Horacio Erik Avilés Martínez*
Hay una escena que se repite en miles de hogares: un niño de once años en la periferia, sentado en el piso de su casa, entretenido y engañando al hambre, porque ese mes el dinero alcanzó para comer, pero para nada más, sosteniendo el celular de su madre con la pantalla al máximo de brillo. Lleva tres horas en TikTok.
El algoritmo le ha ofertado, en ese tiempo, lo que ningún adulto en su sano juicio elegiría deliberadamente para un niño de su edad: violencia normalizada, cuerpos hipersexualizados, influencers que venden la certeza de que el esfuerzo es para tontos y la atención inmediata es la única moneda que vale.
La máquina aprendió lo que lo engancha y lo alimenta sin pausa, con la precisión clínica de un sistema diseñado para su dependencia y completamente ajeno a su desarrollo.
Mientras ese niño estaba en Uruapan frente a su pantalla, en la Ciudad de México el secretario de Educación Pública le explicaba a la agencia AFP que México está considerando limitar el acceso de menores a las redes sociales, que se han abierto consultas con distintos actores, y que las propuestas de regulación llegarán en junio.
También informó que se firmó un acuerdo con Meta y TikTok para combatir el ciberacoso. Y dijo, con una frase que suena democrática pero que en el fondo es una transferencia de responsabilidad, que quiere que los límites “vengan de abajo”.
Ese niño no puede esperar hasta junio.
México sabe desde hace años lo que el secretario Delgado reconoció esta semana ante la prensa internacional. Lo saben los maestros de las secundarias de Morelia que reciben alumnos somnolientos porque estuvieron hasta las dos de la mañana con el celular.
Lo saben los orientadores de las preparatorias de Zamora que atienden casos de ansiedad severa, baja autoestima crónica y ciberacoso que comienza en las pantallas y termina en el cuerpo.
Lo saben los pediatras del Hospital Infantil de Morelia que documentan incrementos sostenidos en trastornos del sueño, del ánimo y de la conducta alimentaria en adolescentes con uso intensivo de redes sociales.
Lo que cambia esta semana es que el Estado lo reconoce con suficiente volumen para que aparezca en una entrevista internacional. Ese reconocimiento importa. Pero un diagnóstico sin tratamiento urgente no salva a nadie.
Australia analizó la evidencia científica disponible, escuchó a pediatras, psicólogos y especialistas en desarrollo infantil, y legisló.
Desde diciembre de 2025, ningún menor de 16 años puede acceder legalmente a redes sociales en ese país. Francia avanza en la misma dirección para menores de 15. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones equivalentes. México, mientras tanto, abre un periodo de consultas.
La participación ciudadana es deseable en una sociedad democrática, pero, cuando se trata de proteger derechos fundamentales de la infancia, el Estado tiene la obligación de actuar con la urgencia que la evidencia exige y la Constitución manda.
Subordinar esa obligación a la velocidad del consenso social es transferir la responsabilidad institucional a actores que carecen de los recursos y el mandato para ejercerla. Eso tiene un nombre preciso en el lenguaje de los derechos humanos: omisión del Estado en su deber de garantía.
Para entender la gravedad de este momento en Michoacán, hay que entender primero el suelo sobre el que estamos parados. Y ese suelo está fracturado desde antes.
Llevamos años documentando desde Mexicanos Primero Michoacán acerca del rezago educativo, tanto en acceso a la escolaridad, como en el déficit acumulado de aprendizajes fundamentales que la pandemia del Covid-19 profundizó sobre una base de rezago que ya existía antes de que el mundo se encerrara en casa.
Los niños michoacanos de entre 6 y 14 años perdieron, en promedio, entre uno y dos años de aprendizaje efectivo durante el confinamiento. Esa pérdida no se recuperó con el regreso presencial automático.
Los maestros manifiestan que sus alumnos tienen comprensión lectora deteriorada, razonamiento matemático debilitado, capacidad de atención sostenida reducida y regulación emocional empobrecida.
Y por si fuera poco, ahora con las redes sociales vinculadas a IA, aparece la deuda cognitiva agravándolo todo, concepto ideado por el MIT consistente en la pérdida de desarrollo cognitivo cuando se usa la IA.
Esa es la condición de base sobre la cual estamos añadiendo, de manera sistemática y cotidiana, entre tres y cinco horas diarias de exposición a plataformas diseñadas por los ingenieros mejor pagados del mundo con un único objetivo: maximizar el tiempo de pantalla, interrumpir el pensamiento profundo y sustituir la concentración por el estímulo instantáneo.
Los estudios del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, del Instituto Max Planck, de la Universidad de California en San Francisco y de la Organización Mundial de la Salud son inequívocos: el uso intensivo de redes sociales en menores de 16 años está correlacionado con incrementos en ansiedad clínica, depresión, trastornos del sueño, ideación suicida en adolescentes mujeres y deterioro mensurable del rendimiento escolar.
Son señales de alarma documentadas durante casi una década de investigación en múltiples países y culturas. La evidencia existe. El Estado mexicano la conoce. Y, aun así, la respuesta es un periodo de consultas con fecha de cierre en junio.
