Horacio Erik Avilés Martínez
- Esta semana resurgió el conflicto en la Escuela Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto”; fundada en 1976, en el seno de las instalaciones de la UMSNH.
En esta ocasión, nuevamente las autoridades universitarias buscan desalojarlos de las instalaciones ubicadas en la zona norte del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, donde se imparte bachillerato. Esto no es nuevo, ya que en 2021 se intentó realizar un desalojo y se les fijó un ultimátum.
Sin embargo, en esta ocasión parece ser más seria la situación. El derecho a la educación de los 170 jóvenes de nivel medio básico inscritos en la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” está en alto riesgo.
Y no deberían de estar en el centro de la disputa, bajo amenaza de ser desalojados, a partir del próximo 3 de enero. La falta de diálogo con las máximas autoridades de la UMSNH genera un clima de violencia institucional que puede escalarse en caso de persistir en esa posición.
Los directivos, maestros y padres de familia han expresado que existe una amenaza de desalojo y de posibles actos represivos, los cuales per se representan una amenaza contra los jóvenes estudiantes, el personal académico y sus familias. Desde la presentación pública del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero se ha insistido reiteradamente en sacar a la educación de la nota roja, lo cual implica conjurar la violencia de los planteles escolares.
Lamentablemente, esta semana hubo agresiones con arma de fuego en un conflicto entre padres de familia y docentes, que no se supo atender, mediar ni conciliar por parte de las autoridades educativas de la región de Lázaro Cárdenas, a pesar de las peticiones de los involucrados.
Asi también, la solicitud de establecer una mesa de acuerdos que han realizado los académicos y directivos de la secundaria no han tenido eco visible. La incomunicabilidad ante los derechos constitucionales de audiencia y de petición, puede generar movilizaciones y acciones colectivas que solamente afectarían aún más los derechos del estudiantado.
La educación no puede ser un asunto de suma cero; jamás deberíamos de ver a estudiantes menores de edad contendiendo por el mismo espacio para recibir educación. La escena difundida de una reunión con los estudiantes del Colegio de San Nicolás exigiendo el desalojo de estudiantes de secundaria representa una situación inenarrable, totalmente inaceptable, que jamás debería de repetirse.
Debe de investigarse cuanto antes si, como se menciona, esta situación de confrontación directa fue espontánea o sucedió propiciada por adultos, para que se les sancione conforme a la normatividad aplicable, la cual se agravaría en caso de ser servidores públicos. ¡Con los estudiantes, no!
Los adolescentes que están en medio del conflicto, tanto de bachillerato como de secundaria, son todos víctimas de circunstancias que no deberían de estar viviendo; porque tienen derecho a estar, a aprender y a participar en un clima libre de violencia, de ansiedad y de amenazas de perder una butaca, que representa una oportunidad de desarrollo personal y de movilidad social.
Ante la falta de respuesta favorable al derecho de todos los estudiantes involucrados por parte de las autoridades universitarias, al ser la UMSNH un organismo público descentralizado de la administración pública estatal y al tener que velar por la educación secundaria en la entidad, la intervención del poder ejecutivo estatal debe ser inmediata; no es un asunto de una secundaria solamente, sino de actuar responsablemente ante un problema que exhibe la realidad que conocemos en materia de indicadores educativos, los cuales representan los últimos lugares a nivel nacional, tanto en educación secundaria como en bachillerato, en cobertura educativa y en abandono escolar.
Las consecuencias de actuar en la línea del desalojo pueden ser graves, incurriéndose en responsabilidades de amplio espectro al propiciar el cierre de un plantel y el cambio de domicilio, sin contarse con consenso, con medidas de Página 2 de 4 arropamiento hacia la población estudiantil y programas de apoyo socioeducativo, lo cual puede derivar en abandono escolar, en ruptura de trayectorias educativas y en la posible violación de derechos humanos.
