Leo Silva*
Anoche, durante las celebraciones del Día de los Muertos en Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a tiros frente a sus hijos. Entre velas, cempasúchiles y la música que honraba a los difuntos, se desarrolló otro tipo de ritual, uno que México ha perfeccionado trágicamente: la ejecución pública de un hombre que se atrevió a enfrentarse al crimen organizado.
Al ver las imágenes y leer los primeros reportes, sentí una tristeza familiar, la que llega cada vez que otro hombre honesto es silenciado. Pasé gran parte de mi carrera en México, dirigiendo operaciones de la DEA en Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato, regiones que han sentido el mismo pulso violento del control criminal.
Me he sentado frente a alcaldes, jefes de policía y soldados que llevaban en la mirada el mismo cansancio: el peso de intentar imponer el orden en un país donde el estado de derecho ha sido vaciado por la impunidad.
Carlos Manzo no era un hombre perfecto. Ningún funcionario lo es. Pero representaba algo que México necesita desesperadamente: determinación. Habló abiertamente sobre el dominio de los cárteles en Uruapan y pidió públicamente apoyo al gobierno federal. Se negó a suavizar la verdad. Por eso fue tachado de “agresivo”, “controversial” y “provocador”.
Poco antes de su muerte, la plaza de Uruapan estaba llena de familias: niños pintando calaveras, vendedores ofreciendo dulces, ancianos encendiendo velas por sus muertos. El Día de los Muertos siempre ha simbolizado la memoria y la continuidad. Pero cuando sonaron los disparos y el alcalde cayó, ese símbolo se tornó más oscuro: otra alma reclamada por la guerra interminable de una nación consigo misma.
Se han reportado dos detenidos, pero eso es irrelevante. Ya hemos visto este patrón antes: una investigación breve, una promesa de justicia, y luego el silencio. Los verdaderos asesinos nunca son llevados ante la ley. Los autores intelectuales permanecen intocables. El mensaje al público es el mismo: quien se resiste muere; quien manda sigue gobernando.
Tras el asesinato, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum provocaron fuertes críticas. Reiteró su oposición a las “tácticas agresivas” de algunos gobiernos locales contra los grupos criminales, insistiendo en la necesidad de respetar el debido proceso y los derechos humanos. En teoría, tiene razón. En la práctica, esos ideales significan poco cuando el sistema de justicia está colapsado.
México no carece de leyes; carece de cumplimiento. No carece de policías; carece de protección para quienes intentan servir. Y ciertamente no carece de discursos sobre la paz; carece del valor para enfrentar a los hombres que se benefician de la violencia perpetua.
Cuando un alcalde pide públicamente ayuda al gobierno federal y es ignorado, se envía un mensaje peligroso a todos los líderes locales del país: están solos. Le dice al ciudadano que incluso sus representantes electos son desechables. Y le dice al crimen organizado que el poder en México aún puede comprarse, silenciarse o eliminarse.
Lo que hace insoportable esta tragedia es lo predecible que resulta. No es un patrón nuevo; lo he visto repetirse durante décadas. En ciudades como Monterrey, Guadalajara y Coahuila, y en los pueblos del corazón de México, los alcaldes y jefes de policía son amenazados, secuestrados o asesinados. Los periodistas que se atreven a denunciar desaparecen. Los testigos callan. Comunidades enteras se vuelven cómplices de su propio terror, porque la alternativa -hablar- es una sentencia de muerte.
El discurso oficial sobre los “derechos humanos” y el “debido proceso” suena vacío cuando los asesinos caminan libres y las víctimas son enterradas sin justicia. El deber fundamental del Estado es proteger a su pueblo. Sin eso, no hay base moral que sostenga su legitimidad.
Durante mis años de trabajo en el centro y norte de México, aprendí algo fundamental: los cárteles prosperan en el espacio entre la negación del gobierno y la desesperanza del pueblo. Cada vez que un funcionario es asesinado y el Estado responde con silencio o burocracia, ese espacio se amplía. Se convierte en una zona de impunidad donde florece la corrupción, donde manda el miedo, y donde hombres honestos como Carlos Manzo pagan con su vida.
México ha soportado décadas de violencia del narcotráfico, pero la paciencia del pueblo tiene límites. Cada asesinato erosiona un poco más la confianza en las instituciones. Y cada vez que los líderes fallan en actuar con decisión, ceden una parte más del futuro del país.
La pregunta ahora es si la muerte de Manzo será otro titular o un punto de inflexión. Hay momentos en la historia en que la tragedia obliga a un ajuste de cuentas. Éste podría ser uno de ellos. Si los mexicanos -desde los líderes locales hasta los ciudadanos comunes- no pueden unirse en torno al principio de que nadie debe morir por defender a su comunidad, el ciclo nunca terminará.
Es fácil hablar de paz. Es mucho más difícil perseguir la justicia. La paz sin justicia es rendición. Y la justicia sin valor es imposible.
No pretendo que la guerra de México contra el crimen organizado tenga respuestas simples. Los cárteles ya no son actores marginales; son gobiernos paralelos con ejércitos, economías y redes de inteligencia que rivalizan con el Estado. Pero todavía hay formas de luchar: comenzando con honestidad, transparencia y la voluntad de proteger a quienes se atreven a enfrentarlos.
Si la presidenta Sheinbaum desea recuperar credibilidad, debe hacer más que emitir condolencias. Debe ordenar una investigación seria y agresiva sobre el asesinato de Manzo, una que identifique no sólo a los tiradores, sino al aparato político y criminal detrás de ellos. Cualquier cosa menor confirmará lo que muchos ya creen: que el gobierno es incapaz -o rehúsa- enfrentarse a las fuerzas que lo devoran desde dentro.
Para la comunidad internacional, y para quienes trabajamos junto a las autoridades mexicanas durante años, éste no es momento para la cautela diplomática. Estados Unidos y otros socios deben exigir rendición de cuentas, ofrecer asistencia técnica y dejar claro que el asesinato de funcionarios públicos no puede normalizarse. El silencio del exterior sólo envalentona a los asesinos del interior.
Lo que más me atormenta no es la política, sino la imagen: un padre de pie junto a sus hijos bajo guirnaldas de papel picado, segundos antes de que las balas atravesaran el aire. Ésa es la realidad de la violencia en México: no estadísticas, no estrategias, sino familias destrozadas y sillas vacías.
El Día de los Muertos está destinado a honrar a quienes nos precedieron. Este año, agregó un nombre más al altar: el de un hombre que creía que su país aún podía cambiar. Si su muerte se convierte en la chispa de ese cambio dependerá de lo que ocurra ahora.
He estado en habitaciones con hombres que ordenaron asesinatos, y he visto lo que el miedo hace a quienes viven bajo su sombra. Pero también he visto el valor: el de los policías que se niegan a aceptar sobornos, el de las madres que aún exigen justicia, y el de alcaldes como Carlos Manzo, que se niegan a inclinarse ante el crimen.
México no está irremediablemente roto. Pero está sangrando. Y a menos que los líderes de todos los niveles decidan que ya fue suficiente, esa sangre seguirá manchando su tierra -desde las plazas de Uruapan hasta los pasillos del poder en la Ciudad de México-.
El país no necesita más promesas. Necesita acción, protección y verdad. Sólo entonces los vivos podrán verdaderamente honrar a los muertos.
*Ex Agente de la DEA /Autor El Reinado del Terror
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
