Con la finalidad de suspender de manera cautelar o retirar definitivamente la patria potestad de los padres sospechosos o condenados por el delito de feminicidio de las madres, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para modificar el Código Familiar del Estado de Michoacán.
Al tomar en referencia a la “Ley Monzón”, aprobada en el estado de Puebla y publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el mes de marzo pasado, Núñez Aguilar busca que en Michoacán se reconozca que el delito de feminicidio sea una causa de pérdida de la patria potestad para quien lo cometa.
Recordó que tal legislación se presentó en justicia al asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuyo autor intelectual del delito se presumió fue su pareja y padre de su hijo menor de edad, a quien la activista y ex candidata al gobierno de ese municipio, había reclamado en litigio pensión alimenticia.
“De tal manera que el interés superior de las infancias esté por encima siempre”, puntualizó al recordar que, dada la decisión legislativa del Congreso de Puebla, en estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas, y Guanajuato, se han presentado iniciativas para armonizar sus normativas civiles o familiares locales en dicho sentido.
Con su propuesta se adicionarán la fracción XII al Artículo 422 y la fracción V al Artículo 425 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en donde se especifica la perdida de la patria potestad cuando exista una sentencia condenatoria en caso de feminicidio de la madre, al igual que será suspendida cuando haya un auto de vinculación a proceso dictado por dicho delito. Ambos casos en grado de tentativa.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre del 2022 se registraron 695 casos de feminicidio en Michoacán, cuyas víctimas fueron asesinadas por las parejas padres de sus hijos, en la mayoría de los casos.
