmente, complicidades de las mismas élites del gobierno con los cabecillas criminales.
Esas alianzas (ya descaradas), han dejado en la orfandad a familias de siete presidentes municipales sacrificados (y uno desaparecido), así como de innumerables luchadores sociales y activistas.
Sólo durante la presente administración estatal de Morena en Michoacán, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, a defensores de sus pueblos y comunidades se les ha arrebatado la vida, como Hipólito Mora Chávez, que también anunció su muerte y acusaba directamente al gobernador Bedolla.
Más recientemente, en menos de dos semanas de distancia, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de citricultores del valle de Apatzingán y un sobrino de Hipólito Mora, que fue asesinado con su esposa, el mismo día que fue ultimado Carlos Manzo.
Y nada ha pasado, ni pasará, para aprehender a los culpables y dejen de causar daño.
Ya con la cabeza fría, y mejor asesorada, la presidenta modificó su táctica, pues echar gasolina al fuego e insultar a los ofendidos no le estaba funcionando, por lo que se permitió recibir en su palacio a la viuda del activista silenciado.
Se ignora los acuerdos pactados; pero, al día siguiente, la esposa de Carlos Manzo estaba tomando protesta como presidenta sustituta de la alcaldía de Uruapan y algunos líderes del Movimiento del Sombrero” “reconocían” la labor de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernante, así como su cercanía con el municipio de Uruapan.
Para sorpresa, de quienes señalan al mandatario michoacano como culpable del asesinato de Manzo Rodríguez, incluso fue insultado y perseguido cuando se retiraba de la agencia funeraria, donde era velado el luchador social sacrificado. La animadversión entre dirigentes del movimiento (fundado por el valeroso alcalde caído) ha venido disminuyendo con el gobernador del estado.
Sin embargo, el homicidio del “Bukele Mexicano”, el hombre que sacrificó su vida, que no guardó silencio ante la injusta complacencia del gobierno (federal y estatal) con el flagelo del crimen organizado en su municipio, hasta su muerte, es prueba irrefutable de dicha indolencia.
Por eso, con sobrada razón, los seguidores del Movimiento y simpatizantes de la valerosa actitud de Manzo Rodríguez, culpan a Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla de su muerte.
Pero, ¿en verdad a Carlos Manzo lo mató el Estado?
En las manifestaciones de protesta, por su cobarde asesinato, se ha insistido que lo mató el Estado. Resultando relevante revisar si dicha afirmación es certera.
Primero, se debe aclarar que los elementos del estado, son tres: población, territorio y gobierno. Al respecto, es evidente que la población no lo asesinó, aunque muchos si somos corresponsable de su muerte por apáticos unos y por defender (otros) las erráticas políticas públicas del gobierno.
El territorio es un ente inanimado, que tampoco pudo hacerlo. Pero el gobierno sí es culpable del asesinato, mínimo se le puede atribuir la autoría culposa, por omiso y negligencia (muy conveniente a sus intereses económicos, a través de la recaudación mediante la extorsión de sus aliados y protegidos). Incluso, ´puede que sea autor también de manera dolosa, que exista la intensión de hacerlo… pero de ser así, eso jamás lo sabremos.
A pesar de ello, las primeras declaraciones de la presidenta Sheinbaum resultaban, además de desesperanzadoras, ofensivas y las tácticas de sus colaboradores, de atacar a los ciudadanos inconformes, se percibió como un intento de impedir el derecho a la indignación, a inconformarse e irritarse, ante la omisión y negligencia criminales para proteger los derechos elementales de la población, como son la libertad y la vida, corriéndose el riesgo de ser asesinado, o bien señalado de “carroñero”, derechista, prianista, conservador, traidor… por quienes sí lo son.
Todo parece indicar que ya nos acostumbramos a ser esclavos…modernos, pero esclavos, y a lamer suelas y la mano del verdugo, a cambio de unas monedas, o “consideraciones” que creemos privilegios, o que se nos permita estar junto al círculo cercano de los “potentados”, para alimentar nuestro confundido ego y elevar la vanidad, para sentirse influyente.
LA FARSA DEL AUTO DENOMINADO “LUCHADOR SOCIAL”
Estamos olvidando -sobre todo, los fundadores de Morena, los que alardean (o se jactaban) de izquierdistas- que los genuinos luchadores sociales son aquellos que combaten la opresión, la corrupción y la ineficiencia gubernamental; hombres y mujeres que alzan la voz, aunque eso les cueste el cargo, la tranquilidad o la vida.
Su causa no depende de una bandera, ni de un color partidista, porque entiende que la injusticia tiene muchos rostros, y puede habitar lo mismo bajo el rojo, el azul o el guinda. Son los que no se venden, los que no callan, los que no se arrodillan ante el poder, aunque el poder lleve el disfraz del cambio o de “transformación”.
Y, están los otros, los que se autodenominan “luchadores sociales”, pero en realidad son devotos del régimen en turno; aplaudidores profesionales, defensores automáticos de toda decisión oficial, aunque sea absurda, injusta, tardía o criminal. Su lealtad no es hacia el pueblo, sino hacia el poder que los alimenta. Confunden la crítica con traición, y la conciencia con conservadurismo.
A esos fanáticos no les interesa la verdad, mucho menos la justica. Si el gobierno oprime, justifican. Si roba, callan. Si fracasa, culpan al pasado. Y si alguien osa señalar las fallas, lo acusan de enemigo del pueblo, de “derechista”, de traidor a la causa.
Pero un verdadero luchador no se mide por su adhesión al poder, sino por su capacidad de enfrentarlo cuando el poder se desvía del camino.
