“No hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad”.
— Hannah Arendt
Marco Aguilar
(Pätzcuaro 2025)
EL LENGUAJE DE LA PAZ COMO SIMULACRO
El Plan de Paz y Justicia de Michoacán no es un programa de Estado: es una puesta en escena.
Se presenta como una estrategia integral para restaurar la convivencia y reconstruir el tejido social; sin embargo, su estructura revela una operación discursiva más que una política pública. La paz se convierte en una palabra administrada por el poder, un eslogan revestido de moral y buenas intenciones que sustituye al trabajo institucional, a la planeación y al reconocimiento de la crisis real que vive la entidad.
No hay en el documento una metodología clara, indicadores verificables ni mecanismos de seguimiento. Lo que se ofrece es una narrativa, no un programa. En lugar de una política de Estado, el plan funciona como un relato político destinado a legitimar a sus promotores y a distraer de las causas estructurales de la violencia. Se invoca la paz mientras se gobierna desde el conflicto.
LA JUSTICIA COMO RETÓRICA DE PODER
El discurso oficial reduce la justicia a un principio abstracto, despojado de contenido social. No habla de reparación ni de memoria, sino de gestión y control. Se presenta como un bien que el Estado concede, no como un derecho que la sociedad exige. En esa inversión simbólica, la justicia pierde su sentido: ya no es el resultado de la verdad ni del reconocimiento, sino un mecanismo de obediencia que normaliza el deterioro.
En un país donde las fiscalías se subordinan al poder político y la impunidad alcanza más del 90%, hablar de justicia sin verdad es perpetuar el simulacro. El plan reproduce los viejos hábitos de la burocracia moral: diagnostica sin escuchar, promete sin transformar. Su lenguaje pretende sanar, pero termina encubriendo. Frente al dolor social y la fragmentación comunitaria, el documento no ofrece caminos de reconciliación ni mecanismos de diálogo. Es un texto que busca ordenar las apariencias, no reparar la realidad.
LEGALIDAD Y SIMULACRO
El Plan de Paz y Justicia de Michoacán constituye un acto administrativo ultra vires e inconstitucional, emitido sin sustento jurídico y fuera del marco de competencias estatales. Más grave aún, fue elaborado a petición expresa de la presidenta de la nación, lo que implica una intromisión del poder federal en la esfera local y una violación a los principios de soberanía y autonomía establecidos en la Constitución.
De acuerdo con los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las políticas públicas de seguridad y justicia deben ser diseñadas dentro del ámbito competencial del estado, no por instrucciones del Ejecutivo federal. Desde el punto de vista legal, este acto carece de fundamento y se sostiene en una legalidad aparente. Desde el punto de vista político, revela una práctica de subordinación y propaganda coordinada entre niveles de gobierno.
La llamada “paz” se convierte así en una política de obediencia, donde el lenguaje institucional sirve para encubrir la concentración del poder y la ausencia de resultados reales.
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Frente a la simulación, lo ético sería que el propio Estado asumiera su responsabilidad. No basta con enunciar la paz; es necesario revisar las decisiones de gobierno, evaluar sus consecuencias y deslindar responsabilidades al más alto nivel. La crisis que vive Michoacán no es sólo de seguridad: es una fractura moral del poder público.
En este contexto, la palabra “paz” se vuelve un espejo que refleja la distancia entre el discurso y la realidad. No hay paz donde el Estado administra la violencia ni justicia donde el poder se absuelve a sí mismo.
Quizá la paz comience cuando el gobierno escuche;
cuando la justicia deje de ser un trámite y el territorio vuelva a ser casa.
Hasta entonces, toda política de paz será un simulacro más.
EPÍLOGO
En un verdadero Estado de Derecho, un acto de esta naturaleza debería ser impugnado por la vía del amparo, pues representa una violación abierta a la legalidad y a los principios constitucionales de soberanía y competencia. Sin embargo, hoy el poder judicial, sometido a la voluntad del Ejecutivo, ha perdido su función de equilibrio y control.
Esa es la fractura más profunda: no sólo la ausencia de paz, sino la disolución de las garantías que la sostienen. Recuperar la paz exige restaurar el Estado de Derecho: no un poder sometido, sino un poder limitado por la ley.
Restaurar la confianza pública no requiere nuevas campañas ni discursos de redención, sino una reconstrucción moral e institucional del país. La paz, como la justicia, no se decreta: se construye desde la verdad y la responsabilidad del Estado.
ABSTRACT
Este artículo examina críticamente el Plan de Paz y Justicia de Michoacán, identificando su carácter discursivo, su falta de sustento jurídico y su naturaleza política subordinada. Se argumenta que el plan funciona como un acto administrativo ultra vires e inconstitucional, promovido a petición presidencial, y que su lenguaje reproduce una retórica de control más que una política de reconciliación. El texto concluye que la paz no puede decretarse desde el poder, sino construirse desde la verdad, la justicia y la responsabilidad del Estado.
