La cruel realidad de la “normalidad” de las masacres
J. Salatiel Arroyo Zamora
Tanto nos hemos acostumbrado y adaptado a la inseguridad, a la violencia y sus consecuencias, que ya nada sorprende y los asesinatos colectivos de personas son hechos comunes, que unas horas son noticia y comentarios entre vecinos y conocidos, pero al paso de los días quedan en el olvido, incluso fuera de la retentiva de las mismas autoridades.
El lunes, nuevamente los zitacuarenses despertamos con la noticia de otra masacre colectiva, seis personas fueron asesinadas y sus cuerpos mutilados abandonados en la calle Laguna Seca de la colonia Pueblo Nuevo unas partes y otras frente a la agencia de vehículos Nissan, en el Libramiento Francisco J. Múgica de Zitácuaro, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado. Aunque el comunicado oficial del ayuntamiento afirmaba que los hechos de violencia se habían suscitado en la zona limítrofe con el Estado de México.
Pretender atribuir al Estado de México la masacre e intentar hacer creer a la población que los acontecimientos de violencia se suscitaron territorialmente alejados al municipio de Zitácuaro, tal vez tratando de menguar el impacto negativo, causó burlas ciudadanas en redes sociales en contra de los emisores de dichas imprecisiones. Pues los cadáveres fueron localizados no sólo dentro del municipio, sino de la cabecera municipal, en la zona urbana, en una de las vialidades más transitadas. En tanto, “la primera autoridad” de los zitacuarenses se encontraba en Cancún, “en gira de trabajo”.
Otro hecho que evidenció desconocimiento de la realidad que enfrenta el municipio, es la declaración del alcalde, emitida en conferencia de prensa al día siguiente; afirmando que Zitácuaro “tenía tiempo que no vivía acontecimientos de esta naturaleza…”
Sin embargo, el día 27 de enero, del año en curso, sucedió algo similar. Aunque en esa ocasión las víctimas mortales fueron tres personas. En aquella ocasión, el mensaje fue también en contra del Comisario Regional Conrado Corral Leyva, quién previamente había sido señalado de recibir dinero de un grupo delictivo y “traicionarlo”.
Cómo en esta ocasión, se difundió video del interrogatorio al que fueron sometidas las víctimas, que antes de ser asesinadas informaron dedicarse al robo y venta de droga, bajo la protección del mando policiaco señalado.
Para refrescar la memoria de nuestros gobernantes, que aseguran que “tenía tiempo que en Zitácuaro no se vivían este tipo de acontecimientos”, se les aclara que, la noche del 27 de enero las autoridades localizaron un vehículo abandonado, en la gasolinera ubicada cerca de la entrada a la colonia Emiliano Zapata. En la cajuela de la unidad yacían los cuerpos de tres hombres y una cartulina con el mensaje: “Estos muertos son por ti Conrado, el día que ya no estés en este municipio tendremos paz”.
También se colocaron mantas, en las que se leía: “Esto que está pasando en Zitácuaro es culpa de Conrado de la Guardia Civil por recibirme dinero y traicionarme”, haciendo referencia a un audio que se había filtrado en marzo del 2023, en el que se exhibía la cercanía del mando policiaco en mención con un cabecilla del grupo armado.
A las pocas semanas, Conrado Corral Leyva fue ascendido a Coordinador de Comisarías de la Guardia Civil en el estado, por el entonces Secretario de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, de donde fue relevado el reciente mes de julio y se presume nombrado nuevamente Comisario Regional en Zitácuaro.
Respecto a la masacre de la madrugada del pasado lunes, con un saldo de seis ejecutados y mutilados, el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela convocó a conferencia de prensa para fijar su postura en torno a los hechos y solicitar a las autoridades competentes que trabajen, que realicen sus actuaciones, pues el gobierno municipal estará en la mejor disposición de colaborar. Aclarando el munícipe que la facultad del gobierno que encabeza es la prevención y que los temas de alto impacto de la seguridad pertenecen a otros niveles de gobierno.
