Francisco Rodríguez
¿Tiene razón el Departamento de Estado de EU a cargo de Marco Rubio al ordenar la revisión de las operaciones de los 53 consulados de México en aquel país?
¿Es este otro punto de tensión adicional al caso de Rubén Rocha Moya, la propia violencia en Sinaloa y las presiones de Donald Trump sobre las ligas del gobiernito con los cárteles, a las cuales Claudia Sheinbaum reiteradamente se niega a acceder desde hace ya más de un año?
La respuesta a ambas interrogantes bien podría ser afirmativa habida cuenta de la presencia en los consulados mexicanos en EU, como titulares, de ex priístas y morenistas impresentables que no solo disfrutan de un exilio dorado, sino que también -entre otras tareas proselitistas- reparten libros de texto de la SEP cargados de ideologías contrarias al pensamiento dominante en territorio estadounidense.
En un contexto de inestabilidad política como la que actualmente atraviesan el gobiernito del régimen de Cuarta con la Administración de Donald Trump, debido a una compleja red de alianzas y colaboraciones con la delincuencia organizada, los cónsules mexicanos desempeñan un papel crucial para acallar la disidencia y fortalecer el control del gobierno sobre los migrantes y los estadounidenses con ascendencia mexicana.
Nada extraño. La diplomacia mexicana ha sido un constante refugio político, académico y cultural, entre otros, a través de los nombramientos políticos que el Ejecutivo federal hace para titulares de las representaciones de México en el exterior.
Siguiendo el ejemplo de Calígula, emperador de la Roma antigua, quien nombró cónsul a su caballo Incitatus, López Obrador es quien, hasta la fecha, más abusó de ese mecanismo de premios, recompensas y hasta exilio. Terminó su primer sexenio en el poder con más nombramientos políticos a leales y amigos en misiones diplomáticas.
El 31% del total de encargos en el Servicio Exterior. Y para el caso de los países hermanos de América Latina el porcentaje fue de un escandaloso 90% de recomendados -incluso por su cónyuge actual-, correligionarios y amigos.
Designaciones muy polémicas
Quizá el más polémico nombramiento fue el que hizo a favor de Juan Ramón de la Fuente como su representante ante la ONU, quien se postulaba para cualquier candidatura o vacante que hubiera… sin tener las capacidades necesarias, cual recientemente se vio.
Hubo recompensas para expriístas como el sinaloense Quirino Ordaz, enviado a la misión en España tras su complicidad con Rocha Moya y Los Chapitos para rendir la plaza; para la sonorense Claudia Pavlovich, en el consulado barcelonés, por las mismas razones; para el expanista yucateco Carlos Joaquin González, por haber cedido ante el PVEM en Quintana Roo, su entidad adoptiva, en Canadá; incluso para el campechano Carlos Miguel Aysa González en República Dominicana, tras prestarse al fraude por el que lo sustituyó Layda Sansores, sin olvidar al hidalguense Omar Fayad, quien también se allanó ante el candidato del partido guinda a sucederlo.
¿Fue castigo o premio el de Josefa González Blanco la embajada en Reino Unido? Recuérdese que AMLO la despidió luego de que retrasó el despegue de un vuelo comercial, porque ella iba tarde.
Dos periodistas fueron enviados como jefes de misión al extranjero: Isabel Arvide, a Estambul, y Alberto Barranco, a El Vaticano. Y una escritora, Laura Esquivel, embajadora en Brasil.
Lo peor, empero, se dio con los exgobernadores chiapanecos Juan Sabines Jr. y Rutilio Escandón, cuñado de Adán López, quienes fueron enviados a Orlando -desde la época de EPN, pero sostenido por AMLO- y Miami, respectivamente, como recompensa por haber remodelado y cuidado Casa “La Chingada”, en Palenque.
La “tradición” de emplear embajadas como refugio o exilio -iniciada en el siglo XX por los gobiernos del PRI- se extiende a la cuarta transformación. El último en recibir esta oferta, ahora de Claudia Sheinbaum, ha sido el ex Fiscal General Alejandro Gertz Manero, quien se unirá a una larga lista de embajadores y cónsules que no están relacionados con el Servicio Exterior Mexicano y que han sido nombrados en los últimos siete años por razones políticas.
