Mario Maldonado
Sólo unos ejemplos en el grupo gobernante de un líder que prometió no involucrar en el manejo del poder a sus familiares.
El movimiento de la 4T, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, prometió acabar con todos aquellos vicios que el sector gubernamental acumuló durante el llamado periodo neoliberal, empezando por la corrupción como concepto general y pasando por el amiguismo y el nepotismo. Los hechos confirman que, sobre todo en el caso del nepotismo, la administración de AMLO nunca cumplió y, según las definiciones que ya se han tomado en los cargos de los gabinetes morenistas, tampoco lo hará la primera presidenta de México.
Al igual que en el sexenio pasado, en la administración pública abundan familias de políticos ligados a Morena que se resisten a dejar de vivir del presupuesto. Un ejemplo es la familia de Ricardo Monreal, quien actualmente tiene colocados a seis familiares en posiciones políticas a nivel federal y estatal: su hermano David como gobernador de su entidad natal; Saúl en el Senado de la República; Rodolfo como Coordinador General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales en Sinaloa; Susana incrustada en el Consulado en San Antonio, Texas, y Ana María en la dirección de Salud Pública de la Secretaría del ramo en Zacatecas. No podemos olvidar a la hija Catalina Monreal, a quien recientemente le consiguieron trabajo en el INAES.
También resalta la familia Batres. El exjefe de Gobierno interino, Martí Batres, amarró cargo en el “segundo piso” de la 4T como director general del ISSSTE. Su hermana Lenia fue impuesta desde la administración pasada como ministra de la Suprema Corte, y una hermana más, Valentina Batres, recibió una diputación plurinominal por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. También está el caso de la familia Álvarez Icaza; el morenista Pedro Álvarez Icaza Longoria impulsó a su hija, Julia Álvarez Icaza Ramírez, como secretaria de Medio Ambiente en el gabinete capitalino de Clara Brugada, y después él mismo fue designado como titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también tiene su historia familiar. La sonorense encabeza un órgano autónomo, aunque su talante político, muy cercano al morenismo, se ha hecho patente. Además, sus consanguíneos ostentan muy interesantes cargos: su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario Auxiliar del Congreso de Sonora; su sobrina Ivana Celeste Taddei Arriola es diputada local por Morena, y la joya de la corona la tiene su sobrino Pablo Daniel Taddei Arriola, quien se desempeña como director de la estratégica empresa estatal Litio MX.
En esta lista también aparece la familia de la actual Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. Su hija, Claudia Cecilia Gómez Godoy, es la encargada federal del proyecto de la presa El Zapotillo, mientras que la hermana, Alma Guadalupe Godoy Ramos, sigue trabajando en la Comisión Nacional Forestal y su yerno, Guadalupe Espinoza, en el Tribunal Agrario. Y hacia esas redes familiares camina Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien tiene ya a su hijo, Augusto Andrés López Estrada, como asistente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Estos son sólo unos ejemplos que se observan en el grupo gobernante que forjó un líder que prometió no involucrar en el manejo del poder a sus familiares, pero que en los hechos permitió que sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, coordinaran y se beneficiaran de sus millonarias obras prioritarias. Y antes de concluir su mandato colocó a uno de ellos estratégicamente en Morena, esperando que en algunos años se materialice lo que él definió como una herencia política.
Posdata 1
Por cierto que en el Senado de la República, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, no solo le arrebató al presidente de ese órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, el control de los cerca de 5 mil millones de pesos de presupuesto que ejercerá cada año la Cámara Alta, como se reveló en este espacio el 23 de septiembre.
El tabasqueño también va a desaparecer los órganos administrativos de supervisión para el ejercicio de sus gastos mediante modificaciones al actual texto de la Ley Orgánica del Congreso General y así borrar a la denominada Comisión de Administración.
La novedad es que Adán Augusto López también ha movido sus influencias en el Senado para separar de sus cargos a por los menos una centena de trabajadores, muchos de ellos allegados al excoordinador de Morena y expresidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien ahora despacha en la Cámara de Diputados también como coordinador de Morena y presidente de la Jucopo.
Así que la pelea que protagonizaron estos dos morenistas durante el proceso interno del que salió triunfadora Claudia Sheinbaum parece extenderse ahora a la arena legislativa.
Posdata 2
Ahora que se aprobaron las leyes secundarias de la Reforma Judicial y la convocatoria para la elección popular de ministros, magistrados y jueces en 2025, los cuadros más cercanos a la 4T comienzan a moverse de cara al proceso del próximo año para asegurarse un cargo relevante.
Entres los perfiles están el del magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera; la actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya; la magistrada Paula María García Villegas Sanchez Cordero –hija de la ministra en retiro y actual diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero–, y los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna e Iván Aarón Zeferín Hernández.
Pero también los de las ministras allegadas a la 4T que apoyaron la reforma y ahora buscan que eso les sea retribuido. Por lo pronto, la principal pugna que se avecina es por la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación, que tras las modificaciones constitucionales se reducirá a nueve integrantes y un solo Pleno que definirá todos los asuntos. Esta batalla la librarán Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ambas buscan convertirse en la nueva presidenta de la Corte y están operando para conseguirlo.
Posdata 3
Edenred México, la valera consentida del gobierno de Enrique Peña Nieto y también del de Andrés Manuel López Obrador, acaba de hacerse de su primer contrato en la administración de Claudia Sheinbaum. Se trata de la licitación pública LA-40-100-040100992-N-25-2024 para dar el servicio de suministro de combustible a través de monedero electrónico para las unidades del INEGI en los ejercicios de 2025 y 2026.
De acuerdo con los datos de Compranet, el contrato CS/30/DGA/2024 es el número 269 de la empresa representada por Jesús Omar Flores Hernández con entidades públicas en lo que va de 2024. Lo anteceden otros con dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, el Tren Maya, la Casa de Moneda y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. El monto total suma más de 4 mil millones de pesos.
Solo en el contrato con el organismo autónomo encabezado por Graciela Márquez Colín, la cantidad contratada asciende a 220 millones de pesos. El negocio lo obtuvo el pasado 10 de octubre y tiene vigencia del 1 de enero del próximo año hasta 24 meses después, o hasta agotar el monto máximo establecido dentro del período señalado.
