Las escuelas de educación superior públicas y probadas deben instrumentar protocolos para la Atención a la Violencia de Género, y para verificar que lo hagan es necesario que lo informen al Poder Legislativo, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora perredista por el Distrito de Puruándiro subrayó que en las escuelas el acoso debe terminar, lo que calificó como una imperiosa necesidad de la sociedad, por lo que la actual Legislatura debe seguir demostrando su compromiso con las causas justas y los grupos vulnerables.
“Este Congreso del Estado aprobó el pasado tres de septiembre de 2021, uno de las propuestas de acuerdo más valientes que recuerde, al convocar a las Instituciones Educativas de Nivel Superior, a todas, a las públicas y privadas, a las que tienen instalaciones en el estado y las virtuales a que adoptaran como parte de su normativa interna un Protocolo para Atención de Violencia de Género”.
Julieta Gallardo recordó que al ser aprobado por el Congreso, el acuerdo tiene fuerza de ley, y daba como plazo un lapso de 180 para informar el estatus de los protocolos contra la violencia de género dentro de sus instituciones, es decir, el nivel de avance que ha tenido para su adopción.
“Han pasado más de quinientos días y no se ha informado al respecto; en contraste siguen ocurriendo hechos lamentables como el sucedido en contra de varias alumnas del plantel Zamora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)”.
Apuntó que en dicha escuela, un profesor ha sido acusado de cometer actos deshonestos y no ha recibido el castigo correspondiente pese a que existen en su contra denuncias ante la Fiscalía General del Estado, sin que el presunto acosador haya sido separado de la institución, ante la molestia y temor de los estudiantes.
“De acuerdo con reportes de la prensa, hay tres demandas en contra del presunto acosador desde el año 2019, pero a pesar de todo, él continúa como maestro frente a grupo. Incluso, el maestro ha justificado sus acciones echándole la culpa a la primera alumna que lo denunció; anduvo divulgando que ella lo acosó y lo provocó”.
Es así como la legisladora refirió que se debe aspirar a lograr un escenario en que los derechos de las mujeres se puedan ejercer en plenitud, y en este caso, en las Instituciones Educativas de Nivel Superior, para que cuenten con una normativa que conlleve elementos resarcitorios, sancionadores y de corrección, en el que las Unidades de Atención sean verdaderas instancias de respuesta a la problemática.
