Jaime Darío Oseguera
Uno de los grandes objetivos del gobierno de la revolución fue satisfacer las necesidades de la gente en materia de educación, salud y vivienda.
Ese fue el objetivo del régimen revolucionario. Al terminar con la guerra, Calles y los sonorenses diseñaron un sistema político que perdurara y lo lograron.
La revolución se legitimó a través de una nueva Constitución que consagraba los derechos de los individuos en un país dividido, marginado, primordialmente rural y pobre. Avasallado en su base productiva por tres décadas de vaivenes que no permitían una nueva estabilidad para crecer económicamente.
En 1929 vino otra fase de la consolidación del régimen con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario bajo la visión del General Calles, pasando con ese hecho, del país de caudillos al país de instituciones.
Es tarea de estadistas crear instituciones que perduren. El sistema de educación pública fue el gran mecanismo de movilidad social del Siglo XX. Lo mismo sucedió con las grandes instituciones de salud pública, la vacunación universal, vivienda y las empresas estatales de petróleo y electricidad.
Con todos los defectos del sistema, el país evolucionó consolidando los derechos constitucionales en instituciones que fueron funcionales para satisfacer las demandas básicas de una población en crecimiento.
La corrupción y el deterioro de las condiciones de vida, junto con el déficit presupuestal pusieron en los ochentas al país a merced de la crisis económica.
Se privilegió la empresa privada sustituyendo a la pública en todos los ámbitos.
La globalización y las políticas de los organismos internacionales provocaron que cambiara el modelo económico bajo el cual el país había diseñado un sistema de provisión de vivienda para los trabajadores a través del Infonavit.
El Infonavit fue fundado por el gobierno de Echeverría bajo un sistema de participación con aportaciones entre el gobierno, los empresarios y trabajadores. Y ha logrado parte de su tarea.
La idea fue crear financiamiento accesible para los trabajadores que aportaran parte de los ahorros del Instituto para construir vivienda que apoyó a millones de personas. La idea siempre fue tener un crédito barato y al alcance de quienes no tienen de otra forma acceso en el sistema financiero.
Al construir casas en el gobierno, a través del Infonavit, se generó con el tiempo un sistema de corrupción e ineficiencia que provocaron un cambio profundo en la institución.
Hoy se discute una iniciativa con la cual se pretende que el Infonavit vuelva a construir vivienda directamente; que regrese a ser la gran constructora y no sólo de administración de los fondos de aportación tripartita.
Este es uno de los puntos más controvertidos en el nuevo esquema. La Presidenta Sheinbaum ha dicho que pretende construir por este conducto un millón de viviendas, lo que transforma profundamente el mercado de la vivienda de interés social en México.
Tendrá que convertirse en una súper empresa, que tenga maquinaria, equipo, asistencia técnica, solvencia económica y, principalmente los controles financieros. Está bien acreditado que esos esquemas en el pasado fueron fuente de altos niveles de corrupción.
Los analistas hablan de que se pone en riesgo el ahorro de las cuentas del instituto al querer construir directamente. Se requerirá de financiamiento para iniciar un negocio de ese tamaño. Francamente se ve muy difícil que se logre un esquema tan grande en poco tiempo.
La discusión es sencilla ¿Debe el gobierno dedicarse a construir casas? Si analizamos el mercado de la vivienda popular, debemos críticamente observar que ha habido grandes abusos de algunos desarrolladores de vivienda apoyados por las autoridades estatales, municipales y el propio Infonavit.
Si tiene que cambiar el esquema pero no necesariamente así.
Se construyeron viviendas de una calidad absolutamente baja que el instituto financió con sus recursos. No hubo los controles suficientes y se forzó a los trabajadores a adquirir casas de muy baja calidad de construcción, totalmente alejadas de los centros de trabajo y encima de todo con sistemas de financiamiento caros.
Hay que decirlo con claridad. Estos problemas no se resuelven necesariamente regresando al esquema de inversión pública en vivienda. La ley debería contemplar un esquema de supervisión y auditoría. Revisar el cumplimiento de las Leyes de Desarrollo Urbano que permite o hasta promueve la construcción de viviendas indecorosas para las familias de los trabajadores con grandes y jugosas ganancias para un sector de desarrolladores, algunos de ellos reconocidamente voraces.
Habrá que analizar la opinión de los inversionistas en este mercado que seguramente terminarán proveyendo a Infonavit de los productos que no puedan construir. Porque además se requiere de reserva territorial que no necesariamente existe en las ciudades y la experiencia es que terminan construyendo y autorizando fraccionamientos fraudulentos, fantasmas, sin servicios, inhabitables.
En teoría la construcción la haría una empresa filial, controlada por el instituto, que no sea paraestatal y que legalmente deberá generar valor al organismo. Ya veremos.
También hablan de esquemas de arrendamiento social y será interesante saber cómo funcionan en lugar de asegurar el patrimonio de los trabajadores con adquisición de vivienda propia.
Para lograr este objetivo de regresarle a Infonavit esas facultades, el gobierno quiere tener más control. El nombramiento del Director lo hará directamente la Presidencia no la Asamblea del Instituto.
La iniciativa además le da el carácter de revisión a la Secretaría de Hacienda eliminando la influencia de la Comisión Bancaria y de Valores, con lo cual queda más a disposición de decisiones arbitrarias.
El proyecto ha pasado ya la discusión en la Cámara de Senadores donde fue aprobada, pero ha generado tal discusión que su aprobación final fue aplazada para el siguiente año. Seguramente seguirá habiendo sorpresas en este tema.
