Horacio Erik Avilés Martínez*
Cuidar a los estudiantes y maestros es obligación del estado mexicano. Esta semana arrancó con dos temas de alto impacto que merecen todo cuidado y atención por parte de los responsables estatales de la seguridad y la educación.
Primeramente, se visibilizó el abandono de los centros de trabajo por parte de los trabajadores de la educación en municipios con alta presencia de la delincuencia organizada.
Recién, la titular de la política educativa en la entidad federativa declaró que había retención de pagos a más de 300 trabajadores de la educación por abandono de su centro de trabajo. De acuerdo con la funcionaria, la incidencia fue principalmente en dos municipios: Tacámbaro y Tancítaro.
No se debe de omitir que, justamente son dos de los municipios más castigados por la delincuencia, en donde se han dado hechos de sangre, así también se han hecho denuncias públicas y detenciones en fechas recientes.
Recién, funcionarios tacambarenses fueron la nota nacional, mientras que la situación de Tancítaro fue del dominio público. Pensar que ambos municipios pueden ser catalogados como territorios fallidos o en manos de la delincuencia no es una exageración en absoluto.
El cuestionamiento, ante esta situación es, qué tanto los trabajadores de la educación pueden estar siendo víctimas del desplazamiento forzado por parte de la delincuencia. Sin duda, deben de brindarse posibilidades para que deslinden sus respectivas responsabilidades y se analice cada situación, en aras de resolver, no de castigar sin reflexionar sobre las circunstancias específicas.
Por supuesto, queda el reto mayúsculo de recuperar la rectoría de la seguridad en todas las comunidades de la geografía michoacana, partiendo de los dos municipios arriba señalados.
Por otra parte, la nota que se publicó en el New York Times y de la cual hicieron eco El Universal y el Reforma en sus primeras planas, respecto al reclutamiento de jóvenes, mexicanos y extranjeros, principalmente profesionistas, para trabajar en la delincuencia organizada, en diversas entidades federativas, incluyendo Michoacán, lo cual lleva a la pregunta: ¿Qué se está haciendo para blindar a las juventudes de esta clase de presiones? ¿Existe alguna política pública para asegurarse de que los talentos que estudian ingeniería química, pilotaje de drones, electromovilidad, ingeniería mecánica, en materiales y otras áreas sensibles puedan tener senderos de vida libres de presiones y coerción por parte de los grupos delincuenciales?
Hay que cuidar a los maestros, a los estudiantes y a sus familias. Es simplista decir que abandonaron las escuelas o, a posteriori “que andaban en malos pasos”. Es momento de diseñar políticas públicas para blindarlos de las influencias de la delincuencia organizada, lo cual debe reflejarse a su vez en el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2025.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles
*Director general de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A.C.
