Para garantizar que al frente de las instituciones públicas estén personas aptas para servir con ética, honradez y profesionalismo, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez presentó la Ley de Acreditación y Control de Confianza del Estado, y reformas a once ordenamientos más.
Las iniciativas proponen establecer evaluaciones de control de confianza para mandos medios y superiores y para aquellos que aspiren a ocupar puestos de elección popular en todo el Gobierno del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa y Instituto de la Defensoría Pública, también a todos los Municipios.
“El principal objetivo de esta Ley y las once reformas es que quien ocupe un cargo público cuente con una trayectoria y un desarrollo personal honesto y ético, acorde con la alta responsabilidad que conlleva la función pública que vaya a desempeñar”, destacó.
Actualmente, los exámenes de Control y Confianza únicamente se aplican a elementos y personal administrativo que se encuentre desempeñando un cargo en las áreas de seguridad pública.
La evaluación de Control de Confianza; consta de 5 exámenes:
Entorno social y situación patrimonial: se verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rigen a la institución.
Psicológico: busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.
Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales del servicio público.
Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.
Toxicológico: Determina si el servidor público ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