Aunado a lo anterior, ya, desde ahora, la situación que se vive puede derivar en trastornos socioemocionales entre los estudiantes, máxime que en la Secundaria Popular están matriculados estudiantes neurodivergentes y con discapacidades diagnosticadas. ¿Quién responderá por ello?
Es menester tomar este asunto con profunda responsabilidad y generar posibles soluciones, creativas, garantistas, innovadoras e integrales. Habiendo tantos espacios que son patrimonio estatal, bien valdría la pena explorar posibilidades dignas para resolver la necesidad tanto del plantel de educación media superior como del de media básica.
Más aún, se sabe que hay instalaciones poco aprovechadas en el campus central de la UMSNH. Invitamos a la autoridad a revisar, aula por aula, espacio por espacio, campus por campus para verificar juntamente con la sociedad civil si existen espacios poco aprovechados que pudieran servir para subsanar las necesidades de espacios educativos.
Lamentablemente, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está también inmersa en una inercia de décadas donde se rechaza a estudiantes, lo cual no debería suceder. Sabemos que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2024 se contempla un porcentaje sensiblemente menor al monto aprobado por el Consejo Universitario.
También, el porcentaje del Producto Interno Bruto nacional que se destinará al sistema educativo nacional para el 2024 es insuficiente para satisfacer el derecho a la educación pública en el país, estando aún muy por debajo de las recomendaciones internacionales para establecer una presupuestación digna para garantizar los derechos educativos de las generaciones en formación.
Pero, una universidad que cuenta con autonomía de gestión no debe de ser reactiva a las medidas nacionales, sino que debe ser disruptiva, apelando a la solidaridad con estudiantes de escasos recursos. Esto debe mostrar su capacidad de elevar su responsabilidad social y hacer más por devolver en valor público los miles de millones que recibe anualmente, del erario estatal, que con mucho esfuerzo se tributan por parte de la ciudadanía, más los que trabajosamente se gestionan ante el gobierno federal.
Es momento de generar medidas más eficientes para que el presupuesto rinda, para que nadie se quede sin un lugar en las aulas, con la corresponsabilidad total de la Secretaría de Educación en el Estado y de la Dirección de Secundarias. Esperaríamos mejores medidas de política pública al respecto, toda vez que se sabe que hay gastos que podrían reorientarse hacia quienes más lo necesitan.
Esperaríamos una solución ejemplarizante, donde los derechos se expandan, por ejemplo, mediante la firma de convenios donde la máxima casa de estudios de la entidad federativa genere mecanismos de apoyo a la educación media básica, particularmente con la Secundaria Popular.
Recordemos que, se hacen ferias de la ciencia, exposiciones, y muchas actividades más en las cuales se podría realizar vinculación para que este plantel de educación media básica se constituya en un modelo de excelencia, conforme lo mandata la reforma educativa vigente, realizada durante la presente administración, en coadyuvancia con la Secretaría de Educación en el Estado.
Finalmente, este problema exhibe un problema inmenso poco visibilizado: Desde hace muchos años, desde el diseño de la política educativa estatal y de sus planes y programas de estudio, la educación superior se ha escindido de su responsabilidad social para con la educación básica en la entidad.
Los indicadores educativos en absoluto favorecen a la UMSNH y a la Secretaría de Educación en el Estado. No pueden darse el lujo de despreciar el impacto en las cifras. Y, aun así, históricamente, el funcionariado que debería de articular, no lo consigue, por el contrario, separa.
Es momento de romper esa inercia. Esa visión insular, jerárquica y parcelaria de los denominados “niveles educativos” debe de agotarse; colocar la comunidad al centro como lo mandata la Nueva Escuela Mexicana debería implicar el reconocimiento de todo el sistema educativo Página 3 de 4 nacional como una inmensa comunidad de aprendizaje, más que la riesgosa fragmentación en centenares de miles de ellas, donde deben de competir por recursos, gestión y el ejercicio de los derechos.
