La libertad como idea y praxis en el gobierno de AMLO III/V
Gregorio Ortega Molina
*Ese libre tránsito, mito genial que estalló en San Fernando, en Lagos de Moreno, en Malpaso, Zacatecas. Las personas desaparecen porque no se cumple con el mandato constitucional, porque las garantías individuales dejaron de existir como desaparecieron el Seguro Popular y el INSABI, para dar paso a esa peregrina idea de tener la farmacia más grande del mundo
El libre tránsito es un mito genial, lo mismo a pie que en transporte público o privado. De manera casual te topas con un agente de tránsito que necesita alcanzar la suma de su cuota, o con un contingente que defiende su derecho a respirar, y asegura que los que han de pasar por alguna de las casetas de peaje, también se caiga con su cuota voluntaria para reivindicación de esos extraños movimientos, idéntico al que se adueñó del Auditorio Ernesto “Che” Guevara.
Asegurar ese derecho también es un asunto de orden económico, por parte de los gobiernos que incumplen su mandato constitucional, y sujeto a los ingresos de esos mexicanos que únicamente pueden moverse a pie o con el clásico “aventón”, con el riesgo que conlleva para el que lo da como para el que lo solicita. Moverse de un lugar a otro requiere dinero, y no siempre se tiene.
Ahora, además, es peligroso hacerlo. Leo en nota de El País del 29 de septiembre último: “En lo que va del actual sexenio han sido asesinados 167 mil 108 personas. Se prevé que al final del sexenio mueran por violencia 206 mil 352 en total.
En las últimas 48 horas se dispararon los homicidios, en Nuevo León aumentaron alarmantemente y ya ocupa el segundo lugar, sólo abajo del Estado de México (Información de TResearch)”.
Aparece un ingrediente adicional que hace nulo el derecho al libre tránsito: la violencia, los conflictos armados entre cárteles rivales o entre los barones de la droga y los militares, porque las policías locales bien se cuidan de caer bajo la mirada oblicua de quienes pueden decidir su muerte porque se negaron a cerrar los ojos.
Hay carreteras por las que ya no es seguro transitar, y poblaciones de las que todos quieren huir, como Allende, en Coahuila, o Reynosa, en Tamaulipas.
La libertad de moverse, de vivir, de tener sueños, de aspirar a despertarse en la cama y sano, ahora depende de que los cárteles no hayan decidido adueñarse del lugar donde naciste y aspiraste a morir, porque los barones de la droga extorsionan y deciden quiénes y por qué han de ser candidatos a puestos de elección popular o administradores públicos. El mejor de los mundos para ellos: mandan, sin la responsabilidad de gobernar y rendir cuentas.
La entrada del editorial de El País del 1° de octubre, indica: “Eran siete amigos y primos de entre 14 y 18 años. Habían quedado para pasar la noche del sábado en un rancho del estado de Zacatecas, uno de los territorios de México más golpeados por el crimen organizado.
Un grupo de hombres armados los secuestró en plena madrugada. La semana pasada las autoridades hallaron los cadáveres de seis de esos jóvenes y a un superviviente. La matanza coincide con el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, además del horror de un conflicto sin fin, exhibe la impotencia del Estado de derecho y de las fuerzas de seguridad frente al avance de los cárteles de la droga”.
Ese libre tránsito, mito genial que estalló en San Fernando, en Lagos de Moreno, en Malpaso, Zacatecas. Las personas desaparecen porque no se cumple con el mandato constitucional, porque las garantías individuales dejaron de existir como desaparecieron el Seguro Popular y el INSABI, para dar paso a esa peregrina idea de tener la farmacia más grande del mundo.
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