Si queremos construir un Estado y un país mejor, protejamos a nuestros menores, trabajemos por darles un entorno sano y seguro, señaló Lariza Pérez Campos, diputada por el Partido Acción Nacional en el Congreso de Michoacán al presentar una iniciativa para que se elimine el plazo de la prescripción de la acción penal.
En el proyecto, la legisladora también pide modificar la definición de los tipos penales de Turismo Sexual y Abuso Sexual cometidos contra niños y adolescentes, para que se persigan de oficio.
Esta iniciativa que propone reformar los artículos 159, 160, 166, 167, 168 y se adiciona el artículo 168 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán, explicó contempla la propuesta de brindar una atención integral.
“No solamente a las víctimas afectadas, de manera que continúen su sano desarrollo, determinando que éstos cuenten con protección para que el inculpado no se acerque o tenga contacto con la víctima, sino que la protección se amplíe al entorno familiar, pues se busca preservar además la integridad y privacidad de la víctima, también la de su familia para evitar daños adicionales; proponiéndose además, que se agrave la sanción cuando el inculpado, divulgue por cualquier medio la identidad de la víctima o de su familia”, apuntó.
Incluye además, el acceso a la rehabilitación y readaptación, es decir atención psicológica o psiquiátrica; de los perpetradores de los delitos sexuales, como medida para disminuir la reincidencia, aseguró.
La diputada local recalcó que frente a los delitos de abuso sexual y turismo sexual, que generan en los niños y adolescentes daños físicos, psicológicos y emocionales, es necesario agravar las sanciones, así como considerar otros supuestos de ejecución.
“De manera que se elimine o disminuya la impunidad, proponiéndose como supuestos agravados de los delitos sexuales contra menores por ésta iniciativa, el cometido por las personas que convivan con la víctima por motivos de familiaridad, lo que permitirá abarcar casos que anteriormente se sancionaban de manera más leve; estableciéndose con precisión que el responsable del delito, perderá los derechos que tuviere con la víctima, más no cesará su obligación de dar alimentos cuando así proceda”, atajó.
La iniciativa presentada por la coordinadora de los legisladores del PAN, también establece, que la sanción sea mayor cuando el responsable, allane el lugar donde se encuentre la víctima; cuando se administre a la víctima una sustancia tóxica; cuando se cometa en instituciones de atención psicológica, de adicciones, médica, religiosa, de guarda o custodia y cuando de su comisión, se cause a la víctima una enfermedad de transmisión sexual o incurable, supuestos que anteriormente no estaban considerados en la Ley y que de acuerdo a las estadísticas, se cometen reiteradamente.
Lariza Pérez pidió que a los sentenciados por estos delitos no se les conceda ningún beneficio de libertad anticipada, “siendo necesario resaltar que poco más de 20 entidades del país establecieron que el delito de abuso sexual cometido contra menores y personas que no tienen capacidad de resistir el hecho, debe ser perseguido de oficio, y en Michoacán no podemos quedarnos rezagados ante tan grave flagelo”, sentenció.
También lamentó que resulta alarmante el número de casos de turismo y abuso sexual cometidos contra menores en Michoacán y en todo el país; y recordó que aunque las estadísticas al respecto no son específicas debido en parte a la cifra negra de los casos no denunciados según datos de la Fiscalía del Estado, en el año 2019, se registraron más de 140 casos por el delito de abuso sexual, lo que colocó a Michoacán a nivel nacional, en el Lugar 19 por registro de este delito. Y por lo que respecta al delito de turismo sexual, algunas de las ciudades michoacanas son consideradas como de las rutas, y un foco rojo dentro de este tipo de ilícito.
“Como autoridad tenemos la inevitable responsabilidad de proteger a la niñez, promoviendo las sanciones necesarias ante cualquier conducta que impida su libre y pleno desarrollo”, sentenció.
