Horacio Erik Avilés Martínez*
Este 4 de marzo, el mundo conmemoró el Día Mundial de la Obesidad. Este año, la campaña que lanzó la Federación Internacional de la Obesidad convocó a ocho mil millones de voces para exigir que la obesidad sea reconocida como una enfermedad crónica compleja, alimentada por determinantes sociales, económicos y comerciales, no por la debilidad de voluntad de quienes la padecen.
En México, la Secretaría de Salud respondió al llamado con la presentación de la Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad, que incluye un estudio con aproximadamente 500 mil personas y una ruta de acción al 2030.
Michoacán, que tiene rezago documentado en el programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, no anunció ninguna acción pública específica en el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026.
Las cifras son inapelables. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más del 75% de los adultos y el 35% de niñas, niños y adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad.
En la población de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad combinados pasó de 34.4% en 2012 a 36.2% en 2022; en ese mismo periodo, la obesidad en ese grupo de edad subió de 14.6% a 18.1%, según datos de la Ensanut 2020-2024. En adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso más obesidad alcanzó el 40.1%.
México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, superado por Estados Unidos. Según UNICEF, la obesidad ya superó al bajo peso como forma más predominante de malnutrición entre la niñez en edad escolar en el mundo. Si no se revierte la tendencia, el costo acumulado de la obesidad infantil para México podría alcanzar los 42 mil millones de pesos —equivalente al 1.1% del PIB nacional— en las próximas décadas.
Las proyecciones globales son devastadoras: para el año 2035 podrían existir cuatro mil millones de personas con sobrepeso u obesidad en el mundo. En México, organismos nacionales estiman que para 2030 más del 40% de toda la población podría estar en esa condición.
En Michoacán, los indicadores de sobrepeso y obesidad en niñas y niños se ubican por debajo del 27%, cifra menor a estados como Nuevo León, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato, donde más del 40% de la infancia padece esta condición. Sin embargo, esta estadística no es una medalla. Es, en muchos casos, el reflejo de otro problema igualmente grave: la desnutrición y la inseguridad alimentaria severa que prevalece en comunidades rurales e indígenas de la entidad. En Michoacán conviven, en la misma aula, niñas con desnutrición crónica y niños con obesidad.
Ambas condiciones son expresiones distintas de la misma injusticia: el hambre de derechos, la pobreza alimentaria estructural y la ausencia del Estado en los comedores escolares, en las cooperativas y en las tienditas que rodean cada plantel.
Michoacán no registra bajas tasas de obesidad porque sus escuelas sean saludables, sino porque muchos de sus niños no comen suficiente. La desnutrición y la obesidad son dos caras de la misma moneda de la injusticia alimentaria.
El programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, que busca atender la salud de 12 millones de escolares en primarias públicas, registra rezago documentado precisamente en Michoacán, junto con Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero. Es decir, las entidades con mayor pobreza y marginación son también las que van más atrás en la atención.
Según datos de la Redim y El Poder del Consumidor, el 98% de las escuelas del país venden comida chatarra a menores de edad, el 95% ofrece bebidas azucaradas y el 79% comercializa refrescos. Esto ocurre con mayor intensidad y sin ningún control en los planteles más vulnerables y alejados de los centros urbanos.
Las comunidades escolares que enfrentan mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad estructural son precisamente aquellas donde la política de alimentación escolar llega más tarde, incompleta o simplemente no llega.
En las escuelas unitarias y multigrado casi no existe infraestructura de bebederos, no hay cooperativas escolares reguladas, no se cuenta con refrigeración ni con agua segura. Los niños traen tortillas con sal como alimento para todo el día, mientras que en los alrededores de la escuela proliferan las tienditas que venden frituras, refrescos y dulces.
El docente de escuela unitaria, que ya carga con la responsabilidad de atender simultáneamente a niños de primero a sexto grado, no tiene formación en nutrición, no tiene tiempo ni recursos para implementar proyectos de huerto escolar y no cuenta con apoyo especializado en salud alimentaria. En estas comunidades, además, los propios docentes y sus familias padecen las mismas condiciones de vulnerabilidad nutricional.
La irrupción de los ultra procesados en las economías rurales michoacanas es, en sí misma, un fenómeno de desarrollo regional que merece estudio urgente: el abandono de la dieta tradicional ha sido reemplazado por la accesibilidad económica de los productos industrializados que, paradójicamente, cuestan menos y están más presentes que una fruta o una verdura fresca.
El sistema educativo mexicano y el michoacano en particular, incurren en omisiones sistemáticas que constituyen vulneraciones al derecho a la salud de niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros y sus familias. Estas omisiones responden a una arquitectura institucional que históricamente ha desvinculado la educación de la salud.
