La década que ya transcurrió desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sin que se conozca el destino de los normalistas y las causas del conflicto constituye un alarmante testimonio de que en México existe un endeble respeto a los derechos humanos, cuyas consecuencias podrían padecer cualquier ciudadano, sin importar condición social, económica o de género, aseguró la organización Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER).
En este sentido, el presidente de la organización, Rafael Lara afirmó que es inadmisible pensar en que transite una tercera administración federal de impunidad, a pesar de que se han documentado, probado y denunciado flagrantes violaciones a derechos humanos, como privación de la vida, tortura, lesiones, privación de la vida, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, obstáculos a la investigación, imputación indebida de hechos, entre otros.
“Tan sólo en materia de tortura, recordemos que el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la mutilación, infamia, azotes, tormento de cualquier especie y la multa excesiva; el caso de Ayotzinapa es un flagrante testimonio de violación de derechos humanos; no debemos permitir que se
repita un caso así en México, pero lo cierto es que la omisión en la aplicación de justicia es una continua violación a los derechos fundamentales”, afirmó el especialista.
Por lo anterior, el dirigente de la organización constituida para velar por los derechos humanos pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumir un compromiso real y no propagandístico para investigar a fondo el caso y, sobre todo, respetar los resultados que de ello emanen, al margen del funcionario o institución involucrada.
“Ya pasaron 10 años, en donde transitaron los sexenios de los presidentes de Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador y desfilaron decenas de funcionarios e instituciones tanto nacionales como extranjeras, pero hoy en día seguimos sin conocer a los responsables tanto materiales como intelectuales, y, sobre todo, el destino de los normalistas, por lo que sería inadmisible que dentro de seis años estemos en la misma condición; tristemente, hay que advertirlo, este caso se enfila a constituirse en otra penosa faceta de impunidad en la historia de México, como ‘el 68’ o los asesinatos del cardenal Posadas Ocampo o el ex candidato Luis Donaldo Colosio”, afirmó.
El activista recordó que la justicia es un elemento fundamental en el Estado de Derecho de cualquier sociedad, por lo que es necesario que las autoridades mexicanas no incurran en actos de omisión o negligencia, ya sea en el caso de Ayotzinapa como en cualquier otro.
El presidente de RAUDER recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha emitido diversas recomendaciones que dan cuenta de la responsabilidad de autoridades federales y estales en actos de omisión o ejecución en el caso, lo que constituyeron graves violaciones a los derechos fundamentales contemplados en la propia Constitución Política y en tratados y acuerdos internacionales suscritos por México.
De esta manera, el abogado constitucionalista hizo votos para que el nuevo gobierno federal tenga auténtica interés en esclarecer el caso, sin compromisos políticos ni retórica, como parte de la reconstrucción del endeble Estado de Derecho que enfrenta el país y fortalecimiento de las instituciones en México.
“Hacemos un llamado a Claudia Sheinbaum, para que se erija como la presidenta que sí tuvo voluntad política para esclarecer el caso de Ayotzinapa, que llegó al fondo de los hechos e hizo valer el Estado de Derecho; sería terrible que pase otro sexenio sin que los mexicanos tengamos respuestas y quede evidenciado la complicidad por omisión de las autoridades mexicanas”, afirmó.
Razón, Autonomía y derecho A.C. es una Asociación Civil sin fines de lucro que nace de la necesidad de defender la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. El objetivo de la asociación es realizar toda clase de actividades relacionadas con la defensa y promoción de los derechos humanos como prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y, consecuentemente la defensa de la autonomía personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
