J. Salatiel Arroyo Zamora
En 2018, durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió, que: “Desde el primer día de mi gobierno, no al mes, desde el primer día, los narcos cambiarán las armas por tractores y se convertirán en gente de bien, se los juro”.
Dos años más tarde, ya como mandatario, ante integrantes de la Guardia Nacional, López Obrador ordenaba ser respetuosos con los derechos de los criminales, “los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuera tiene límites, básicamente es para la legitima defensa”.
La orden presidencial de respeto a las garantías individuales de los infractores, fue interpretada a conveniencia, por algunos altos mandos de las fuerzas federales y funcionarios públicos.
Lo entendieron como “autorización” del comandante supremo de las Fuerzas Armadas para brindar impunidad a los grupos del crimen organizado, así como permiso para que operaran sin obstáculo alguno, ni preocupación de ser alcanzados por la ley, ni sancionados por la justicia… podrían hacer y deshacer, fortalecerse, crecer y expandirse, tomar el control territorial, someter a la población, incluso a gobiernos locales… el poder era de ellos y para ellos; pero no gratuito, obviamente.
Desde el 2020, politólogos y sociólogos analizaron las declaraciones presidenciales y alertaron del riesgo que para la democracia y la soberanía de la patria representaba empoderar al crimen organizado, al permitirles operar con absoluta libertad.
Pues con su fuerza bélica, capacidad financiera y poder corruptor, crecería el control y dominio territorial, social y político, sólo disputados por sus adversarios criminales. Acabando de facto con las libertades ciudadanas, poniendo de rodillas la autoridad del Estado y quebrantando la soberanía de la nación.
Además, en la lucha por la dominación territorial de los grupos criminales, se pronosticaba el uso de tácticas terroristas, que darían pretexto injerencista a EU.
No obstante, las consecuencias reales, resultaron más desastrosas a las pronosticadas. Naturalmente predecibles por los personajes en el servicio público, que de todo obtienen beneficio personal y familiar.
ESTADOS UNIDOS FACILITADOR DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
No sólo con el suministro de armas y la descontrolada demanda de estupefacientes, el gobierno norteamericano ha participado en la descomposición de la patria mexicana, también facilitando el cultivo de drogas en territorio nacional.
Fue en la década de los 40s, con motivo de la Guerra Mundial, que se intensificó el cultivo de Amapola y marihuana (particularmente en Sinaloa, posteriormente en Guerrero y Michoacán), para abastecer de heroína y cannabis a Estados Unidos.
Lo que era permitido por las autoridades federales, que fijaban un tributo a los campesinos productores. Expandiéndose la producción, ante la ausencia de consecuencias legales, especulándose un convenio entre ambas naciones para “proteger” la producción y a los productores.
Con el transcurso del tiempo el negocio de las drogas creció, floreció y se convirtió en extremo lucrativo; al grado de tener en territorio nacional presencia permanente de elementos de la CIA (de acuerdo a investigaciones del periodista Manuel Buendía Téllezgirón), no se diga de la DEA, “cuidando la empresa”, así como la eficiencia y “lealtad” de los administradores; entre los más identificados: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada Niebla.
Por ser una de las industrias más fructíferas -financieramente- del planeta, el gobierno norteamericano ha monopolizado el control para sí, llevándose prisioneros a su país a los “administradores” y operadores mexicanos.
Así que, narcotraficantes mexicanos ya no existen, viéndose en la necesidad de mutar los sobrevivientes, transformándose de narcos a extorsionadores o recaudadores de tributo, bajo la protección, complacencia y complicidad del gobierno federal, así como la resignación y sumisión de gobernadores y alcaldes.
La omisión del gobierno mexicano para combatir la criminalidad y la impunidad protectora brindada a los jefes delincuenciales, incentivó el incremento de la inseguridad y violencia, que oficialmente se niega, bajo el argumento que el homicidio doloso ha disminuido; pero encubren el excesivo incremento de desaparecidos.
Como si la solicitud del gobierno a sus aliados cabecillas del crimen organizado fuera la de no dejar ya evidencias, desaparecer los cadáveres de sus víctimas, echarlos a los leones, disolverlos en ácido, enterrarlos, no importa la técnica que se utilice, siempre y cuando no sean localizados, pues si no hay cadáver, no existe cuerpo del delito, mucho menos homicidios y pueden alardear que los asesinatos están disminuyendo… pero no el pánico y zozobra colectivos, que impiden denunciar, conociendo de antemano la estrecha relación-colaboración que prevalece entre “autoridades” y delincuentes, así como el peligro de “abrir la boca”.
Mientras se realizan intensas campañas intentando normalizar la corrupción, la violencia, secuestro y extorsión, bajo los “argumentos” de que los gobiernos anteriores robaban más; y los asesinatos, secuestros, levantones y extorsiones se realizan entre miembros de la delincuencia organizada y personas vinculadas a dichas actividades, aunque gran parte del sector productivo, comerciantes y prestadores de servicio sean obligados a pagar tributo extraoficial, además de las contribuciones hacendarias.
Y, en pleno despliegue de más de 12 mil integrantes de las fuerzas federales: Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Marina y “Murciélagos”, los asesinatos, descuartizados, explosiones de carros bomba, “dronazos”, desapariciones, desplazados… siguen.
Ni El Plan Michoacán, ni la presencia del “súper” secretario Omar García Harfuch ha inhibido la operación criminal en Michoacán, lo que significa que no les merece el mínimo respeto, su popularidad, ni investidura. Si no respetan a la presidenta, menos a su empleado.
¡TODOS SOMOS NICOLÁS MADURO!
