“No soy la única que ha quedado desprotegida, parece un patrón a seguir por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que está en la tarea de ahorrar recursos, sin importarles que con ello pongan en riesgo a muchos luchadores sociales, inclusive periodistas, que están quedando a merced de los agresores. Ya no logro encontrar la diferencia. No sé quién es más criminal, si los que nos quieren asesinar, o quienes nos dejan a su merced”, afirmó la diputada local y buscadora de personas desaparecidas Margarita López.
Mediante un comunicado, la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México señaló: “Mi actividad como buscadora de cuerpos en diferentes partes del país, me permitió acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que reconoce la labor de defensa de derechos humanos de las personas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del país, ya que su trabajo es fundamental para la obtención de justicia, verdad y reparación en un contexto complejo de violencia y altos niveles de impunidad”.
Agregó que desde el mes de junio, por acuerdo del Mecanismo, le fue retirado el servicio de escoltas federales por el solo hecho de ser diputada y sin tomar en cuenta el riesgo que representa su actividad de búsqueda, ante lo cual interpuso un recurso de amparo que se encuentra en proceso de resolución y que, extrañamente, también ha tardado mucho en resolverse.
“Aun cuando –sostuvo- no he abandonado en momento alguno mis actividades dentro del Colectivo Buscando Cuerpos, el 3 de noviembre pasado, la Unidad de Evaluación de Riesgos, realizó una visita en el municipio de Tacámbaro, cuando nos encontrábamos en búsqueda, con lo que el analista se percató del riesgo que se vive en un operativo de búsqueda”.
Puntualizó que el 24 de noviembre se notificó a sus hijos una invitación a la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se desarrolló el día 30 del mismo mes en la ciudad de México, en la cual el mecanismo propone la conclusión del servicio de escoltas a cargo del servicio de protección federal, entre otras cosas, manifestando como justificación para esta decisión, “que se identificó que esta medida del servicio de escoltas, se puede ver rebasada al desplazarse a los lugares de búsqueda en los municipios que se encuentran en conflicto y con una mayor presencia del crimen organizado.
Advirtieron que la medida no es funcional y, ante ese tipo de situaciones de riesgo, se puede ver limitada en estos lugares demasiado hostiles, por lo que dejarían de cumplir uno de los objetivos de esta medida, que consiste en la prevención de la materialización de cualquier tipo de daño en contra de las personas beneficiarias.
Margarita López aseguró que bajo el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en coadyuvancia con otras dependencias de seguridad, se puede reforzar la seguridad de las personas beneficiarias, ya que los protocolos de seguridad y el número de elementos podrían repeler un ataque por parte de algún grupo criminal y así poder realizar sus labores como personas defensoras de derechos humanos.
“Previo a la realización de la reunión con la Junta de Gobierno, -dijo- ese mismo día 30 de noviembre, más temprano, mis hijos presentaron formalmente una denuncia por amenazas telefónicas, así como intimidación por presencia de personas armadas en el municipio de Tacámbaro, lo cual se informó de inmediato, sin encontrar respuesta alguna al respecto. Una vez formalizada la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se integró a otra indagatoria que ya se tiene ahí, informamos a los integrantes de la mesa de trabajo de la Junta acerca de lo acontecido y de la denuncia respectiva. Ellos adujeron que no tenían conocimiento de los hechos, toda vez que el analista, ni el coordinador ejecutivo del mecanismo les informaron, por lo que en votación dividida, acordaron retirar el servicio de escoltas”.
El 8 de diciembre, a las once horas con ocho minutos, día que ocurrieron los hechos en los que privaron de la libertad a su hijo, el Mecanismo notificó mediante correo electrónico la conclusión del servicio de escoltas para sus hijos y aun cuando se les informó de lo ocurrido, no existió ningún tipo de ayuda o reacción de parte de ellos, ya que ese día, coincidentemente, los escoltas no se presentaron a su servicio, argumentando que el vehículo que usan para esta actividad se ingresaría a reparaciones mecánicas.
El día 11 de diciembre, a pesar de que ya tenían conocimiento de los hechos y del estado de vulnerabilidad, en lugar de reforzar las medidas de prevención, el mecanismo decide hacer efectiva la conclusión del servicio de escoltas.
Añadió que tomaron esa decisión a pesar de que la FGR, mediante oficio, les solicitó que “con la finalidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de mis hijos, que atendiendo a la obligación del Estado Mexicano y con la finalidad de que no exista daño a la integridad física, psicológica o amenaza, hostigamiento, intimidación alguna en su ejercicio como personas defensoras de derechos humanos, le solicitan al mecanismo que implemente las medidas oportunas a fin de evitar, alguna agresión por acción u omisión”.
La también líder del colectivo “Buscando Cuerpos” concluyó diciendo que “a pesar de estas circunstancias, no dejaré de trabajar en favor de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos, víctimas de la violencia atroz y víctimas también de la indiferencia del gobierno”.
