Con el propósito de dar solución a los conflictos cotidianos que surgen de la convivencia de las personas en su comunidad, escuela, centros de trabajo, en la calle o en el transporte, la Diputada Local del PT, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó la iniciativa para la implementación de la Ley de Justicia Cívica Municipal, la cual pretende ser la base normativa en los municipios para que éstos, a su vez, tengan un marco legal para la elaboración de reglamentos y los protocolos de actuación a que haya lugar, además de disminuir prácticas de corrupción.
Este impulso contempla la actuación de la policía municipal, para que su intervención en este tipo de casos, sea bajo protocolos de actuación bien definidos, con enfoque de proximidad social y brindando atención temprana a los conflictos cuando no se trate de la comisión de delitos, de tal forma que pueda brindar mecanismos alternativos de solución a las faltas administrativas, controversias o problemáticas.
“La justicia cívica busca incidir en un espacio de alta conflictividad que las personas experimentan prácticamente en su día a día, debe entenderse que alrededor de esta se articularán un conjunto de actores con diferentes funciones y atribuciones, entre las que podemos destacar no únicamente el de la policía, también al juzgado cívico, cuya función es esencial al determinar las faltas administrativas, imponer las sanciones correspondientes en función de criterios como el tipo de falta y el perfil del infractor, igualmente debe realizar las evaluaciones médicas y psicosociales a los probables infractores para así proponer y canalizar a instancias competentes en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias y, en su caso también, canalizar a los infractores para la ejecución de las medidas respectivas”.
Este proyecto contempla la creación de los centros de detención municipales, encargados tanto de la ejecución de la sanción de arresto como del resguardo de los probables infractores antes de su presentación ante el juez cívico, de igual forma contempla presencia de instituciones públicas que darán seguimiento a las sanciones y coadyuvarán con la ejecución y seguimiento de las medidas de las que se trate; los mediadores que prestarán servicios de conciliación y las organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada para apoyar desde sus áreas de conocimiento y acción.
Fraga Gutiérrez destacó que lo que realmente sostendrá a largo plazo la Justicia Cívica, su eficacia y resultados positivos, será fundamentalmente la voluntad política de comenzar a trazar e implementar lo aquí propuesto, así como el proceso continuo de mejora del que pueda ser sujeto, así como la retroalimentación derivada de las experiencias de la práctica y el estudio que se continúe haciendo al respecto.
“Es deber de esta legislatura, los representantes y gobernadores en general, trascender el espectro del penalísmo: está claro que las medidas punitivas son insuficientes, y peor aún, son ineficaces ante la crisis social e institucional que como nación y estado atravesamos. Demos la oportunidad, con responsabilidad, de proporcionar bases para que las y los michoacanos conozcan y gocen de una justicia oportuna, efectiva y con estricto apego a los derechos fundamentales de todas y todos”.
Por último, la Congresista petista señaló que es tiempo de sumar legislativamente para cumplir con la función social de la prevención que derive en la tranquilidad de las personas, el orden y la paz pública de la sociedad.
