El gasto en seguridad y la gobernanza criminal
Lorena Cortés
La economía de la seguridad y del crimen son dos caras de una misma moneda. Por un lado el impacto económico de la violencia en México que en 2021 se estimó en 4.9 billones de pesos, poco más de 243 mil millones. (índice de Paz en México, 2023).
Y por otro el gasto en materia de seguridad pública y justicia equivale al 0.59% del PIB 165 mil 982 MMDP para el 2022; https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-05-22.pdf lo que apenas alcanza el 4% en el gasto del gobierno federal, muy por debajo de lo que el gobierno de la república destina a los programas sociales, que a nombre de prevenir la violencia y la delincuencia no han dado tenido mayor impacto en la reducción de la criminalidad. (INEGI,2023).
El gasto público en el ejército, el sistema judicial y el orden y la seguridad ha aumentado en México un 78.5% desde el 2007. Siendo el ejército nacional en donde se ha ejercido mayor recurso en los últimos años.
¿Es suficiente el gasto en seguridad y justicia que hace el gobierno federal? la respuesta es no. México gasta menos en seguridad pública y justicia que los promedios regionales e internacionales.
En México hay un déficit de personal en todas las instituciones de seguridad y justicia, según el SESNP existe un déficit de aproximadamente 42% de policías estatales, lo mismo en las policías locales estando por debajo del estándar internacional mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes. (México tiene 1.02 policías por cada mil hab). De igual forma nuestro país tiene la mitad del promedio de jueces y fiscalías en comparación con el resto de Latinoamérica y cuatro veces manos que el promedio mundial. (índice de Paz en México, 2023).
En México como en Michoacán los criterios de distribución del gasto no se basan en un diagnóstico que justifique el gasto según la problemática que enfrentan los estados y municipios, no hay gasto público basado en medir el desempeño y los resultados. Con los “criterios” de asignación del gasto actuales simplemente no es posible saber si la reducción de la criminalidad se debe al aumento del gasto o viceversa.
Para el caso de Michoacán entre el 2011 y 2015 las dependencias de seguridad recibieron más recursos que en ningún otro rubro de gobierno. Entre el 2012 y 2025 creció el recurso en seguridad en un 35%. https://sesesp.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/EVALUACION-FASP-2015.pdf
El año que más recurso ha tenido Michoacán en los últimos 10 años del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) fue en el 2015 con 360,448,856.25, también fue el año con mayores irregularidades en la historia de este recurso en cuanto al gasto público, lo que generó que en 2016 Michoacán sufriera un decremento de un 65.9% (equivalente a 237,709,946.25 pesos) en relación con el monto ejercido correspondiente al 2015 (360,448,856.25).
En ese año el responsable directo del gasto público de ese recurso fue Bernardo Trelles Duarte, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la administración de Jara Guerrero (del equipo de Alfredo Castillo).
Fue hasta el 2019 que pasó de los poco más de lo 126 millones a poco más de 262 millones de pesos, actualmente el presupuesto FASP del 2023 asciende a los 320,407,072.50 millones de pesos uno de los años con mayor presupuesto en la administración de Ramírez Bedolla.
Por un lado, los insuficientes recursos asignados a la seguridad y justicia y por otro la discrecionalidad, la opacidad y la falta de indicadores de desempeño y de resultado con que se ejerce el gasto en seguridad en este país lo mismo para los estados de la república ha creado un sistema de gobernanza y complicidades que explica la violencia criminal en México como lo han señalado los expertos.
De este sistema de gobernanza criminal se benefician todos, la clase política que improvisa una narrativa frívola entorno a este problema social buscando siempre raja política que junto con la corrupción que atraviesa prácticamente a todas la instituciones, donde las víctimas de la delincuencia y la violencia son re victimizadas por toda clase de extorción para tener acceso a la justicia, un sistema en donde se benefician del presupuesto para la seguridad funcionarios públicos y proveedores que al final son el espejo de la actividad criminal.
