Marco Aguilar
Desde niño he admirado la arquitectura tradicional de los pueblos de la ribera del Lago de Pátzcuaro. Sus trazas, sus fundaciones, sus templos, sus casas de adobe y teja fueron para mí una primera escuela silenciosa. Muy temprano entendí que ese patrimonio no era un adorno del pasado, sino una forma profunda de conocimiento: una manera de habitar el territorio, de relacionarse con el paisaje, de construir identidad.
Hoy, después de tantos años, he vuelto a recorrer algunos pueblos de nuestro municipio. La experiencia no ha sido gratificante. Por el contrario, ha sido dolorosa. Allí donde antes encontraba continuidad, escala, diálogo entre arquitectura y entorno, hoy encuentro ruptura, imposición y deterioro. Y lo más inquietante es que buena parte de esta transformación no proviene del abandono ni del azar, sino de intervenciones promovidas por el propio gobierno.
Cubiertas metálicas colocadas sobre atrios históricos. Edificaciones fuera de escala, sin relación alguna con la comunidad ni con su contexto. Fachadas de iglesias del siglo XVI recubiertas con morteros de cemento que anulan la materialidad original.
Programas oficiales que distribuyen toneladas de insumos industriales sin criterio patrimonial alguno. Y, paralelamente, la degradación del entorno natural: el lago, los manantiales, los equilibrios ecológicos que sostienen a estas poblaciones desde hace siglos.
Todo ello ocurre mientras, en foros y discursos públicos, las autoridades se presentan como defensores del patrimonio cultural y de las tradiciones.
Este doble discurso es quizá uno de los rasgos más perversos de nuestra política contemporánea. Se proclama amor por la identidad al mismo tiempo que se financia su destrucción. Se invoca la cultura mientras se borran las huellas materiales que la sostienen.
Pero el problema no es sólo técnico ni estético. Es, sobre todo, ético y político.
Casi nadie -o muy pocos- se ocupa hoy de formar conciencia en las comunidades sobre el valor de su propio patrimonio. No se explica que conservar no significa congelar, sino integrar con inteligencia. No se dialoga sobre cómo resolver necesidades reales sin destruir la memoria. No se presentan alternativas. No se construye una visión compartida de desarrollo.
La consulta ciudadana libre y consciente, que debería ser el fundamento de cualquier intervención en territorios históricos, ha sido sustituida por prácticas de corto plazo: visitas oficiales, discursos, fotografías, promesas, reparto de apoyos, cobro de favores. Más que gobernar, muchos funcionarios hacen trabajo político. Más que planear, buscan votos.
Así, bajo el lenguaje del progreso y la modernización, se va erosionando algo mucho más frágil que un muro antiguo: la continuidad cultural de comunidades enteras.
El patrimonio no se destruye de golpe. Se destruye lentamente, obra tras obra, programa tras programa, justificando cada intervención como una mejora, hasta que un día descubrimos que el paisaje que nos formó ya no existe.
No se trata de oponerse al desarrollo ni de idealizar el pasado. Se trata de entender que hay formas de crecer que integran y otras que arrasan. Que hay infraestructuras que dialogan y otras que imponen. Que hay gobiernos que protegen y otros que, aun sin declararlo, administran la ruina.
Lo que hoy ocurre en muchos pueblos de la ribera del Lago de Pátzcuaro no es un problema aislado. Es el síntoma de una relación enferma entre poder, territorio y memoria.
Y quizá la pregunta más grave no sea qué se está destruyendo, sino quién asumirá la responsabilidad de haberlo permitido.
