Francisco Castellanos J.
Un estudio, elaborado por la empresa Statistical Research Corporation, coloca en los tres primeros lugares a los gobiernos de Uruapan, Zamora y Zacapu, con niveles de aprobación que oscilan entre el 60 y el 65 por ciento. Sin embargo, estos municipios comparten una característica que contrasta fuertemente con los resultados: altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado.
Los resultados más recientes de la encuesta de aprobación municipal han abierto un debate incómodo: ¿cómo es posible que los alcaldes mejor evaluados de Michoacán gobiernen algunos de los municipios más violentos del estado.
En el caso de Uruapan, la situación es especialmente sensible. El municipio ha sido escenario de hechos violentos de alto impacto en los últimos años, además de registrar el asesinato reciente de un alcalde independiente en funciones, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un hecho que evidenció la vulnerabilidad de las instituciones locales frente al crimen.
A pesar de ello, su gobierno, dirigido por la viuda de Manzo Grecia Quiroz, encabeza el ranking de aprobación, el miedo se sigue sintiendo en la ciudad, en las calles poca gente, muchos negocios cerrados, las ventas han caído drásticamente pues la gente por temor no sale de sus casas o se recoge temprano, según comerciantes.
A raíz del asesinato de Carlos Manzo el 1º de noviembre del 2025, en la plaza Morelos en El Festival de las Velas, y basado en los reportes de seguridad de los primeros meses de 2026, Uruapan ha registrado un alto nivel de violencia:
Primer bimestre (enero-febrero 2026): Se han registrado 45 homicidios dolosos en los primeros dos meses del año.
Febrero 2026: El mes de febrero cerró con un saldo de 25 homicidios.
Contexto: Uruapan ha sido señalado en este inicio de año como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en México y ocupó el primer lugar estatal en homicidios al cierre de enero.
Los asaltos a mano armada con víctimas, han aumentado, las extorsiones, los cobros de piso, secuestros y robos a vehículos y casas habitación.
En la región, operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Viagra, de los hermanos Sierra Santana, Los Blancos de Troya, La Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, entre otros.
En el caso del trato con los medios locales y estatales es nula, no existe información de sus actividades, ni de las obras que a realizado su directora de Comunicación Social Martha Ávila es una nulidad; el contacto es solo con algunos medios nacionales televisivos, pero no informa nadad de lo que ocurre en Uruapan.
Zamora, con el alcalde Carlos Alberto Soto, del Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, ha sido colocada de manera recurrente como una de las ciudades con mayores índices de homicidio en el país. La violencia en esta región no es episódica, sino constante, marcada por enfrentamientos, ataques armados y una disputa territorial sostenida entre grupos criminales.
Aun así, su administración municipal, encabezada por Carlos Soto, aparece entre las mejor evaluadas.
El 22 de febrero dejó a Zamora en pausa. Bloqueos regionales, suspensión de actividades y una ciudad que optó por replegarse ante la incertidumbre marcaron una jornada que volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta institucional.
Sin embargo, más allá de los hechos en sí, lo que terminó generando mayor inquietud fue la ausencia de liderazgo visible en el momento más delicado del día.
Mientras la tensión crecía y los ciudadanos buscaban certezas, el alcalde Carlos Soto no apareció públicamente para dirigir un mensaje a la población. No hubo posicionamiento en video, conferencia o mensaje directo que ofreciera tranquilidad, claridad o conducción política.
La comunicación oficial se limitó a dos comunicados institucionales: uno informando sobre la situación general y otro anunciando la suspensión de labores en áreas del gobierno municipal.
Zamora se ha mantenido en 2026 como una de las zonas con mayor incidencia de homicidios en Michoacán, a pesar de que a nivel estatal se ha reportado una reducción de casos en comparación con años anteriores.
En los primeros 8 días de febrero se reportaron 11 homicidios, incluyendo a 4 mujeres entre las víctimas. Estudios del Colegio de Michoacán, Colmich señalaron un repunte de homicidios en la región Zamora-Jacona durante este mes.
