Sergio Cortés Eslava
Un análisis de Integralia Consultores, cuyo director es el ex presidente del INE, Carlos Ugalde, reveló que “el crimen organizado manda” y “la violencia ha sometido a la democracia” en México y destaca a Michoacán como una entidad “con riesgo muy alto de violencia político electoral.
Otras entidades que analiza la empresa consultora, con “Muy alto riesgo”, son Guerrero, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.
Nueve estados se indican con un Riesgo Alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
En su análisis “Diez riesgos políticos para 2024”, reconoce que los grupos criminales “aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos”.
En su Resumen Ejecutivo, Integralia Consultores señala que “este reporte analiza los diez principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024.
“El análisis se basa en una metodología de Integralia Consultores que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta, que puede cambiar durante el año”.
“Puesto que en 2024 se celebran elecciones presidenciales, legislativas y locales en México, la mayoría de los riesgos que vislumbramos se relacionan, de algún modo u otro, con el procesoElectoral”.
También agrega que “el asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado hacen de 2024 un año de riesgo político alto.
Sigue el informe:
Las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, entre otros, para: I) operar con impunidad, II) consolidar o diversificar sus áreas de negocios, y III) neutralizar a organizaciones rivales.
Aunque dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales. En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
Dichas agresiones han incrementado considerablemente de 2021 a 2023 (197.2%) y se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a: i) el número de cargos en disputa a nivel local, ii) la proliferación de organizaciones criminales, y iii) la diversificación de los
mercados ilícitos.
En el mediano plazo, la incidencia de los grupos delictivos en las elecciones contribuirá a consolidar a los grupos criminales como la principal autoridad a nivel territorial en varias regiones del país, como ya ocurre en algunas entidades que celebrarán elecciones estatales en 2024.
La ampliación del dominio territorial del crimen organizado tiene las siguientes implicaciones para el entorno de negocios y la gobernabilidad en las regiones controladas por las organizaciones delictivas:
● La población se comporta conforme a las reglas de los grupos criminales. De este modo, cualquier ley o garantía individual queda neutralizada en la práctica y sólo sobrevive quien cumpla con las expectativas y las directrices criminales.
● Las comunidades y las organizaciones quedan completamente desprotegidas ante la comisión de cualquier clase de delitos, principalmente las extorsiones, el cobro de piso y los robos. Esto propicia la normalización de economías semi-criminales. Asimismo, este fenómeno inhibe el emprendimiento y el desarrollo de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, puesto que cuentan con menos recursos para resistir el asedio de los grupos criminales.
● Se agravan las afectaciones de por sí existentes para las empresas: inversiones adicionales en protección y seguridad; gastos en seguridad para el transporte e interrupciones logísticas; extorsiones constantes; y, en casos extremos, trato directo con grupos criminales que fungen como autoridades locales. Estas dificultades aumentan en el caso de las industrias extractivas, como la minería.
● Eventualmente, las comunidades podrían recurrir a la violencia extrema para liberarse del asedio de los grupos criminales, desatando agresiones constantes entre comunidades, organizaciones delictivas, fuerzas armadas y policías federales y estatales. Esto podría desalentar las inversiones y motivar el abandono de las comunidades, además de suscitar violaciones masivas a derechos humanos.
Con el avance territorial del crimen organizado, el país está transitando hacia una dualidad peligrosa: por un lado, en algunos territorios prevalece un Estado de derecho (deficiente en muchas ocasiones) en donde las actividades políticas, económicas y sociales operan conforme a la ley; por otro lado, existen territorios donde el crimen organizado funge como el principal regulador de la vida económica y social, por lo que impera la ilegalidad en todos los ámbitos.
Esta dualidad se está acentuando y existe una desconexión cada vez más grande entre las regiones dominadas por el (frágil) Estado de derecho y los territorios controlados por los grupos criminales. Si bien no es exclusivo de 2024, uno de los riesgos principales del país para
las próximas décadas es que esta dualidad no sólo se consolide, sino que incrementen las regiones dominadas por el crimen organizado y que el Estado carezca de capacidades para revertir esta situación.
Hasta aquí parte del análisis de Integralia Consultores, de Carlos Ugalde.