Las educadoras de preescolar y los maestros de primaria no reciben formación inicial ni continua específica en nutrición y salud alimentaria. Se les pide que formen hábitos sin haberlos aprendido ellos mismos en sus trayectorias profesionales.
Miles de escuelas michoacanas no cuentan con bebederos de agua potable operativos, lo que hace imposible el cumplimiento de la obligación de ofrecer agua simple a libre demanda, establecida en los lineamientos de septiembre de 2024 publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Las cooperativas escolares, cuando existen, operan, en los hechos, sin supervisión nutricional, sin criterios de selección de productos y sin rendición de cuentas. En la mayoría de las escuelas rurales michoacanas, la cooperativa es simplemente la tiendita más barata de la comunidad trasladada al interior del plantel.
Al respecto, desde hace meses he sostenido, en distintos foros y espacios de incidencia, que la figura del nutriólogo escolar es la respuesta estructural más eficaz, más pertinente y urgente para enfrentar la crisis alimentaria en las comunidades educativas de México y de Michoacán.
El nutriólogo o nutrióloga escolar es un profesional de la salud con formación en ciencias de la nutrición que se adscribe de manera permanente a una comunidad escolar o a un circuito de escuelas cercanas. Su función, además de clínica, es educativa, preventiva, comunitaria y de derechos.
El costo estimado de un programa de nutriólogos escolares en Michoacán para las zonas de mayor marginación —aproximadamente 1,200 escuelas en los quintiles de mayor vulnerabilidad— representaría una fracción mínima del costo futuro de atender las enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y la desnutrición. UNICEF estimó que el costo acumulado de no actuar ante la obesidad infantil en México puede llegar a 42 mil millones de pesos. Invertir en nutriólogos escolares es infinitamente más barato que pagar mañana en diálisis, amputaciones y cardiopatías.
Por lo anterior, es imprescindible activar de manera urgente y en todas las escuelas el programa Vive Saludable, Vive Feliz en Michoacán con una hoja de ruta clara, recursos etiquetados y plazos de cumplimiento públicamente verificables. El rezago de Michoacán es una decisión política que impacta la esperanza de vida de un millón doscientos mil estudiantes.
También, se debe establecer dentro del sistema educativo michoacano la figura del nutriólogo escolar itinerante, comenzando por las zonas de mayor marginación, como parte de la plantilla de personal de apoyo a la educación básica.
Así también, se debe garantizar que el 100% de las escuelas primarias y preescolares públicas de Michoacán cuenten con bebederos de agua potable operativos antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 e implementar un programa de formación docente continua en educación nutricional, con especial énfasis en la recuperación de la dieta tradicional michoacana y en la lectura crítica del etiquetado frontal de alimentos.
Urge supervisar efectivamente el cumplimiento de los lineamientos de alimentación escolar en todos los planteles, con sanciones reales para quienes permitan la venta de ultra procesados dentro y alrededor de las escuelas.
Se deben de activar mecanismos de coordinación permanente entre el sistema educativo y el sistema de salud michoacano para garantizar que ningún niño o niña con obesidad o desnutrición detectada en la escuela quede sin atención médica y nutricional oportuna.
Y, de manera estructural, se debe declarar la salud alimentaria escolar como prioridad de la política pública michoacana y asignarle una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027.
Es momento de asimilarlo a fondo: en cada escuela multigrado de la Sierra-Costa, en cada plantel de la Cañada de los Once Pueblos y en cada aula de las colonias de alta marginación de Morelia, Zamora o Uruapan hay una niña o un niño cuyo futuro se está decidiendo hoy, en la realidad cotidiana de lo que come o no come antes de entrar a clases.
La obesidad y la desnutrición son el resultado de sistemas fallidos: sistemas alimentarios colonizados por la industria ultra procesada, sistemas educativos que dan la espalda a la salud, sistemas de salud que llegan tarde o no llegan y sistemas políticos que prefieren los anuncios a la acción.
En el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026, México ha dado un paso con su Estrategia de Desaceleración. Es un paso necesario, pero insuficiente si no llega a las aulas, si no aterriza en los comedores escolares, si no se materializa en el nutriólogo que entra cada semana a la escuela de la comunidad indígena y que le dice a la maestra, al director, a la madre de familia: “Aquí estoy. El derecho a la salud de sus hijos también es mi responsabilidad”.
Michoacán tiene una deuda histórica con sus comunidades escolares. Saldarla es posible. Hacerlo es urgente. Negarse a hacerlo es, desde cualquier perspectiva de derechos humanos, una violación. El nutriólogo escolar no es un lujo. Es un derecho. Y los derechos no se esperan: se conquistan, se exigen y se defienden ejerciéndolos.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
