Cuauhtémoc Ramón López Silva
Se le llama así, cuando el Estado a través de su gobierno reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla infringiendo temor, evitando cualquier acto de resistencia, es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.
Es así que el monopolio de la fuerza (poder coactivo) pertenece al Estado, mismo que es utilizado para poder cumplir sus fines, pero con la obligación de usarlo de acuerdo a las leyes. Circunstancias que no acontecen ya que vemos constantemente personas fallecidas o Desaparecidos que son luchadores de derechos humanos y periodistas ligados a la investigación y critica al gobierno.
Por lo que al día de hoy vemos a un gobierno que utiliza la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, realiza desapariciones forzadas, tortura y las ejecuciones.
Ejecuciones que hoy vemos que aparentemente son cometidas por organizaciones delincuenciales “reales o simuladas” con apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución.
Estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública.
Es por eso que día a día vemos el aumento de los delitos de Desaparición Forzada o cometidas por particulares y Homicidio Doloso, pero vemos que estos delitos no son atendidos por quien debería de ser el garante de evitarlos ya que los mismos son utilizados para que su poder coactivo sea justificado y el Estado no sea señalado como “Terrorista”.
Si bien es el derecho de las víctimas encontrar a su familiar o el cuerpo de estos, lo cierto es que este fenómeno de Desaparición Forzada cometida por cuerpos policiales o por particulares no existiría, sin la anuencia del estado o bien por su nula investigación en estos actos.
Por lo que no solo el estado debe de dar garantías a las víctimas indirectas para encontrar a sus familiares, sino que también debe de dar certeza jurídica para prevenir estos delitos y que los mismos no deban de ser tomados en cuenta como acciones tendientes a infringir miedo al pueblo bueno y sabio.
¡Juzgue usted!
