Comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, denunciaron que en Michoacán impera la inseguridad y la impunidad, esto por el asesinato y desaparición de más de 60 de activistas sociales durante los últimos años, por defender los bosques, territorios y derechos colectivos de las comunidades originarias.
Comunicaron que el último asesinato ocurrió el día de ayer 21 de febrero, en el Día Internacional de la Lengua Materna, donde aproximadamente a las 21:00 horas, fue asesinado el defensor de los bosques, promotor de la autonomía y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sicuicho, Alfredo Cisneros Madrigal, ultimado por un comando paramilitar cuando arribaba a su domicilio en esta comunidad p’urhépecha.
Recordaron que Alfredo Cisneros Madrigal, fue un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos de Sicuicho, quien denunció ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ante Gobierno del Estado de Michoacán, la tala clandestina de los bosques de pino y combatió el cambio de uso de suelo que se promueve para la siembra inmoderada de aguacate.
De igual forma, hicieron del conocimiento a la opinión pública, que desde el día de ayer, ante el asesinato del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, las autoridades civiles, comunales y tradicionales de Sicuicho, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, pero a más de 15 horas, ninguna institución de seguridad se ha presentado en la comunidad.
En este sentido, exigieron la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el general José Alfredo Ortega Reyes “por no cumplir con el convenio firmado por el Gobernador de Michoacán con las Rondas Comunales, donde se comprometían a enviar un destacamento de la Guardia Civil a las comunidades autónomas, en lo que las Rondas Comunales continuaban con su capacitación y certificación, por no responder en tiempo y forma a los llamados de auxilio de las comunidades indígenas y por no cumplir con su obligación constitucional de otorgar seguridad para el pueblo de Michoacán” declararon.
Finalmente, emplazaron al Gobierno de la República y al Gobierno de Michoacán, a instaurar una Mesa de Justicia para las comunidades indígenas, de lo contrario, se movilizarán en sus territorios “para exigir justicia por los defensores de las comunidades desaparecidos o asesinados”.
