J. Salatiel Arroyo Zamora
En lo que tengo de existencia, jamás había visto tan arruinado y hundido al país como ahora. No recuerdo con exactitud cuando dejé de ver, leer y escuchar noticias buenas, que no sean discursos de políticos y funcionarios (que viven otra realidad).
Lo grave, para todos, es que nos estamos adaptando a subsistir en el fracaso, la descomposición y destrucción; ya nada nos sorprende y somos inmunes al terror.
Antes un magnicidio, tragedia, masacre, nos escandalizaba unos meses, semanas o días, hoy lo vemos con normalidad, particularmente si no sucede en nuestro círculo cercano familiar.
Esta semana fue trágica, pero el lunes próximo ya lo habremos olvidado, nuevas fatalidades ocuparán nuestra atención de manera pasajera.
La semana inició con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores y comercializadores de limón en el Valle de Apatzingán. Su cuerpo fue localizado con visibles huellas de tortura.
Aunque inicialmente se intentó hacer creer que había sido ejecuta a bordo de su vehículo, donde fue encontrado. Lo cierto, es que fue torturado y, aunque las autoridades no lo informarán (más bien tratarán de ocultar la verdad) ha circulado una fotografía terrorífica de un cadáver, al que presumiblemente le arrancaron el corazón, y versiones sugieren que se trata del cuerpo del dirigente fenecido, quien había denunciado reiteradamente las extorsiones que padece el sector citrícola de Michoacán.
Después del “niño ahogado”, ahora resulta que, desde hace tres años, los grupos criminales dedicados a la extorsión en la Tierra Caliente del Valle de Apatzingán están ubicados por el gobierno, así como sus cabecillas completamente identificados.
Luego entonces, no se explica por qué continúan en libertad, generando terror, muerte y depredación patrimonial ¿Complicidad? ¿Sociedad? ¿Corrupción? ¿Orden de no molestar desde la cúpula del poder central nacional?
Aun cuando el agro empresario sacrificado había denunciado públicamente -en múltiples ocasiones- el azote criminal que se padece en todo el territorio estatal, particularmente en esa región.
Al día siguiente de la muerte de Bernardo Bravo, el martes 21 de octubre, al medio día, sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, fue atacado con ráfagas de balas el sub director de seguridad pública del municipio de Indaparapeo.
El mando policiaco murió en el lugar y el vehículo en que viajaba quedó volteado a un costado de la cinta asfáltica perforado a balazos.
Quienes transitaban por esa vía de comunicación quedaron varados durante horas, mientras se realizaban las diligencias del levantamiento de cadáver, algunos tuvieron que regresar a sus lugares de origen ante la imposibilidad de llegar a tiempo a sus destinos o el temor de ser alcanzados por las balas en otro posible atentado o enfrentamiento, que se han hecho comunes en esa carretera.
La tarde del mismo martes 21, sobre la autopista México-Guadalajara, en el municipio de Maravatío, ocurrió un fatal accidente, en el que perdieron la vida siete personas originarias de Ciudad Hidalgo e Irimbo, quienes habían alquilado un taxi para viajar a Moroleón, Guanajuato, con el propósito de comprar ropa y de regreso a sus lugares de origen un tráiler impactó el auto en el que se transportaban.
Entre las víctimas mortales se encuentran tres niños, de uno, 4 y 8 años de edad. Además de tres personas lesionadas.
Esta tragedia podría considerarse un accidente ajeno a las competencias del gobierno; pero, en estricto sentido no lo es, pues se supone que las autopistas o carreteras de cuota deben ser seguras y vigiladas, para que los conductores se sujeten -lo mismo que las unidades- a los reglamentos establecidos.
Lo anterior es un resumen de hechos que demuestran que las deficiencias de los gobiernos, en todos sus niveles, lejos de disminuir se intensifican.
Lo mismo sucede con la corrupción que, como se ha normalizado, ahora se ha convertido en regla (y sinónimo) política y pudrición, pasando la clase gobernante a la siguiente fase: de saqueadores de recursos, disfrazándose de servidores públicos, a encabezar o formar parte de grupos del crimen organizado, para controlar las estructuras de gobierno y someter a la sociedad con el terror y arrebatarles el patrimonio privado, con la imposición de nuevos tributos a través de la extorsión y “cobro de piso”, que les genera mayores ganancias que el narcotráfico (ahora controlado por EU) y más dominio popular.
