Dan 36 años de prisión y una multa de más de 1 millón 700 mil pesos a Rogelio A. y Ana E. por el delito de trata de personas en agravio tres adolescentes del género femenino de identidad resguardada. Asimismo, se sentenció a Roberto J. a 23 años de prisión por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en agravio de personas menores de edad. Las tres personas sentenciadas deberán pagar la reparación del daño a las víctimas y se les suspenden sus derechos políticos por el mismo lapso de prisión impuesta.
En Uruapan, se dictó sentencia condenatoria, a través de un procedimiento abreviado, de 15 años de prisión y la suspensión de derechos políticos en contra de Alejandro C. por el homicidio calificado de José H. Los hechos forman parte de la causa 16/2023 y ocurrieron el 1 de febrero de 2023 en la mencionada ciudad.
En la misma región, dentro de la causa 8/2025, se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Ignacio C., por el delito de robo calificado grave en agravio de Eduardo R. y Roberto A. ocurrido el 5 de enero de 2025.
La pena incluye 2 años de prisión, el pago de una multa de 50 UMAS a razón de 108.57 pesos por la cantidad total de 5 mil 428.50 pesos, el pago de la reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión.
Asimismo, por el delito de desaparición cometida por particulares con la agravante de haberle causado la muerte a la víctima de identidad reservada, en la región de La Piedad se vinculó a proceso a Froylan P. Se decretó cierre de investigación de 2 meses y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso penal. Por hechos ocurridos el 10 de agosto del 2024, en Penjamillo, Michoacán.
Finalmente, por incumplimiento de la obligación alimentaria, en Uruapan se dictó sentencia condenatoria en juicio oral de 1 año, 1 mes y 15 días de prisión contra Abraham G., hecho cometido en agravio de un adolescente de identidad reservada.
Se condenó al sentenciado a la reparación del daño a favor de la víctima, que será cuantificable en etapa de ejecución de sentencia y que no podrá ser inferior a 621 mil 635.00 pesos. Asimismo, se le suspenden los derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión.
