*También son presuntos terroristas quienes no los combaten
*Fanny Arreola, producto del privilegio y pésima para gobernar
*Grave el desplazamiento forzado en Apatzingán y las autoridades lo minimizan
José Cruz Delgado
El presidente Trump calificó a los grupos criminales de México como terroristas, calificativo que no fue aceptado por la presidenta con (a) seguramente porque eran o son cuates de su antecesor y quien sabe si hasta de ella, no me consta.
Pero bueno, en la tierra caliente de Michoacán, concretamente en el municipio de Apatzingán existen terroristas entrenados por ex militares especialistas en guerra de guerrillas y expertos de las fuerzas especiales que siembra terror entre la población.
Pero en lo personal, creo que también se les debe llamar terroristas a quien no los combate y presuntamente se convierte en cómplices. Claro que no es fácil pero tampoco hacen nada las autoridades locales para combatirlos, sería un suicidio y mejor prefieren hacerse los omisos, de la vista gorda, para que mejor me entienda.
Sin duda, Apatzingán es un municipio donde reina el terror y acecha la muerte a sus habitantes mientras, como le digo, la presidenta municipal solo ve y calla. Ha convertido al municipio en un campo de exterminio donde a diario le dejan muertos por doquier, pero se sabe que el campo es un panteón que si se ponen a escarbar descubrirán muchas fosas clandestinas a dónde van a parar los desaparecidos, pero eso a la alcaldesa le vale madre, quedando bien con Morena, su partido, pues que Apatzingán desaparezca.
No hay inversión ni mucho menos turismo, es una ciudad mágica porque va y desaparece. Es el municipio de la muerte, buenos, hasta los nativos de ahí temen por sus vidas.
De acuerdo con una publicación de 90grados, la ONU dice que hay una crisis humanitaria en Michoacán
El desplazamiento forzado sigue golpeando a Michoacán debido a la creciente violencia entre grupos del crimen organizado. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aproximadamente 500 personas fueron desplazadas el 15 de marzo en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán. Además, alrededor de 1,000 personas quedaron atrapadas en localidades cercanas, como El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles, sin acceso a ayuda humanitaria debido a los bloqueos impuestos por grupos criminales.
Ante la gravedad de la situación, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán notificó a las autoridades sobre el desplazamiento el 16 de marzo. En respuesta, la Secretaría del Migrante de Michoacán instruyó al DIF estatal a proporcionar ayuda de emergencia a 150 personas albergadas en Apatzingán, entregando colchonetas y kits de higiene donados por ACNUR en 2023.
El 18 de marzo, la Secretaría de la Defensa lanzó una operación para proteger tanto a las familias desplazadas como a aquellas que intentaban regresar a sus hogares.
El Comité Interinstitucional, creado con apoyo de ACNUR para coordinar la respuesta ante el desplazamiento interno, emitirá próximamente un plan de emergencia. Entre las medidas clave, las autoridades locales aplicarán una herramienta de evaluación rápida de necesidades y riesgos desarrollada con ACNUR en 2023, la cual permitirá activar vías de referencia para atender a los afectados.
ACNUR sigue colaborando estrechamente con las autoridades locales, compartiendo información sobre los riesgos de protección y estrategias humanitarias de emergencia.
La crisis de seguridad también ha impactado la educación, con el cierre de 30 escuelas en enero de 2025. Aunque en febrero unas 30 familias retornaron a sus hogares tras el despliegue de fuerzas de seguridad, el acceso a servicios esenciales sigue siendo precario, lo que ha impulsado a más personas a desplazarse. En este contexto, al menos 700 personas han emigrado hacia la frontera norte de México con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, muchas de ellas permaneciendo en albergues en Tijuana. Morelia también ha recibido a cientos de desplazados, documentó la agencia.
Pero lo más grave es que la presidenta municipal Fanny Arreola se niega a reconocer el desplazamiento forzado de personas en su municipio, minimiza el problema pues.
La comunidad de El Alcalde, en el municipio de Apatzingán, se ha convertido en un pueblo fantasma. La violencia desatada por los enfrentamientos entre grupos criminales ha vaciado sus calles, cerrado sus comercios y convertido las escuelas en campamentos militares.