Solo en los primeros 5 días del año, se registraron 15 homicidios en el estado, con una fuerte concentración en Zamora.
Hechos Recientes (Marzo 2026): Se han seguido reportando actos violentos, incluyendo un ataque armado el 18 de marzo que dejó cuatro muertos y un doble homicidio el 28 de febrero en el que una vivienda fue incendiada.
Contexto de Seguridad: El alcalde ha reconocido un aumento de homicidios en la zona en marzo de 2026, tras la disputa de bandas delictivas.
Aunque Michoacán en su totalidad registró 154 homicidios dolosos en los primeros dos meses de 2026, el municipio de Zamora concentra una parte significativa de estos hechos violentos.
En escenarios de crisis, la forma importa tanto como el fondo. Un comunicado cumple una función informativa, pero no sustituye la presencia política. Las ciudades no solo requieren avisos administrativos; requieren liderazgo visible, capacidad de transmitir control y una narrativa clara sobre lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo para afrontarlo.
En el caso de Zacapu la alcaldesa Mónica Estela Valdez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque con menor exposición mediática, no es ajeno a esta dinámica. Ubicado en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico y hogar de un operador del CJNG, Jesús “Chuy El Gordo”, el municipio ha sido impactado por bloqueos, incendios de vehículos y operaciones delictivas coordinadas. Pese a este contexto, su gobierno, encabezado por “Moni” Valdez, como la conocen, figura también en la cima de la aprobación ciudadana.
En los primeros meses de 2026, Zacapu, Michoacán, ha registrado altos niveles de violencia e inseguridad, incluyendo enfrentamientos armados y hallazgos de personas sin vida. Destacan balaceras intensas en febrero cerca del Arco Bicentenario y el hospital del IMSS, además del descubrimiento de un hombre asesinado en el área de “La Zarcita” en marzo.
Puntos clave sobre la violencia en Zacapu 2026:
Enfrentamientos armados (Feb 2026): Se reportaron balaceras prolongadas y vehículos de delincuentes armados en la zona urbana de Zacapu y bloqueos carreteros hacia Zamora y Carápan.
Contexto de inseguridad: Se reportan constantes “levantones”, disparos y tensión en el municipio, además de señalamientos de colusión en la policía municipal.
A pesar de los informes de violencia, fuentes oficiales han mencionado que el estado en su conjunto presenta una tendencia a la baja, aunque la situación en zonas específicas como Zacapu sigue siendo crítica.
Esta aparente contradicción plantea una pregunta de fondo: ¿qué están midiendo realmente las encuestas de aprobación? Especialistas en opinión pública advierten que estos instrumentos capturan percepciones generales del desempeño gubernamental, que no necesariamente están ligadas de forma directa a indicadores de seguridad.
“Factores como la prestación de servicios, la cercanía del alcalde o la comunicación política pueden influir significativamente en la evaluación ciudadana”.
“No obstante, en contextos de alta violencia, también entran en juego otros elementos más delicados. El miedo a opinar, la falta de representatividad en zonas conflictivas o incluso la normalización de la violencia pueden distorsionar los resultados. En regiones donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos, la percepción pública no siempre se expresa con libertad plena”.
“A ello se suma el uso político de este tipo de mediciones. Los rankings de aprobación no solo informan, también construyen narrativa. Posicionar a ciertos actores como “los mejores evaluados” puede tener efectos directos en su proyección política, independientemente de las condiciones reales de sus municipios”.
La paradoja es clara: mientras los indicadores de violencia continúan reflejando escenarios críticos en Uruapan, Zamora y Zacapu, las encuestas dibujan un panorama de alta aprobación. Entre ambos extremos, se abre una brecha que invita a cuestionar no solo los resultados, sino también los métodos y los intereses detrás de su difusión, señala la empresa encuestadora.
“En un estado marcado por la complejidad de la seguridad pública, entender esta desconexión no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para interpretar con mayor precisión la realidad política y social de sus municipios”.
