El calvario de las madres buscadoras. II/IV
José Cruz Delgado
La diputada Margarita López relató durante la Presentación del Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la cruda realidad que vive Michoacán como un estado rezagado a nivel nacional en materia jurídica, junto con una crisis forense, carencia de recursos para la identificación de restos humanos, falta de sensibilidad en muchas de autoridades judiciales e incertidumbre en las competencias de cada instancia.
“La lucha que han realizado las madres buscadoras, la cual no ha sido nada fácil, por el dolor que causa la desaparición de una familiar, además de enfrentar o encontrar en nuestro camino servidores públicos sin empatía que nos revictimizan y socavan nuestra dignidad”, es muy difícil.
En Michoacán sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas han sido judicializados y pasa lo mismo en el país, ya que sólo se han emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
La diputada hizo un enérgico llamado para que se dictaminen las cuatro leyes pendientes en comités que están desde el 2021, lo cual impide dar justicia a los familiares de las víctimas de desaparecidos.
LEYES PENDIENTES
Estas son la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, Ley del Banco de Datos Genéticos y una nueva Ley de Víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo, sin embargo “lastimosa e inexplicablemente ninguna iniciativa de ley se ha dictaminado por las comisiones a las que fueron turnadas”, de forma respetuosa solicitó a quienes tienen la alta responsabilidad de atender el tema, que “por favor contribuyan para que en Michoacán tengamos un marco legal”.
Resaltó que en Michoacán sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas han sido judicializados y pasa lo mismo en el país, ya que sólo se han emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
Dejó en claro que el comité reconoce los avances para cambiar poco a poco esta realidad a nivel nacional y al día de hoy se cuente con un marco legal nacional acorde a las recomendaciones internacionales en la materia, sin embargo hizo un llamado firme a sus compañeros legisladores, para que entiendan la relevancia e importancia que se puede lograr al tener un marco legal a favor de las víctimas y de los familiares de las víctimas, quienes no sólo salen al campo a buscarlos, sino que también participaron, junto con organizaciones para establecer iniciativas de ley que a la fecha se han sido ignorado.
Asimismo, denunció que a nivel nacional el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de defensores de derechos humanos y periodistas está secuestrado a través de la comparsa y compadrazgo y que se debe regular y democratizar.
“El temor a denunciar va de la mano con la impunidad, lo cual es en México un rasgo estructural que lamentablemente favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, lo que pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, así como a defensores de derechos humanos y periodistas.
