Leopoldo González
Hay preocupación en el mexicano promedio e informado, cuando se comprueba que casi todo en el poder autoritario de izquierda es destruir y mutilar al país con métodos radicales.
Lo que se busca es liquidar a las instituciones democráticas, para poner en su lugar instituciones autoritarias o dictatoriales alineadas con el gusto o el capricho de una persona.
Me escribió un lector desde España: “Lo que han perdido ustedes en México es muy grande, comparado con lo poco que han ganado”. Otro me escribió de Nueva York: “Vienen días difíciles”. Uno más desde Francia: “Casi siempre las oligarquías que dicen interpretar al pueblo terminan sometiéndolo”. Cada una de estas inquietudes y advertencias tiene una dosis de razón, aunque cueste trabajo asimilarlo.
No es tiempo de andarse por las ramas para definir la realidad que vivimos. Matizar la gravedad o el dramatismo de una situación con palabras, no lima sus filos ni contribuye a atenuar sus consecuencias.
Quien haya cedido al placebo de un beneficio en los programas sociales o haya vendido su voto en quinientos o en mil pesos, lo que hizo fue vender a su país en ese precio y otorgar un poder absoluto a la mafia de los “mandarines”, esa palabra que usaba con tanta elegancia Simone de Beauvoir.
Ahora, cuando tanto se habla de reformar al Poder Judicial, la primera mentira que hay que echar abajo es la de que se trata de una reforma: la lógica y los procedimientos para una reforma constitucional los establece la propia Constitución; lo evidente, aquí, es que se pretende enmascarar con la palabra reforma lo que es una estrategia para destruir al Poder Judicial, y a la Suprema Corte, con el fin de subordinarlos a partir de su integración a la voluntad autoritaria del titular del Ejecutivo.
Con matices y por vías distintas, esto ha ocurrido en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragüa. En tres de esos países no hay tres poderes ni contrapesos de Estado: hay un solo poder que somete a los demás y al propio pueblo como un vulgar cacique de horca y cuchillo. Pregunta sencilla: ¿es esto lo que algunos quieren para México?
Por otra parte, en el artículo 136 de la Carta Magna figura el principio de inviolabilidad constitucional, el cual prescribe que no puede ser alterado el régimen constitucional del país. Por este lado, y en tanto los políticos pretorianos no se atrevan a disolver por la fuerza a la Corte, sólo el Habeas corpus del yucateco Manuel Crescencio Rejón, en tribunales, podría impedir la felonía que se pretende consumar contra nuestra joven democracia constitucional.
Los autócratas, que se saben de alcances y de una formación muy pobre, prefieren el poder total de una nación para no verse obligados a tener que convencer al titular de otro poder o al que no piensa como ellos. En la batalla de tener que desplegar argumentos de razón que convenzan a otros, se saben limitados y perdidos. Por eso, prefieren la asamblea domesticada de los iguales a la asamblea crítica de los que saben.
Llama la atención la prisa y el desparpajo con que Morena quiere alterar el trazo constitucional del país. El narcicismo del enfermo pocas veces repara en su enfermedad: quiere la grandeza histórica al costo que sea, porque sólo así puede disimular o encubrir sus miserias interiores.
Tratándose de la Carta Magna de un país, e indirectamente del pacto fundacional de un Estado, no debería permitirse que quien desconoce la doctrina constitucional le meta mano a un concepto o a una idea: y, en el caso remoto de que alguien quiera dejar su sello en la Constitución, debería pedírsele encarecidamente que toque el texto constitucional sólo para mejorarlo y darle lustre, no para empeorarlo o empobrecerlo teóricamente.
Las expresiones mismas de “ministro, magistrado o juez del pueblo”, además de sonar a vacilada de mal gusto o a una bufonada conceptual, son un despropósito en términos de teoría constitucional: el funcionario judicial representa la integridad del Estado, es guardián de la República y lo excelso de su tarea radica en ser siervo de la ley. Por tanto, hacer de él palafrenero o empleado menor de la asamblea popular, a lo que puede conducirle es a ser bufón o “vividor de la nación” al servicio de un autócrata. Escribió Maquiavelo: “Los malos políticos son los engendros del alma social deformada”.
Se quiere distorsionar la función de la Corte como contrapeso del Estado y tribunal de control constitucional, para hacer del Estado el accesorio menor de una dictadura populista.
Mutilar a la Corte no puede ser visto como un asunto menor: equivale a rebanar en rodajas el cerebro del Estado democrático, para que no sirva al interés superior de la ley sino al interés bajo y ruin del poder.
Esto equivale a la imagen del lobo “converso” que en plena tribuna ofrecía a la inocente asamblea de ovejas que, luego de tomar el poder, ejercería el gobierno con lineamientos y criterios vegetarianos. Es risible, ¿no creen?
Pisapapeles
Escribió J. Céspedes: “Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito”.
leglezquin@yahoo.com
