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ONG, víctimas y activistas contra Violencia Sexual infantil y mujeres, claros indicios de corrupción en el Poder Judicial de la CDMX

La violencia sexual en México es uno de los problemas más graves que enfrentamos. De acuerdo con la OCDE, ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil.

Además, el INEGI señala que en 2021 diariamente se cometieron 61 delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; lo que explica en parte que tan solo entre 2021 y 2022 los registros de lesiones por violencia sexual entre personas de entre uno y 17 años aumentó en 21.9% (Secretaría de Salud).

La Violencia de Género en México también presenta cifras alarmantes. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia (INEGI).

En tan solo un periodo de 10 días, los casos de Violencia Sexual de los activistas Maria Teresa Ealy Díaz y Salvador Cacho González, se sumaron a la estadística en la que las denuncias se convierten en una vía para liberar a los agresores de pagar por sus crímenes.

Estos dos casos tienen un factor en común: el juez de control Júpiter López Ruíz, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y docente en el Instituto de Estudios Judiciales de la misma Institución; quien determinó, a pesar de las pruebas presentadas, no vincular a proceso a dos presuntos agresores sexuales.

Entre las irregularidades cometidas por el Juez López Ruíz se encuentran:

● Privó a la abogada María Teresa Ealy Díaz de su derecho a estar presente en la audiencia por considerar “que no se encontraba en condiciones” para escuchar su historia una vez más, negando su acceso a la sala.

● A pesar de las múltiples pruebas periciales presentadas por la víctima, resolvió que la Fiscalía de la Ciudad de México no había acreditado la participación de Alejandro “N” en los hechos, refiriendo que en todo caso se volviera a solicitar una audiencia inicial, con todo y que en audiencia inicial resolvió “tener montañas de pruebas, y eso que en estos delitos de realización oculta es muy difícil que un Juez tenga tantas pruebas como en este caso”

● Ignoró por completo su obligación de juzgar con Perspectiva de Género.

● En el caso de Salvador Cacho y su agresor, Felipe “N”, argumentó prescripción a pesar de que se apeló al interés superior de los infantes -por ser la víctima menor de edad cuando sucedieron los múltiples hechos-.

● Ignoró la protección y derechos de la víctima directa menor de edad.

Ante esta situación, Salvador Cacho, víctima de violencia sexual infantil desde que tenía seis años y cuyo agresor es primo hermano de su mamá, señaló: “Los recientes fallos del juez Júpiter, incluido el manejo de nuestros casos y el de otros, revelan un patrón de negligencia y corrupción que no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que desacredita la integridad de nuestro sistema judicial.”

Por su parte, María Teresa Ealy Díaz, cuestionó “¿Quién está detrás del juez Júpiter López Ruíz? ¿A qué grupo pertenece? ¿Quién lo cuida?”. Y agregó, “el juez Júpiter López se convirtió en cómplice de mi agresor”.

Cacho González e Ealy Díaz hicieron un llamado al presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México (TPJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, a que actúe conforme a derecho y revise las acciones y determinaciones de sus jueces, sin que sean las primeras irregularidades cometidas por el juez Júpiter López, pues es del conocimiento del público que este también participó en casos como el de Javier Duarte, la Cooperativa Cruz Azul, asaltos en flagrancia y de otros activistas sociales; quien continúa no solo como supuesto impartidor de justicia sino como docente de futuro jueces.

Además, hicieron un llamado a las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez para que en sus proyectos de Gobierno presenten acciones claras y contundentes para erradicar la Violencia Sexual tanto en niños y niñas como en mujeres, “somos dos voces entre muchas que han preferido callar por miedo al estigma social, pero, sobre todo, porque saben que nada va a pasar como está sucediendo en nuestros casos”.

Ambas víctimas coinciden en la necesidad e importancia de que se atiendan este tipo de asunto con la delicadeza y protección que requieren, al contarse con miles de casos de esta naturaleza que quedan impunes.

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