Con el objetivo de aportar a la buena marcha de la institución, en 2023 el pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán aprobó diversos acuerdos relevantes encaminados a materializar una justicia eficaz y cercana a la gente en los 23 distritos judiciales.
En este sentido, para promover la cultura de la ética judicial, se emitió el reglamento del Comité de Ética que especifica de manera puntual y concreta la aplicación de principios éticos, valores y reglas contenidas en el Código de Ética y el Código de Conducta del Poder Judicial; dicho reglamento busca asegurar que las personas servidoras públicas actúen de manera ética y transparente en el ejercicio de sus funciones.
Con el objetivo de facilitar la comunicación y la toma de decisiones administrativas, el máximo órgano administrativo determinó la creación de la figura de juez coordinador en distritos judiciales con más de un órgano jurisdiccional; esta medida tiene como objetivo mejorar la coordinación entre los diferentes órganos judiciales.
Además, en seguimiento a las acciones del Programa de mejoramiento de instalaciones y condiciones de trabajo, el Consejo autorizó cambios de domicilio a mejores sedes para diversas oficinas jurisdiccionales y administrativas, incluyendo la Unidad de Atención en Maravatío y Zitácuaro, del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Apatzingán, además de la concentración de oficinas en Uruapan y Pátzcuaro.
Por otra parte, se implementó la Oficialía de Partes Automatizada de Término (OPAT) en materia laboral, que permite a los operadores jurídicos presentar escritos fuera del horario de atención al público; esta medida responde a la necesidad de adoptar mecanismos de recepción de documentos, con la incorporación de herramientas tecnológicas y digitales.
Estos acuerdos reflejan el compromiso del Consejo del Poder Judicial de Michoacán por garantizar una justicia eficaz y cercana a la gente, fortaleciendo así la buena marcha de la judicatura en el estado.
Cada acuerdo del máximo órgano administrativo de la institución se basa en el análisis y valoración correspondiente del tema, para aportar al correcto funcionamiento de la administración de justicia, mejorar las condiciones de trabajo del personal y la atención al público.