Más aún, el conflicto en el espacio compartido solo representa la punta del iceberg. Este ejemplo que se suscita en el Colegio de San Nicolás con cohabitación de la Secundaria Popular no es el primero ni es exclusivo, sucede en miles de planteles educativos en Michoacán, donde el turno matutino ocupa las mismas instalaciones que el vespertino y, donde a su vez, después se atiende nocturnamente a los estudiantes de un Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA), o un CECAP.
Misma situación de telesecundarias, telebachilleratos o donde por la mañana hay un CONALEP y por la tarde hay estudiantes universitarios, como en sus inicios ocurrió con la Universidad de la Ciénega en Sahuayo, la cual tiene hoy más recursos por estudiante que la UMSNH, por citar algunos ejemplos. Las autoridades deben procurar la armonía entre los planteles educativos que trabajan en el mismo espacio y debe de procurarse por todos los medios el reconocimiento mutuo, la solidaridad y el respeto.
Es formativo. ¿Cuál será el mensaje para alguna de las comunidades educativas en caso de desalojar la otra? ¿Qué valores se promoverán? ¿Valen los alegatos legales sobre el precedente que se sentaría? Hay que considerar a otras instancias que pudieran contribuir a la solución. Los ayuntamientos en muchas ocasiones colaboran mediante el préstamo de instalaciones o apoyo para pagar la renta de ellas, pero el trasfondo de la situación es la insuficiencia de recursos para dotarles de espacios dignos, condenándoles a la disputa por instalaciones, al hacinamiento y al rechazo educativo.
Incluso, entre facultades e institutos, la misma práctica persiste, siendo incómodo contemplar como la denominada Ciudad Universitaria está llena de rejas, mallas y bardas que tapian el acceso entre escuelas, facultades e institutos, varios de los cuales cuentan con estacionamiento privado, porteros, vigilantes, videovigilancia y controles remotos para ingresar, como si se tratara de cotos privados.
El paradigma parcelario ha llegado demasiado lejos al interior de la propia casa nicolaíta y debe de cuestionársele severamente. Debe prevalecer la sensibilidad en una entidad federativa donde solo 10 de cada 100 estudiantes en la entidad cursan educación superior, sin que quede de manifiesto cuál es el nivel de involucramiento de los planes y programas educativos del nivel citado para apoyar a la educación básica que tanto lo necesita, así como la corresponsabilidad y gratitud que se debería mostrar.
Por el contrario, los niveles lucen completamente separados, cuando pertenecen a la misma sociedad. Es notable que, cuando se trata de hablar de acreditaciones, de excelencia, de egresados talentosos, difícilmente se voltea a ver a la educación básica, sino que los funcionarios y políticos se aprovechan abiertamente de los logros de estudiantes consolidados, quienes, con su trabajo, con el apoyo de sus familias y el talento innato logran resultados extraordinarios, legitimando la política educativa en educación superior, sin que realmente sean producto del sistema educativo michoacano.
Es momento de centrarse en sembrar y cultivar las semillas más que en exhibir sus frutos, los cuales, si bien son dulces y excelentes, son una escasa minoría respecto a los que podrían ser si realmente se garantizara el derecho universal a la educación en Michoacán.
No se trata de tener un puñado de reconocimientos, sino de lograr que deje de ser una escasa minoría de estudiantes de secundaria quienes se gradúan de una carrera universitaria; deben de egresar todos, juntos y a tiempo. La Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” será la medida de la vocación gubernamental por resolver una crisis sostenida en el sistema educativo estatal.
Es momento de conformar soluciones integrales y definitivas; evitando incurrir en abandonar al acaso, a la improvisación o a sobrellevar el conflicto, heredándolo para posteriores rectorados, como ocurrió ya. Página 4 de 4 Más aún, al estar en marcha el proceso electoral en Michoacán, preocupa que estas circunstancias se politicen y se enrarezca aún más la construcción de una ruta de solución en donde haya aún mayores afectaciones.
Es momento de que todos juntos construyamos una solución integral. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
