“El Poder Judicial de Michoacán asume la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley conforme a los principios y garantías que para ello contemplan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones en que México es parte” refirió Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán durante el Foro sobre la iniciativa de Ley contra el Delito de Extorsión en Michoacán.
El magistrado mencionó que desde el año 2008 en que se reformaron y adicionaron diversos artículos a la referida Carta Magna, se implementó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo que generó la necesidad de que las entidades federativas adecuaran su Constitución, así como la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales; en el caso de Michoacán, el sistema inició vigencia de manera gradual, a partir del 7 de marzo de 2015 con las regiones de Morelia y Zitácuaro, lo que ha permitido a la sociedad el acceso a la administración de justicia respetando sus derechos humanos.
Ante la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal Julieta García Zepeda, el senador de la República Ricardo Monreal Ávila, entre otras personalidades, Reséndiz García refirió que “Esta dinámica de cambio no se centra exclusivamente en el ámbito procesal, ya que atendiendo a la evolución social, también ha quedado de manifiesto la necesidad de adicionar, reformar o derogar diversos preceptos del Código penal local para incrementar sanciones, actualizar los elementos integrantes de algunos delitos y crear agravantes con la finalidad de persuadir a su no comisión, la tipificación de nuevas conductas y la imposición de sanciones congruentes con el tipo de delito, bien protegido y daño causado”.
“Como sucedió recientemente respecto al delito de extorsión, pues ante la creatividad de la delincuencia se han venido ejerciendo diversas conductas que afectan a la ciudadanía en su persona, bienes y derechos, y que requieren ser previstas y sancionadas por la ley; la adición de artículos al Código Penal es fruto de la sensibilidad y preocupación del gobernador por combatir la delincuencia, a la cual se adhirieron diputadas y diputados, conscientes de que para conservar la paz social y el desarrollo económico estatal se debe ejercer una política criminal encaminada a la protección de las personas tanto físicas como morales, así como a su patrimonio; una vez presentada la iniciativa se avocaron a su análisis para en breve tiempo aprobarla.”
El magistrado presidente externó que la utilidad del texto muy pronto se podrá apreciar, ya que recoge las diversas modalidades de que se ha venido valiendo la delincuencia para obtener un beneficio, al ocuparse de la violencia física o psicológicas como medio para la comisión del delito, así como de la forma en que se pueda ejercer, bien sea de manera personal o a través de la tecnología, y proteger a las personas, familia, posesiones y actividades económicas o laborales, con independencia de que se logre o no el beneficio deseado. “Esto permitirá que Michoacán sea un modelo a seguir”, concluyó.
