Como todo, el Poder Judicial es perfectible, pero no en los términos de la reforma que presentó el presidente López Obrador.
En caso de que sea aprobada, la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sentará una grave regresión a la impartición del Estado de Derecho en México, pues someterá la justicia, aniquilará la división de poderes y ahuyentará inversiones, cuyas graves consecuencias las sufrirán los ciudadanos, los mismos que, irónicamente, el Jefe del Ejecutivo coloca al centro de la iniciativa, aseguró la organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER).
Por lo anterior, el presidente de la institución sin fines de lucro, Rafael Lara Liy, exhortó a quienes conformarán la próxima legislatura del Congreso de la Unión a que valoren y recojan las aportaciones y testimonios de especialistas y funcionarios en materia judicial que se obtuvieron en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma del Poder Judicial para que se apliquen las correcciones necesarias a la iniciativa presidencial, pues de lo contrario las consecuencias serán históricas para el país.
En ese sentido, el Doctor en Derecho por la UNAM, dijo que, si bien es claro que existen áreas de oportunidad para mejorar el Poder Judicial como parte de una estrategia integral en el sector público, es ineludible que los cambios deben privilegiar la justicia, el conocimiento, el bien común y la seguridad jurídica, es decir, lejos de revanchismos políticos o, incluso, ocurrencias.
“Históricamente México ha enfrentado un endeble Estado de Derecho; es claro que siempre será oportuno fortalecer la impartición de justicia en los términos que marca la Constitución, como parte de las medidas para revertir, por ejemplo, el alto índice delictivo que existe en el país, pero la propuesta de que ministros y jueces sean elegidos por voto popular va totalmente en sentido contrario, pues es claro que los impartidores de justicia favorecerán a quienes los apoyaron en su campaña electoral y en donde podría figurar el crimen organizado por su capacidad logística y financiera; entonces, aprobar esta iniciativa traerá consecuencias muy graves al país”, afirmó el especialista.
En ese punto, recordó que además de la presencia del crimen organizado, la hegemonía política y social que hoy en día ostenta MORENA constituye otro grave riesgo si los impartidores de justicia son elegidos por voto popular.
“Tras las elecciones del pasado dos de junio, MORENA y sus aliados políticos gobernarán 24 de las 32 entidades federativas del país, en donde viven tres cuartas partes de la población mexicana, un escenario muy similar al que prevaleció con el PRI; ante dicho panorama ¿Qué movimiento político tendrá el poder para colocar e impulsar a determinados candidatos a magistrados o jueces? La respuesta es obvia y el riesgo aquí es que no habría contrapesos legales frente a cualquier medida que quiera aplicar la autollamada Cuarta Transformación, ya sea a nivel local o federal, pues tendría en sus manos al Poder Judicial en caso de una arbitrariedad o ilegalidad; en otras palabras ¿Qué contrapeso habría en caso de una controversia constitucional?”, alertó el especialista.
Al respecto, recordó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diversas oportunidades quedó manifiesta la división de Poderes de la República a través de resoluciones que emitió el Poder Judicial en contra de disposiciones del Ejecutivo, como el caso de la serie de amparos otorgados a ciudadanos para suspender la construcción del Tren Maya por la falta de permisos ambientales. Y casos similares ocurrieron durante los gobiernos de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, así como del priísta Enrique Peña Nieto.
Por ello, el presidente de RAUDER afirmó que el Poder Judicial se podría convertir en una oficina de partes ante el poder político que hoy en día ostenta MORENA, en detrimento, irónicamente, de los ciudadanos.
“La elección de jueces y magistrados por voto popular podría dejar en absoluto abandono a los ciudadanos; es algo que debemos informar a la ciudadanía, la cual no logra dimensionar los daños que le representa la reforma; la población aprecia como algo lejano el tema de la iniciativa, algo que no les afecta, pero si prospera el proyecto y, en su momento, un ciudadano ve afectados sus intereses por una arbitrariedad del gobierno, como puede ser una expropiación u otra medida, ya no tendrá el respaldo que hoy en día tiene por parte del Poder Judicial, el cual frena ese tipo de disposiciones”, alertó Rafael Lara.
Y lo que sucede, es que la iniciativa del presidente López Obrador propone en el Artículo 94, párrafo octavo, que la elección de ministros, jueces de distrito, magistrados de circuito, de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal de Disciplina Judicial, sea a través de elección popular, a diferencia de lo que sucede hoy en día, en donde, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo manda propuestas al Congreso de la Unión para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese sentido, alertó que dicho escenario también impactará el desarrollo de los negocios en el país, pues empresas tanto nacionales como extranjeras podrían reconsiderar expandir o instalar nuevas inversiones ante la falta de contrapesos en México, tal como sucedió en el sector eléctrico, en donde varias empresas se ampararon en contra de acciones implementadas por el actual gobierno.
El especialista también cuestionó la propuesta de que los magistrados del Tribunal de Disciplina (Párrafo quinto del Artículo 100 de la iniciativa), ocupen dicho cargo durante seis años (igual que el presidente de la República y senadores), pues instancias internacionales, como la Corte Interamericana, han alertado que es fundamental garantizar que no existan coincidencias en el ejercicio de los cargos de las personas responsables de la disciplina judicial a las autoridades que los nombran.
Por lo anterior, el presidente de RAUDER, organización civil cuya acción central es velar por los derechos humanos, exhortó a quienes conformarán la Cámara de Diputados y Senado de la República a priorizar el conocimiento técnico, la justicia, la experiencia internacional y el bien común al momento de votar la controvertida reforma, pues las consecuencias serán graves y las cuales impactarán a todos los mexicanos.
“Será una reforma que golpearía a todos y por eso debemos informar”, afirmó Rafael Lara Liy.