O sea, que sí es obligación del municipio prevenir (lo cual no se hace), pero no investigar los hechos; que efectivamente corresponden al Ministerio Público, en este caso de la federación, donde tampoco les interesa resolver nada y más bien se les persigue con abrazo a los infractores de “alto impacto”. Así que los ciudadanos estamos jodidos, en estado de indefensión, por lo que, o nos adaptamos o nos adaptamos. Mientras las autoridades hacen lo de siempre: aventarse el “balón” unas a otras, con el asunto de las competencias jurídicas.
Toño Ixtláhuac agregó que no se vaya a pensar que la autoridad municipal se deslinda de sus tareas y funciones… no, para nada… primordialmente porque, lo que sucede en la ciudad afecta al desarrollo del municipio (que conjetura tan brillante… sí, es un genio). Por eso, todo lo que esté en el campo de la competencia de la autoridad municipal se va hacer, que las cámaras estén funcionando, que la policía esté trabajando y que se intensificarán los trabajos de “inteligencia” municipal. Asunto resuelto, se acabó la zozobra para los zitacuarenses, por decisión de Toño y por decreto municipal.
Ahora sí, a vivir felices también en Zitácuaro. No nada más en la cabecita de algodón de López Obrador.
DESCOMPOSICIÓN E IMPUNIDAD
Enmedio de la vorágine de la inseguridad y violencia hay algunas verdades irrefutables: una, que por conveniencia personal y electoral las autoridades intentan empequeñecer los asesinatos colectivos (que cada vez son más frecuentes), hacer creer a la población que no pasa nada, que ellos están realizando el mejor esfuerzo y aplicando los recursos públicos suficientes para el bienestar colectivo y que ese progreso social es una realidad que sólo los perversos enemigos políticos se niegan a aceptar.
Otra verdad, es que la sociedad se ha acostumbrado al nuevo estilo de vida, se ha vuelto normal en el imaginario colectivo la cruel realidad de la violencia y las masacres masivas de personas. Los asesinatos y mutilación de seres humanos han dejado de sorprender. Las mismas autoridades, por conveniencia, olvidan acontecimientos cruentos suscitados a principio de año, y los ciudadanos con mayor razón, algunos ni se enteraron, pues incluso ah dejado de ser noticia, por lo común que resultan; lo que podría ser sumamente grave, por representar un síntoma de pudrimiento moral y jurídico, en el que no existe interés por reconocer, mucho menos corregir.
En el transcurso de la semana alguien me preguntó cómo podría rectificarse el rumbo del municipio, el estado y el país ¿Cómo recuperar la gobernabilidad institucional?
Contesté que eso no tenía ninguna ciencia, que es algo sencillo: resultaría suficiente con aplicar la ley. Tener voluntad para hacerlo, sin lucrar con ella. Le expliqué que el objetivo de las leyes es precisamente regular las conductas humanas, para lograr una convivencia armónica de los individuos en sociedad. En tanto, el Derecho Penal tiene como finalidad evitar que se produzcan actos dolosos contra los bienes jurídicos de las personas, siendo la vida y la libertad de los bienes más preciados y tutelados por la legislación.
Pero sí las leyes no se aplican, se genera impunidad y esta fomenta que las conductas antisociales se multipliquen, se genere anarquía, desorden, terror e ingobernabilidad. Y la culpa no es del poder judicial, como se ha pretendido hacer creer. Son los ejecutivos, federal, estatal y municipal los que no realizan las tareas de prevención con sus múltiples corporaciones policiacas y fuerzas armadas. En ciertos casos también incumplen los órganos investigadores y persecutores de los delitos y delincuentes, cuando no aportan los elementos probatorios suficientes.
No obstante, el problema más grave, es la corrupción. Que se traduce en complicidad, omisión, negligencia y concluye con impunidad para los criminales y gobernantes complacientes.
Estos últimos, los gobernantes y funcionarios, suelen ser peores, más perversos y sanguinarios que los delincuentes comunes, además de insaciables. Ellos son el mal que se debe erradicar antes, aplicándoles la ley de manera implacable. Pues, los delincuentes “civiles”, llegan hasta donde la autoridad se los permite, y esta es demasiado “permisiva”, cuando puede adueñarse de cantidades igual o superiores a las recaudadas por el Sistema de Administración Tributaria, pero libre de impuestos y declaraciones fiscales. Nadie matará al avestruz de los huevos de oro, ni se dará balazos en los pies. Creerlo, es de ilusos.
