La educación es una prioridad en el análisis del ejercicio presupuestal 2023, afirmó la diputada coordinadora de la Representación Parlamentaria en la 75 Legislatura, Eréndira Isauro Hernández, al destacar los ejercicios que desde las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y Hacienda y Cuenta Pública, se hacen para escuchar a representantes de sistemas y subsistemas de educación es histórico y sirve para conocer sus necesidades.
La legisladora enfatizó que previó a la entrega del presupuesto 2023 por el Gobierno Estatal y que se espera arribe la próxima semana; desde el Poder Legislativo a través de las comisiones se escucha a quienes así lo soliciten, para que se informe sobre las necesidades que tienen y atender en la medida de lo posible sus necesidades.
“Este ha sido un ejercicio histórico, que nos ayuda establecer la viabilidad de los recursos que se les asignará desde el Congreso de Michoacán”, dijo Eréndira Isauro, que recordó que, por primera vez en el Congreso del Estado, se abren estos espacios de diálogo entre los integrantes de las instituciones educativas y representantes populares.
“Es un ejercicio democrático que contribuye a un presupuesto acorde a la realidad que enfrenta cada institución”, expresó al recordar que en días pasados se recibió a los representantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) y del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), este último requerirá de mayores recursos, pues será el responsable de la transición del Gobierno Estatal a Gobierno Digital.
Asimismo, recordó que además de estas instituciones también se ha escuchado a integrantes del magisterio michoacano de diferentes corrientes sindicales, a los integrantes de la extinta Junta de Caminos, en este último caso se hizo el compromiso de analizar la viabilidad de establecer una partida presupuestal para liquidar lo que se les adeuda desde el 2019 con motivo de la extinción de este organismo.
La diputada refrendó su compromiso como integrante de comisiones unidas para garantizar que los recursos que se asignen al rubro educativo sean con un alto sentido de justicia social y beneficien a los sectores más desprotegidos, para garantizar el acceso a la educación a todos y todas las michoacanas.