En ese contexto, el algoritmo de TikTok opera con impunidad total. Nadie lo vigila ni lo regula. Y absolutamente nadie del aparato institucional está presente para mediar entre ese niño y la pantalla que lo forma.
Eso convierte esta situación en algo más que un problema de salud mental. En Michoacán, el acceso desregulado a redes sociales es también un vector de reclutamiento. Los grupos criminales utilizan TikTok, Instagram y WhatsApp para acercarse a jóvenes de entre 12 y 17 años en municipios con alta marginación y baja presencia del Estado. Lo documentan las propias autoridades de seguridad estatal.
Lo narran los maestros de las comunidades con miedo de decirlo en voz alta. Los algoritmos que sirven videos de narcocorridos, ostentación de armas y dinero fácil a niños de Apatzingán o de Lázaro Cárdenas trabajan en un ecosistema de vulnerabilidad donde el Estado se ausenta y TikTok llena el espacio con contenido que destruye proyectos de vida antes de que maduren.
Esta semana se firmó, con fotografía y comunicado oficial, un acuerdo entre la Presidencia de la República, la Secretaría de las Mujeres y las plataformas Meta y TikTok para combatir el ciberacoso y el doxing en entornos escolares. El acuerdo se aceleró por un caso de alto perfil en una preparatoria nacional, donde imágenes íntimas falsas generadas con inteligencia artificial de alumnas reales fueron difundidas entre compañeros.
La reacción fue rápida, visible y bien intencionada. Y, sin embargo, revela exactamente el tipo de política reactiva que una verdadera agenda de derechos de la infancia debe superar.
Ambas empresas tienen décadas de experiencia en la gestión de crisis regulatorias en todo el mundo. Saben perfectamente cómo firmar acuerdos de buena voluntad que mejoran su imagen ante los gobiernos sin modificar sustancialmente sus modelos de negocio. Lo hicieron en Europa. Lo hicieron en Estados Unidos. Lo hicieron en Brasil. Y en todos esos casos, los datos posteriores muestran cumplimiento parcial, inconsistente y frecuentemente cosmético.
Un acuerdo voluntario que carece de mecanismos de auditoría independiente, de cláusulas de sanción económica proporcional, de métricas públicas de seguimiento y de un órgano regulador con autoridad real para hacerlo cumplir, protege más la imagen de las plataformas que la integridad de los niños. Porque les permite decir que están comprometidas con la seguridad de los menores sin que nadie pueda obligarlas a demostrarlo de manera verificable.
La contradicción del secretario Delgado merece señalarse con precisión. En la misma semana, criticó públicamente a Meta y TikTok por carecer de filtros sobre contenidos que afectan la salud emocional de los niños, y firmó con ellas un acuerdo de colaboración. La pregunta es inevitable: ¿son parte del problema o son socias confiables en la solución? Sostener ambas posiciones erosiona la credibilidad de la política pública más rápido que cualquier crítica externa.
Aquí es necesario ser preciso, porque es en el terreno jurídico donde la omisión del Estado mexicano resulta más difícil de defender y más fácil de exigir.
México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990. Su artículo 3 establece que, en todas las medidas concernientes a los niños, la consideración primordial será el interés superior del menor.
El artículo 17 obliga al Estado a proteger activamente al niño contra el material perjudicial para su bienestar, y el artículo 19 exige protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. El artículo 34 lo obliga a resguardarlo contra todas las formas de explotación sexual.
Cuando una plataforma sirve algorítmicamente contenido pornográfico o de hipersexualización a un menor de edad y el Estado carece de mecanismos regulatorios para impedirlo, las obligaciones convencionales están siendo incumplidas. Eso es exigible hoy ante cualquier sistema de protección internacional de derechos humanos.
La Constitución Política mexicana establece en su artículo 4 que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. El artículo 73 otorga al Congreso la facultad de legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 46, obliga a las autoridades a prevenir, atender y sancionar los casos en que los menores sean víctimas de violencia digital.
Esa ley ya existe y es vigente. Lo que falta es su reglamentación específica para el entorno de las plataformas digitales, la asignación presupuestal para hacerla cumplir y la voluntad política de confrontar a las corporaciones tecnológicas con la misma energía con que se les invita a firmar acuerdos de colaboración.
En Michoacán, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado contempla en su artículo 57 la obligación de las autoridades estatales de garantizar el desarrollo integral de la infancia en entornos seguros. Esa disposición no hace excepción de los entornos digitales.
Y, sin embargo, Michoacán carece de un protocolo estatal de protección digital de la infancia, de un observatorio de salud mental escolar y de cualquier iniciativa legislativa que regule el acceso de menores a plataformas de alto riesgo.
El marco normativo para actuar existe en todos los niveles: internacional, federal y estatal. Lo que falta es decisión política. Deliberar también es una forma de abandonar.
¿Del lado de quién está el Estado mexicano cuando los intereses de las corporaciones tecnológicas más poderosas del mundo colisionan con el derecho al desarrollo integral de la infancia?
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
