Horacio Erik Avilés Martínez*
Generó conmoción nacional el asesinato de Norma Lizbeth Ramos Pérez, estudiante de 14 años quien cursaba el tercer grado en la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, quien perdió la vida al ser golpeada por otra estudiante con un objeto contundente mientras sus compañeros solo acertaron a filmar la escena. Al parecer, no había personas adultas ni autoridad alguna en la escena.
Si bien, ya hubo consecuencias para la directora del plantel, así como para la presunta responsable y su familia, la situación rebasa por completo la actitud reactiva y contingencial de la autoridad, así como la contemplación descomprometida de amplios sectores sociales.
Al estar en la agenda pública la situación acontecida, existe consenso en que la violencia escolar debe ser prevenida y erradicada de las escuelas de México, porque constituye un fenómeno terrible que genera consecuencias vitalicias para quienes se vieron inmersos en situaciones inaceptables, ya sea en calidad de víctimas, de victimarios o de testigos.
El caso exhibió la muy escasa capacidad institucional para afrontar la violencia en cada comunidad escolar. El gobierno debe actuar inmediatamente al respecto y garantizar que se cumplan los derechos de las niñas, niños y jóvenes a estar, a aprender, a participar y a convivir en un entorno seguro, libre de violencia.
Sí, existe normatividad, recomendaciones, consejos preventivos y protocolos de atención, pero no hay formación inicial para el personal educativo ni programas de capacitación y actualización para que puedan contrarrestar este fenómeno y reducirlo a su mínima expresión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la omisión de las autoridades en la atención de violencia escolar les genera responsabilidad civil, así como sanciones administrativas o penales. Sin embargo, ante el marco punitivo no existe correspondencia en inversión pública ni en políticas preventivas debidamente implementadas.
Al encontrarse nuestra nación sumergida en picos históricos en materia de violencia y de incidencia delictiva deberían de existir programas en las comunidades escolares que permitieran primeramente garantizar que éstas fuesen espacios seguros y libres de violencia, para que a su vez constituyeran cabezas de playa en el cambio cultural. Sin embargo, los indicadores y la casuística nos indican que todo queda a nivel de discurso.
Urge que la Secretaría de Educación Pública tome con la máxima responsabilidad el caso de Lizbeth y diseñe políticas públicas en la materia que protejan a las generaciones en formación del riesgo de que sobrevengan más casos similares.
Está comprobado que, bajo un clima de violencia, el ejercicio de los derechos educativos se deteriora inmensamente. Los estudiantes dejan de estar y de permanecer escolarizados, ausentándose de clases y hasta abandonando sus escuelas, el aprendizaje no sucede, se pierde el interés y la curiosidad por los contenidos disciplinares, así como la convivencia y la participación escolares se vuelven tóxicas e insoportables, se inhiben las interacciones y las comunidades escolares se desgarran en su tejido social interno. Las cifras no mienten.
El estado mexicano a través de la autoridad educativa debe rendir un informe detallado de todas las acciones, de la normatividad, de los procesos, recursos y personal involucrado en la prevención de la violencia escolar.
Y por supuesto: hay demasiadas acciones que podemos tomar por cuenta propia en nuestro entorno los ciudadanos, en nuestro ámbito de influencia, con nosotros mismos y con nuestras familias.
A diferencia de los funcionarios, a nosotros no nos pagan por ello, pero las consecuencias de nuestra apatía o inacción nos alcanzarán y rebasarán. Es tiempo de decir alto a la violencia.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y Director Fundador de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