De acuerdo con los últimos registros, de los 340 habitantes que residían en la comunidad, hoy solo quedan unas 20 personas en cinco viviendas. La mayoría de las familias han huido tras los constantes enfrentamientos, donde balaceras y explosivos lanzados desde drones han destruido hogares, iglesias y escuelas. El éxodo ha sido paulatino, pero imparable. Algunos regresan solo para revisar lo que dejaron atrás, pero la incertidumbre los obliga a marcharse nuevamente.
La educación en El Alcalde es prácticamente inexistente. La escuela de la comunidad, que solía albergar a decenas de niños, ahora es utilizada por elementos del Ejército Mexicano para sus operativos. Hace meses que los maestros dejaron de acudir regularmente, y los pocos estudiantes que aún resisten reciben instrucción en sus casas, con la ayuda de sus madres. Sin embargo, el sonido de las detonaciones impide cualquier sensación de normalidad.
90grados señala que las imágenes en la comunidad reflejan el abandono: casas con techos perforados por impactos de bala y explosivos, puertas y ventanas arrancadas, muebles cubiertos de polvo y calles vacías. La iglesia, que antes era un refugio espiritual, muestra rastros de los ataques recientes, con imágenes religiosas tiradas en el suelo y bancos destrozados.
Los habitantes que aún permanecen en El Alcalde viven en constante temor.
Las fuerzas de seguridad llegan por periodos cortos, pero su presencia no es permanente, lo que deja a la comunidad nuevamente expuesta a la violencia.
Pese a la crisis humanitaria que se vive en la región, las autoridades estatales han minimizado el problema, asegurando que solo 15 familias abandonaron la comunidad en el último desplazamiento. Sin embargo, los testimonios de quienes han huido y de los pocos que aún resisten cuentan una historia diferente: El Alcalde se ha convertido en una tierra olvidada, atrapada en la lucha de poderes del crimen organizado.
El fenómeno del desplazamiento forzado en Michoacán, es alarmante, sobre todo en regiones de Tierra Caliente como en el municipio de Apatzingán, en donde tan solo el año pasado se registraron más de mil personas que salieron de sus lugares de origen por la presencia de grupos del crimen organizado, pero la cifra ya supera en esta región hasta cinco mil pobladores que han dejado sus comunidades en los últimos tres años, de acuerdo con información de la actual alcaldesa, Fanny Arreola Pichardo.
A pesar de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la zona, los habitantes continúan desprotegidos.
El CJNG ha implementado una estrategia de ataque con drones que lanzan explosivos sobre comunidades indefensas. Esto provoca el desplazamiento masivo de los habitantes, facilitando la incursión del cártel en las comunidades vacías y consolidando su control sobre las rutas del narcotráfico en la región.
El padre “Goyo” ha denunciado que los “jefes de plaza” del crimen organizado determinan quién se queda o se va, y que en Apatzingán se han adjudicado 300 propiedades de familias desplazadas, legitimadas por instituciones públicas.
Actualmente, existen 39 casas de seguridad y resguardo para los desplazados, donde se les brinda hospedaje, alimentación y atención médica, psicológica y jurídica. Además, hay 14 albergues en la frontera con EE.UU. para quienes buscan asilo.
La crisis humanitaria en Tierra Caliente sigue creciendo, y sin una intervención eficaz, el desplazamiento forzado continuará aumentando en Michoacán y otras regiones afectadas por la violencia del crimen organizado.
Comunidades como Los Arquitos, Puentecitos, Las Huertas, Las Bateas y Llano Grande enfrentan enfrentamientos recurrentes que han llevado a decenas de familias a abandonar sus hogares, aunque sea temporalmente.
Pero mire usted, en si no hay un diagnóstico real sobre el desplazamiento forzado de personas en Michoacán, mucho menos en Apatzingán, municipio gobernado por la morenista Fanny Arreola Pichardo, una mujer sin corazón que le vale madre el terrorismo en su municipio y la gente que vive ahí.
Pero eso sí, buenos para el embuste y dar cuentas alegres, pareciera que no viven en la realidad.
