En seguimiento a la presentación de la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas” la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en una reunión de trabajo con autoridades del Gobierno del Estado, orientada a coordinar acciones para la salvaguarda y protección de los derechos de las personas víctimas de este delito.
Durante el encuentro se destacó la importancia de que cada instancia sea sensible ante la problemática que arroja el fenómeno de la trata de personas, por lo que se exhortó a tomar los trabajos de dicha estrategia, desde la perspectiva de compromiso constitucional y convencional.
En representación de la FGE, José Carmen García Mendiola, titular de Unidad de Investigación del Delito de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, reiteró el compromiso de la institución así como de su titular, Adrián López Solís, de ser coadyuvante en el desarrollo de las acciones estratégicas necesarias para la implementación de este proyecto.
Por lo anterior, puso a disposición los canales de comunicación que sean necesarios y los servicios especializados en la materia, con la finalidad de implementar acciones inmediatas que impacten en la prevención y detección de estos delitos, así como la detención de quienes lo lleven a cabo.
El encuentro estuvo encabezado por Elvia Higuera Pérez, Subsecretaria de Derechos Humanos y Población de la Secretaria de Gobierno, Araceli Nogueda Simón, titular de la Dirección General del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la senadora de la república, Blanca Estela Piña Gudiño.
Asimismo, participaron integrantes de CNDH; Secretaría de Gobierno; Instituto Nacional de Migración en Michoacán; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán; Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); y Ayuntamiento de Morelia.
De igual forma se abordaron temas como Protocolos de actuación; Vinculación; Prevención; Promoción, respeto, defensa y garantía de Derechos Humanos; Acciones inmediatas y coordinadas; e Implementación de políticas públicas que incidan en la prevención de este delito.