Lo anterior, es precisamente lo que quiere el gobierno, además de una sociedad hundida en la ignorancia y la pobreza, totalmente dependiente de las migajas de los programas sociales del “Bienestar”, indefensa y esclava del miedo que infunden las organizaciones criminales del gobierno y civiles, que terminan siendo lo mismo y operadas por la clase política.
A eso estamos contribuyendo todos, con nuestra pasividad se está fortaleciendo una red de servidumbre manejable, en un país donde todos pueden ver las mentiras y caos que generan las erráticas y corrompidas políticas públicas, sin que nadie se atreva a organizarse para destruir ese círculo vicioso, mucho menos rebelarse, rechazando la opresión en todas sus formas. Dejar de ser borrego.
Por incompetencias menores, a las evidenciadas en Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Campeche… durante los “corruptos gobiernos del pasado”, gobernadores ya habrían sido llamados a la Secretaría de Gobernación y obligados dimitir a sus cargos, otros serían expulsados del país y algunos vinculados a proceso penal, junto a sus secretarios de seguridad pública y mandos regionales del ejército, marina, guardia nacional y FGR, unos por criminales, otros por facilitadores, encubridores y alcahuetes.
Sin embargo, no obstante, la legitimidad otorgada a la presidenta de la república en las urnas, su mandato es débil, por deberse al infractor principal, al enemigo público número uno de los mexicanos, ustedes “ya saben quién”.
Sobre todo, por estar cercada e infiltrada en todas las estructuras del poder (en los tres poderes, de los tres niveles) por criminales al servicio del ex mandatario nacional.
En nuestro país se ataca la producción de alimentos, con la baja excesiva en los precios de productos básicos, que no permite a los agricultores recuperar siquiera los costos de producción invertidos, muchos menos lo que tienen que pagar a los “poderes fácticos” por permitirles trabajar.
Resultando menos gravoso y peligros dejar de producir.
Pronto dependeremos exclusivamente de las migajas de los programas sociales… y ni como protestar, si lo haces te echan a “los malos”, convertidos ahora en el brazo armado, represor, ejecutor y controlador del gobierno.
Porque los jefes de las fuerzas armadas de la Nación se han “transformado” en “empresarios”: huachicoleros y receptores de tributos del crimen organizado, principalmente.
Ya los narcos hace mucho que no lo son, esa “empresa” es ahora administrada por la CIA y la DEA. Siendo un negocio tan lucrativo, USA no iba a permitir más el predominio mexicano, que se había extendido por el mundo entero.
Urgía acabar con ellos, llevarlos presos a su país de por vida y arrebatarles el negocio. Los que han quedado, para sobrevivir tendrán que someterse a las reglas no escritas del gobierno mexicano, ayudar a los mandatarios a vender la idea de que hay paz y gobernabilidad institucional, que el terrorismo es una falacia.
La inseguridad y violencia es un argumento de los neo liberales, derechistas, resentidos por que se les quitó el poder y ahora buscan desprestigiar la transformación del país, gozándose de la desgracia ciudadana para hacer escarnio del gobierno.
Pero todo está bien para el gobierno y sus comparsas, que nos imponen con discursos la creencia de que los homicidios dolosos han disminuido y tienen tendencia a la baja.
Cuando esa táctica ya es obsoleta y a nadie convence, pues no es difícil entender que esa es la nueva indicación entre los cárteles (gubernamental y civil), hacer creer que los asesinatos están disminuyendo.
Cuando en realidad la orden superior es desaparecer los cadáveres, pues sin ellos no existe cuerpo del delito, ni asesinato alguno, sólo víctimas de desaparición, que pueden clasificarse como parejas en “fuga amorosa”, jóvenes rebeldes con problemas en la escuela y en el hogar, maltrato doméstico, etcétera.
Lo extraño, es que bajan los homicidios de manera directamente proporcional al incremento del número de desaparecidos… que tampoco se denuncian, porque los familiares son amenazados por los ejecutores y maltratados por los investigadores. Hasta se las andan volteando y de víctimas, podrían pasar a victimarios.
Aun así, pretenden ser aplaudidos cuando informan de los “esfuerzos” realizados y los resultados alcanzados en la recuperación de la seguridad, la paz y los territorios antes ocupados por la delincuencia.
También a eso nos estamos acostumbrando, a la simulada baja de la criminalidad, en lugar de combatirla para exterminarla a la brevedad, como se nos prometió hace más de 7 años, en la campaña de AMLO.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
