No hay descubrimiento sin riesgo
y lo que no desafía no cambia
Thomas Stearns Eliot
Arturo Suárez Ramírez/@arturosuarez
Los gobiernos a menudo se presentan como guardianes de la verdad, garantes de la libertad, pero parece que llevan en el ADN el gen de la mentira o, al menos, el de una moral relajada. No es nuevo. Así vivimos por muchos años con los priistas, luego con los panistas y de regreso el PRI. En 2018 llegaron los morenos con un discurso de ser diferentes, todo encarnado en López Obrador, y finalmente los hechos y la historia los pusieron en su lugar: si no eran iguales, cómo se parecen.
Así los hemos escuchado en sus discursos públicos hablar de transparencia y luego ir en contra de los órganos autónomos que daban certidumbre a esa transparencia. Exaltan que están por la legalidad y mandaron al diablo a las instituciones; ahí está la sobrerrepresentación y el célebre “no me digan que la ley es la ley”. También hablaron de compromisos con la ciudadanía, pero ahí están de nuevo los ejemplos: falta de medicinas, ausencia de atención adecuada para las víctimas de la violencia y una larga lista más.
Esos y otros factores, que sí existían, como los lujos y privilegios, dieron lugar a una de las aberraciones electorales y constitucionales de los últimos tiempos: la elección de los representantes del Poder Judicial. No se trataba de otra cosa más que de abonar al gran poder que hoy tiene la presidenta, con una mayoría en el Poder Legislativo que le permite aprobar cualquier reforma y que han utilizado -y lo van a seguir haciendo- ahora con lo electoral. Pero ese fue otro de los mandatos del Pejelagarto: hacerse del Poder Judicial y colocar a sus incondicionales, que hoy ponen lo partidista por delante, todo “justificado” en una transformación sin pies ni cabeza.
Aquello que cimentaron en la supuesta alta moralidad del tabasqueño poco a poco se vino abajo, con los actos de corrupción y la incoherencia entre lo que pregonaba su líder -austeridad republicana y hasta pobreza franciscana- y la realidad. Nada más se fue el mesías y estos entraron en frenesí: se mostraron hipócritas y entendieron que ya les daba igual que los vieran en exclusivos restaurantes, viajes y camionetas “machuchonas”, como si siempre hubieran querido pertenecer a esa clase que, claro, se excedía y caía en la obscenidad, mientras el resto de la población estiraba su salario.
Cuando la ciudadanía percibe que las palabras del gobierno no coinciden con sus acciones, el mensaje implícito es claro: la confianza se erosiona, la verdad se vuelve flexible y la ley selectiva. Poco a poco se va mellando la credibilidad, se pierde legitimidad y, sin ella, cualquier política pública nace debilitada. Algo así les ha pasado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus camionetas blindadas. Ya se arrepintieron, pero el mensaje está mandado.
¿No fueron los excesos del pasado la palanca publicitaria de la campaña para impulsar los cambios en la SCJN? ¿No se dicen ellos mismos ministros del pueblo?
Dice Hugo Aguilar que la compra de camionetas blindadas no contradice la austeridad: “Nos comprometimos a actuar con austeridad (…), pero eso no significa que los ministros dejen de tener lo mínimo necesario para funcionar”.
El problema no son las camionetas. Ser ministro o juez implica riesgos reales y deben contar con protección. El asunto es lo que representan frente a un poder que habla de cambio, pero actúa como siempre. Mientras la narrativa siga yendo por un carril y los hechos por otro, la desconfianza en la “Corte del acordeón” seguirá avanzando. Ahí no habrá blindaje que los detenga… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
