Omisión de autoridades en casos de desapariciones IV/IV
José Cruz Delgado
El 98 por ciento de las desapariciones forzadas reportadas en el país, ocurrieron a partir del año 2006, fecha relacionada tras la salida del Ejército Mexicano a las calles.
De acuerdo con Alan García Campos, Coordinador de la Unidad Legal de Graves Violaciones de los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Estado Mexicano tomó la decisión de sacar al Ejército a las calles y asignarles una responsabilidad para la cual no estaban preparados y las consecuencias todavía hoy se ven reflejadas, pues el 98 por ciento de las desapariciones en este país se han perpetrado a partir de la adopción de un enfoque que no solamente no se ha disminuido, sino que se ha profundizado, comentó García Campos.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, apuntó que ante los casos de desapariciones existe una omisión de autoridades de diversos niveles de gobierno incluyendo las legislativas a quienes dijo no han adoptado en sus manos la responsabilidad de emitir los marcos regulatorios adecuados.
“Estamos frente a un problema permanente derivado de una acción criminal continua que no es verdad como a veces se sostiene que es una herencia del pasado, la desaparición y perpetración de nuevos casos sigue ocurriendo en el país, desde que se adoptó la ley general en materia de desaparición de personas y que entró en vigor el pasado 16 de enero se cumplieron 5 años, se registran prácticamente el mismo número de casos de personas desaparecidas previo a la existencia de la ley”, indicó Coordinador de la Unidad Legal de Graves Violaciones de los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
En México existen 52 mil cuerpos sin identificar, restos que se encuentran ubicados en instalaciones públicas como Servicios Médicos Forenses, fosas y universidades. Esta situación coloca al país en una alta crisis forense al carecer de los espacios dignos para mantener los restos humanos y los elementos para su posterior identidad.
“Lo que se traduce en mi perspectiva en una doble desaparición aquella en la que se le privó de la libertad, posteriormente se le privó de la vida y aquella segunda en la que en los espacios públicos no se les identifica y no se respetan sus restos y por consiguiente no se hace una restitución digna a sus familiares”, apuntó García Campos.
Según cifras oficiales existen 110 mil personas desaparecidas a nivel nacional, entre los factores a los cuales se le atribuyen sin casos relacionados con el crimen organizado.
Frente a los delitos de desaparición forzada, sólo existen 35 sentencias condenatorias lo que deja en la impunidad el delito.
El funcionario de la ONU convocó a los diputados locales del Congreso de Michoacán a no ser omisos ante dicho delito y desde sus atribuciones brindar elementos que ayuden a miles de familias una localizar a sus hijos, hijas, hermanos, padres y madres.
MICHOACÁN, ONCEAVO LUGAR EN DESAPARICIONES
Según los datos, existen 110 mil casos de personas desaparecidas a nivel nacional, de las cuales cerca de 5 mil reportes corresponden a Michoacán.
De esta manera, el estado ocupa el onceavo lugar a nivel nacional en cuanto al número de desaparecidos, señaló Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De los años 60s a la fecha, contabilizan alrededor de 4 mil 500 personas reportadas como desaparecidas en la entidad, siendo tres las zonas de Michoacán consideradas como focos rojos por alta incidencia de casos, una de ellas el área limítrofe con Jalisco.
Morelia con más de mil 500 desaparecidos y le sigue la zona llamada el triángulo de la muerte que son los municipios Zamora, Jiquilpan y Sahuayo, y la región pegada a Jalisco y la zona Costa.
El 50 por ciento de los casos de desaparición no se reportan ante la Comisión, “las otras que se van a reportar un 10, 5 por ciento la gente recula ante el temor y la amenaza, es decir reciben amenazas, y es probable que la cifra negra no se conozca y no sepamos determinar cuanto sea, pero sí es un porcentaje importante”, dice.
Uno de los principales factores a los que le atribuyen las desapariciones forzadas, es a la pugna de territorio entre grupos criminales.
La búsqueda de personas desaparecidas se ha vuelto un trabajo no remunerado y emocionalmente motivado, muchas veces sustituyendo las responsabilidades del Estado. Está situación puede amplificar las desigualdades entre hombres y mujeres, además de convertirse en graves afectaciones a su salud, similares al síndrome de burn-out que padecen personas cuidadoras de adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad.
Algunas académicas y feministas invitan a cuestionar si la mayoría de las personas que buscan en México son mujeres debido a los roles y estereotipos de género que han sido reproducidos socialmente y que empujan a las madres, esposas y hermanas a dedicarse a la búsqueda de sus familiares, en muchos casos, en detrimento de su propia salud, como una forma de cumplir con la expectativa de abnegación, sacrificio y desprendimiento que se espera de ellas.
Además, este complejo fenómeno puede ser entendido mediante diversas perspectivas: una de las principales razones, tal vez la más obvia, por la que son principalmente mujeres las que buscan, es el dato presentado anteriormente, con el que se muestra que la mayoría de las víctimas de desaparición son hombres, principalmente jóvenes, en edad productiva, por lo que, a falta de hombres, son las mujeres quienes se vuelcan en su búsqueda”.
En la búsqueda, las mujeres corren sus propios riesgos y se enfrentan con mayor prevalencia a otros delitos como la trata de personas, la violencia sexual, el desprestigio mediático por razones de género, entre otras. Pero es verdad que las mujeres han utilizado a su favor la subestimación de la que suelen ser objeto por parte de los hombres en el poder, quienes, en un principio no las miraban como una amenaza, como ellas mismas refieren: “Somos las mujeres las que gritamos que nos hacen falta nuestros seres queridos y el gobierno no se lo esperaba”.
