El Consejo del Poder judicial de Michoacán, atendiendo a su atribución de determinar y adoptar todas aquellas medidas que estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, y para iniciar los trabajos que permitan transitar de mejor manera a todo lo que implica la llamada reforma judicial, emitió un acuerdo en el que se determinan los requerimientos de orden material, tecnológico y humano para el establecimiento del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como las salas unitarias y regionales colegiadas.
Lo anterior, considerando que el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2025 no comprende partida presupuestal para concretar los espacios para los mencionados organismos, los cuales iniciarán funciones el próximo 15 de septiembre, por lo que resulta imperante iniciar las acciones.
El acuerdo establece las sedes de las salas colegiadas en materia civil con un total de 24 magistraturas en las regiones de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, así como 8 magistraturas para las salas unitarias en materia penal en las mismas regiones.
Se proyecta la necesidad de 211 personas para su funcionamiento, así como la adecuación de espacios en Morelia y el arrendamiento en las otras 6 regiones.
Para el Tribunal de Disciplina Judicial, se adecuarán los espacios en el Antiguo Palacio de Justicia para 5 magistraturas y 15 personas de diversas categorías; para el Órgano de Administración Judicial, también se requerirán 5 espacios y 17 personas que se ubicarán en el Palacio de Justicia José María Morelos, sede en la que además funcionarán las salas de la región Morelia.
Finalmente, la comunicación del Consejo crea comisiones a cargo de todos los consejeros y el secretario de administración para la ubicación y contratación de inmuebles, además gira instrucciones al secretario de administración para estimar las necesidades de requerimientos materiales, tecnológicos y humanos a fin de que se determine la solicitud de ampliación presupuestal correspondiente.