Es el grito disfrazado de los gobiernos morenistas y asalariados del régimen, simulando solidaridad con el “pueblo venezolano” y el movimiento de “izquierda” en América. Cuando, en realidad, ofuscados por el pánico de padecer destino parecido al dictador venezolano, intentan desesperadamente ser protegidos con el cobijo popular de los saqueados, pisoteados, azotados, ultrajados y aterrorizados mexicanos.
Al respecto, es pertinente precisar que la opresión siempre se ejerce desde el poder y Nicolás Maduro lo practicaba de manera totalitaria e indiscutible, apoderándose de procesos electorales y arrebatando (incluso con el uso de las armas) los resultados, si no le eran favorables. Parecido a lo que sucede en nuestro país (México), donde un poder Constitucional y legítimo, respaldado por una aplastante mayoría popular, se ha venido distorsionando al aliarse -para sostenerse- con organizaciones delictivas (oficiales y civiles) que son las que en verdad mandan en el país, imponiendo de facto, en sociedad con la clase política, prácticas de corte comunista, pues a nombre del pueblo se apoderan de medios de producción, comercialización de mercancías, control de mercados y precios.
Ya sabemos que EU aprovecha las disputas políticas en los países de América del Sur para instalar regímenes a su favor, imponer dictaduras y reprimir movimientos de izquierda. Actúa como si el continente fuese su patio trasero, construyendo su hegemonía económica sobre los recursos y la explotación de los latinoamericanos.
Por eso la importancia de no dar pretextos que inciten intervención extranjera, pero nuestro gobierno los ha estado dando en exceso, al grado de ser clasificado como facilitador de prácticas terroristas. Sin que nadie con calidad moral (como podrían ser los lideres de opinión y dirigentes del partido en el poder, fuente de origen del gobierno en turno) se atreva a realizar los señalamientos pertinentes, que presionen e induzcan la reivindicación del movimiento.
Les resulta más cómodo pugnar y luchar en la distancia a favor del pueblo venezolano, condenando el intervencionismo extranjero y exigiendo respeto a la autodeterminación de los pueblos, que prevenir la invasión norteamericana en nuestra patria, pues quedarían fuera de la nómina y los privilegios que se obtienen, al ser un auténtico traidor a la patria.
La militancia de Morena (partido dominante y monopólico de los poderes del estado) debe exigir, a los gobernantes surgidos de sus filas, pulcritud y prudencia. No se debe ultrajar a la población, obligándola a pagar impuestos oficiales con la promesa de bridarle seguridad y servicios, mucho menos permitir se le exija tributo por trabajar y no morir ejecutado… sin que haya consecuencias.
Esto al gobierno de Estados Unidos no le afecta, son “asuntos domésticos”, a los gringos les interesa el control del gobierno -que siempre han tenido- y el negocio del narco, que ya tienen. Así que, invasión norteamericana no habrá, la presidenta Sheinbaum está “bien” con Trump, la tienen controlada y al servicio del imperio.
Así que nadie nos vendrá a salvar del terrorismo (real o ficticio), ni hará por la patria, lo que no hagamos nosotros mismos. Es más fácil que a nuestra nación el imperialismo yanqui la sancione por las declaraciones de la presidenta y sus corifeos a favor de Venezuela y el apoyo financiero y en especie (petróleo) que se le brinda a Cuba, que por el asunto de la corrupción, inseguridad y violencia en nuestro país.
EL COSTO DE ACEPTAR LA INEFICACIA DE UN MAL GOBIERNO
Para Sócrates, la corrupción aparece cuando alguien se aparta de la verdad, la justicia y la virtud. Él creía que nadie hace el mal a propósito, sino por ignorancia del bien. Su contemporáneo Platón afirmaba que la corrupción es la degeneración de las formas de gobierno, cuando los gobernantes dejan de hacer el bien común y empiezan a servir a sus propios intereses.
Más recientemente, Aristóteles concebía la corrupción como el desvío natural del hombre: en lugar de buscar el bien común, busca intereses privados. Es la transformación del poder en tiranía.
Identifique en cuál de las clasificaciones anteriores se encuentran nuestros mandatarios y sus funcionarios.
En Zitácuaro se tuvo que enlutar -otra vez- un hogar, y dejar a una niña de tres años en la orfandad, víctima de las balas compradas con nuestros impuestos y arma accionada por un servidor público, para que (al fin) algunos sectores de la sociedad zitacuarense comiencen a darse cuenta que están siendo gobernados por la peor administración en la historia del municipio.
Y no, no se trata de una perversión de la imaginación, ni una afirmación incentivada por las “vísceras”, o asunto “personal”, sino de una deplorable realidad que a muchos les cuesta trabajo aceptar; pero seguirá cobrando su cuota de víctimas inocentes, si no se rectifica o se detiene a tiempo. Sin embargo, ambos escenarios están distantes de concretarse.
Para rectificar, el gobierno primero tendría que aceptar que se encuentra en el “error”, pero la arrogancia propia de los personajes en el poder les nubla el entendimiento, les ofusca la razón que, acompañada de la adulación de quienes les rodean, les hacen creer que son seres perfectos, incapaces de equivocarse. Así que, desde su perspectiva personal, mal están los que realizan las observaciones y señalamientos.
Ahora bien, para que la sociedad detenga esa escalada de tragedias, también debe estar convencida y organizada, y para eso aún falta mucho. Se organiza y protesta de manera aislada, mientras perdura la indignación por el hecho más reciente, que luego es superado y opacado por otro nuevo escándalo, olvidándose la agresión anterior, que sólo es recordada por los dolientes directos, que quedan solos y vulnerables ante las embestidas financieras e intimidatorias de los poderosos, terminando por claudicar en la lucha contra la impunidad y a favor de la justicia, que difícilmente llegará.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
