Autoridades federales atentan contra la integridad y vida de la buscadora de personas desaparecidas Margarita López Pérez, al retirarle en forma ilegal el mecanismo de protección como buscadora que vive en “Alto Riesgo”, generando violencia en contra de sus derechos humanos, de género, persecución y extorsión.
En entrevista, la también diputada local expuso que las autoridades federales la han puesto en eminente peligro y en estado de indefensión, por negarse a ceder a una extorsión por quienes deberían protegerla, en su calidad de presidenta de una asociación de Madres Buscadoras de Desaparecidos y Recuperación de víctimas.
Debido a los actos unilaterales del gobierno federal, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y al Coordinador Ejecutivo Nacional del señalado Mecanismo de Protección, mismo que sin causa y razón legal, se empeñaron en vulnerar su integridad al retirarle del mecanismo de protección, y además notificando a las autoridades municipales y estatales del hecho exponiéndola ante la fuga de información hacia los grupos que han emitido amenazas a su integridad y vida.
Es por ello, que -dijo- “la determinación actual de retirarle los escoltas y el vehículo para trasladarme, a todas luces es ilegal, amén de infundada e inmotivada, e incluso, podrá conceptuarse como contradictoria con el propio Análisis de Riesgo que se le practicó, mismo que indica que está en un riesgo alto”.
La madre buscadora expuso un documento amplio que sostiene la Queja Formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que está vinculado a los organismos internacionales relacionados en el tema. En la misma expone que la cancelación del beneficio de que gozaba, se reputa infundada e inmotivada; pues como se ha visto, las medidas de protección, si bien están sujetas a evaluación; únicamente pueden ser canceladas cuando se haga uso indebido de las mismas. “Como se ve, la razón de cancelación en mi caso, no orbita en ese supuesto”.
“La orden que canceló los beneficios que me asistían como defensora de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos no observa ningún principio de legalidad, menos de eficiencia, tampoco respeta los derechos humanos, no atiende el principio persona, ni a la convencionalidad aplicable, y por supuesto que existe discriminación por el ser mujer a una persona que las propias responsables reconocen que requiere del apoyo ya que ha sido violentada en dieciséis eventos que fueron reconocidos por las instancias que ahora le negaron la protección”.
Margarita López Pérez rememoró todo el viacrucis que ha vivido con el tema, ya que en una ocasión sí se realizó el proceso de notificarle la decisión de retirarle la protección, para lo cual pudo hacer uso de su derecho de audiencia y defensa, misma que ganó ante los tribunales mediante amparo definitivo para que le restituyeran la protección, sin embargo, aseguró que es claro que “existe una persecución para dejarme en estado de vulnerabilidad, ya que las actividades que realizado en muchas ocasiones genera molestia para el Estado Mexicano.
En esta ocasión -sostuvo- Los actos motivo de la queja se dictaron sin que existiera mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento que trajo como consecuencia la cancelación. “Las autoridades responsables omitieron observar estrictamente las disposiciones aplicables al caso” por lo que “violaron en mi perjuicio la garantía de audiencia”, la cual sin lugar a dudas es una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico.
Aseguró que jamás fue consultada para tomar la determinación, aunque las responsables reconocen que ella está en riesgo
Como es congruente con la postura de la legisladora, en su queja expuso el intento de EXTORSIÓN del que fue víctima por parte de las autoridades que deberían protegerla, citando lo siguiente es su queja: “Bajo protesta de decir verdad fui objeto de extorsión por parte de ex director de análisis de riesgos de nombre “Martín” quien es que elabora el último análisis y que hago referencia en el presente, en el cual por vía telefónica me refirió lo siguiente “señora, si usted nos genera el pago de honorarios, nosotros podemos ayudarle para que el día de su evaluación le proporcionemos información para que ahí haga una buena defensa o si prefiere nosotros le promovemos un amparo para revertir la decisión de la Junta de Gobierno” .
Debido a que se negó a “esas sugerencias” y a pesar de que el señalado funcionario fue destituido por diferentes irregularidades (aún trabaja en el mecanismo) fue hostigada y la violencia que se ejerció en contra de ella, culminó con los actos reclamados, poniéndola en evidente estado de indefensión a ella y las madres que realizan búsquedas de sus seres queridos en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde ellas realizan sus actividades.
Lamentó que las autoridades federales pongan en riesgo la vida de las madres buscadoras, sobre todo porque muchas de ellas no tienen medios de defensa ante los intentos de extorsión de quienes deberían protegerlas: “si a mí que soy diputada, gracias al apoyo ciudadano de los habitantes de Lázaro Cárdenas, que de alguna manera tengo elementos y apoyo legal para defenderme, me violentan, no se puede esperar nada bueno para la atención de los cientos de llamados de protección para las madres buscadoras, ya que es evidente que esas autoridades son insensibles, sin humanismo y violentos tengan un actuar digno y apegado a Derecho.
