A fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, así como dotar de transparencia y certeza en la ocupación de puestos vacantes o de nueva creación, la diputada federal de Acción Nacional, Berenice Juárez Navarrete propuso la iniciativa para reformar los artículos 19-A y 154 de la Ley Federal del Trabajo elaborada por la estudiante michoacana, Hilda Mireya Rubio Ruiz, quien fue elegida en el primer concurso “Juntos Legislemos”.
En tribuna, Berenice Juárez, señaló que la iniciativa busca que, en los periodos de prueba en las relaciones laborales por tiempo indeterminado, un observador de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Trabajo califique si un trabajador satisface o no los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, que a su vez sirve para que, a juicio del patrón, se dé por terminada o continúe la relación laboral.
“Un caso claro, es cuando en repetidas ocasiones las empresas, sin importar su naturaleza, llevan a una mala praxis de los artículos 39-A y 154 de la Ley Federal Del Trabajo, con esta iniciativa se contará con la transparencia y la certeza, tanto para el trabajador como para que el empleador continúe con en el procedimiento de toma de decisiones del empleador sobre su capital humano”, señaló.
Juárez Navarrete, indicó que en México existen 58.8 millones de personas económicamente activas, quienes merecen contar con condiciones dignas, así como una relación laboral igualitaria en la que no se vulneren sus derechos laborales, al reconocer que en el país, existen centros de trabajo que contratan personas por tiempo indeterminado, por lo que en diversas ocasiones se aprovechan del vacío legal y realizan contrataciones mensuales que impiden que el trabajador alcance antigüedad en su trabajo, evadiendo así responsabilidades laborales.
“Es muy común encontrarse con empleados con el deseo de superación laboral y que resultan no ser tomados en cuenta de forma transparente y justa en la selección de un proceso de ascenso, ya que la decisión final sigue siendo facultad discrecional del patrón y carece de transparencia, es verdad, que no se puede intervenir en las decisiones y administración de una empresa, pero el Estado, a través de su cuerpo normativo, debe regular la existencia de mecanismos que procuren el equilibrio e igualdad de condiciones entre los posibles candidatos a un ascenso”, consideró.
