Jorge Hidalgo Lugo
La consigna lanzada desde Palacio de Gobierno para destituir ilegalmente al Auditor Superior de Michoacán, arreció a unas horas que el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona ponga sobre la palestra el ordenamiento y así intentar cubrir los serios problemas que enfrenta el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y buscan ocultar presuntos malos manejos detectados en su primera cuenta pública.
En este ataque se han sumado personeros como el ex priista Marco Polo Aguirre y el sempiterno diputado local, líder del Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, en el promiscuo cabildeo para lograr los 27 votos de 40 que como mínimo se requieren para remover al titular del órgano fiscalizador.
Y ahora se agregó la legisladora de Morena, Seyra Alemán Sierra quien pisoteando las normas, fiel al estilo de su jefe de Palacio Nacional, giró órdenes a los contralores municipales de su partido a no cumplir con la Ley Orgánica Municipal.
El embate de Estado que se decretó en las oficinas del Ejecutivo, según trascendidos en el Palacio Legislativo, tiene contra la pared a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda a quien pretenden ligar como “amigo” del ex gobernador Silvano Aureoles y con ese pretexto se instrumenta la arbitraria destitución, con el agregado que se ofertan hasta 2 millones de pesos por voto para lograr la mayoría entre “opositores”, que respalden el dictamen previamente cocinado en comisiones, bajo sospechosas componendas.
En el gobierno que enarbola como lema “Honestidad y Trabajo”, se tiene especial preocupación por los malos manejos detectados tan solo en el primer año de esta gestión sexenal, en áreas como el Colegio de Bachilleres y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por citar sólo dos, por lo que urge tener un fiscal “carnal” que les ayude como los gatos, a ocultar sus suciedades.
Y es el caso de Baltazar Gaona, del PT, quien se presta el juego perverso por la sospecha de las cuentas “alegres” que entregaron en Tarímbaro, sus familiares (padre y hermano) quienes encabezaron la administración municipal pasada y por ello el desbordado interés de degollar al auditor, “aunque no me pagaran por el voto”, según alardeó con este reportero.
Desde la Secretaría de Gobierno a cargo de Carlos Torres Piña, igual se ha trabado una alianza de complicidad con diferentes legisladores para lograr esta empresa que trastoca los ordenamientos legales pues el cargo de Auditor Superior de Michoacán tendría que pasar por un juicio político, mismo que se estarían saltando porque no existen las causales para ello.
La sucia maniobra abarca a panistas y algunos priistas, incluso se habla de uno que otro perredista que ha sido tentado por la jugosa oferta de vender el voto en la sesión de este jueves, según se tiene previsto para abordar el punto en la orden del día.
En tanto eso acontece, la morenista Alemán Sierra, como miembro de la Comisión Inspectora, ha exigido a los Contralores Municipales donde gobierna el partido de Estado, para que se unan a la persecución política en contra del Auditor Superior de Michoacán, bajo el argumento erróneo que el titular del órgano interno les pretende tratar como subordinados y no respeta su autonomía al solicitarles informes sobre sus actividades.
Cabe aclarar que en esta argucia se evidencia la malsana intención de golpear al titular del órgano fiscalizador, porque entregar los documentos que comprueban las cuentas públicas lo disponen como una obligación y no como una facultad optativa o discrecional de los Contralores.
En su ignorancia, la legisladora que cumple la consigna recibida desde Palacio de Gobierno, pretende soslayar lo establecido en las fracciones VI, XVIII y XIX del artículo 79 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, que facultan a la Auditoría para emitir disposiciones en relación con los informes que obliga a los Contralores Municipales a presentar ante esa instancia fiscalizadora.
Es ilegal la persecución contra la Auditoria toda vez que está facultada para emitir los lineamientos en base a lo que se deban rendir informes, así como las sanciones en que pueden incurrir a quienes no los presenten.
En pocas palabras, la legisladora pide pisotear la Ley Orgánica Municipal habida cuenta que ello es una obligación para los Contralores Municipales, no una facultad potestativa, optativa o discrecional, es decir, no queda a su arbitrio presentarlos.
Por si fuera poco tampoco es verídico que los lineamientos con los cuales se inconforman los Contralores tuvieran que estar autorizados por la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, toda vez que la fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, se encuentra dirigida para el cumplimiento de las atribuciones del proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán.
Así, inmersos en su cochinero pestilente, Morena y sus compinches en el Congreso de Michoacán, preparan la guillotina para cortar la cabeza de quien sólo ha intentado cumplir con la labor para la que fue asignado y eso es un peligro para el gobierno en funciones.