El que siempre aplaude todo, deja de pensar. Y el que deja de pensar, deja de luchar. Porque la lucha auténtica no se hace para agradar a un gobierno, sino para liberar y ayudar al pueblo.
Y la libertad, aunque duela, siempre empieza con la palabra incomodad de quien se atreve a decir: “Esto no está bien”. De estos fue y será hasta la eternidad Carlos Alberto Manzo Rodríguez, con sus errores propios del ser humano, pero su esencia fue inquebrantable. Por eso el gobierno permitió, y tal vez alentó, su muerte. Pues resultaba estorboso.
Pero su muerte, multiplicará con su ejemplo la semilla germinadora de miles de auténticos luchadores sociales que la patria necesita.
CONSECUENCIAS ELECTORALES LA DESAPARICIÓN FISICA DEL CARLOS MANZO
El asesinato de Carlos Alberto Manzo da un vuelco al mapa electoral del país, con el debilitamiento de la investidura presidencial (que cualquiera puede atreverse a ultrajar y manosear a la mandataria de la patria) y la decadencia de la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se hunde cada vez más, particularmente con las acciones, como el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, copia fiel del “Plan Michoacán” de Enrique Peña Nieto que, lejos de resolver la problemática la empeoró, enviando al “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, quien armó y fortaleció a grupos criminales afines a los intereses del partido y grupo en el poder, de ese tiempo.
Si las estrategias y tácticas de la presidenta Sheinbaum son las mismas (como lo es el nombre), los resultados -desde hoy se puede pronosticar- no serán diferentes, y ya lo advirtió, seguirán los abrazos a los criminales y se combatirán las causas de la violencia.
Para quienes son indiferentes a las fallidas políticas de seguridad, les digo que, en la reunión de la presidenta con el Consejo Nacional de Seguridad, ya exoneró de manera “pronta y expedita” al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, liberándolo de toda culpa y responsabilidad, al decretar la mandataria que “Sinaloa vive una situación que no depende del gobierno del Estado, si no de una situación externa”.
Así que, los que esperan que la justicia alcance a Alfredo Ramírez Bedolla, o que al menos sea obligado por el gobierno federal a dimitir al cargo de gobernador y llevarlo a un espacio en el gabinete federal, como se esperaba desde el inicio de la administración de Sheinbaum. Eso no sucederá.
Ni siquiera le afectarán los constantes señalamientos de colusión con los grupos terroristas que azotan al estado, ni las recientes acusaciones -supuestamente- del gobierno de EU, que lo vinculan en actividades ilícitas con familiares presos en ese país.
Hemos insistido que Alfredo Ramírez Bedolla resultó pésimo gobernante, pero ha utilizado los recursos públicos para operar política y electoralmente, con resultados favorables a sus pretensiones y ambiciones personales.
Y eso es lo que el régimen de la 4T necesita para su segundo o tercer piso: dinero, no importa de dónde venga, y si no es fiscalizado por las autoridades, mejor.
Cuando mucho, le darán las gracias a su secretario de seguridad pública, que resultó excesivamente incompetente y abusivo… esto último no les interesa tanto, pero a alguien hay que “sacrificar” para hacer creer que sí se combate la impunidad y pues a dicho funcionario se le evidenció (con pruebas gráficas) ordenando se torturara a manifestantes y agrediendo él mismo a una periodista.
Igual que Peña Nieto, seguramente la presidenta mandará a Michoacán a otro Virrey o “Virreya”, harán aparatosos operativos, detendrán a dos o tres criminales de poca monta, que harán parecer como “objetivos criminales generadores de violencia”, y todos en paz, a seguir con la rutina y adaptándose a la esclavitud.
Lo que sí les preocupa a las personas en el poder de la “Cuarta Transformación” y “segundo o tercer piso…” es el tema electoral, que el dominio que mantienen se vea disminuido o lleguen a perderlo. En eso intensificarán sus labores y “trabajos de inteligencia”, difamando, calumniando y descalificando cualquier manifestación de inconformidad, a ciudadanos organizadores, espacios informativos y movimientos libertarios.
Les preocupa sobremanera la convocatoria de la llamada “Generación Z” (para el 15 de noviembre), las protestas de los productores agrícolas y la bandera de Carlos Manzo, cuyas acciones vendrán disminuyendo, pues algunos lideres del movimiento son funcionarios públicos, el propio hermano del alcalde sacrificado es subsecretario de gobernación en el gabinete de Ramírez Bedolla, otros son diputados locales y ahora la viuda presidenta municipal y tienen que ser congruentes con el discurso de la paz y estabilidad y fortalecer al gobernador, como mediador ante la federación.
Luego entonces, parte de ese movimiento podría ser utilizado por el propio mandatario estatal para lanzarlo contra Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos Equihua, este último ex alcalde de Uruapan, aliado de Morón y Godoy, y acérrimo enemigo político de Manzo Rodríguez.
En tanto, el equipo de Morón Orozco utilizará las investigaciones que, aparentemente, lleva a cabo el gobierno de Trump en contra de Ramírez Bedolla y otros integrantes de su gabinete.
En resumen, la guerra interna en Morena se intensificará con el asesinato de Carlos Manzo, pero la inconformidad y malestar ciudadano no cederá. El asesinato para silenciar la voz del aguerrido alcalde, es la bandera que la población necesitaba para detonar, es la causa que unifica para canalizar la ira contenida ante las masacres, el saqueo, la opresión del crimen organizado y la complacencia de los gobiernos: federal, estatal y municipales, y el único que se rebeló, fue silenciado, quitándole la vida.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
