Cuando el poder se incomoda ante la crítica
*Sobre la estigmatización del disenso en Pátzcuaro
*El poder que no tolera la crítica termina por temerle a la palabra
Marco Aguilar
En días recientes, durante una conferencia radiofónica matutina, el presidente municipal de Pátzcuaro utilizó un espacio institucional para referirse -sin mencionarlo por nombre- a un ciudadano crítico, atribuyéndole intenciones negativas, señalándolo como ajeno a la comunidad y sugiriendo incluso que “debería irse de aquí”.
En el transcurso de dicha intervención, llegó incluso a referirse al crítico como un “tipejo”, término que no sólo resulta impropio del lenguaje público, sino que evidencia una descalificación personal emitida desde una posición de poder.
No se trató de una discrepancia de ideas ni de un debate público. Fue un señalamiento realizado desde una tribuna oficial, utilizando un micrófono institucional, sin posibilidad de réplica y con una carga simbólica que merece ser analizada con seriedad.
Conviene subrayar un punto esencial: cuando una autoridad se expresa en un espacio institucional, no lo hace a título personal. Habla en su calidad de representante del Estado.
Por ello, el uso de calificativos peyorativos o expresiones denigrantes no puede entenderse como una opinión privada, sino como un acto de ejercicio del poder, con implicaciones políticas, éticas y jurídicas.
Este tipo de discursos no son menores. Cuando una autoridad utiliza su investidura para deslegitimar públicamente la crítica ciudadana, no sólo vulnera a la persona aludida: erosiona el espacio democrático y envía un mensaje implícito al conjunto de la sociedad. El mensaje es claro: criticar incomoda, y quien incomoda será señalado.
Más aún, se activa una lógica preocupante: la del enemigo interno. La crítica deja de ser entendida como una aportación legítima y se traslada al terreno de la sospecha, de la descalificación personal o de la supuesta ajenidad a la comunidad. Cuando el poder no discute los argumentos, desplaza el debate hacia la identidad del crítico; cuando no refuta el contenido, intenta desacreditar a quien lo emite.
Conviene subrayar algo fundamental:
la crítica ciudadana no es un acto de sabotaje, ni una amenaza al municipio, ni una conducta antipatriótica. Es un derecho constitucional y, en contextos patrimoniales, urbanos y culturales -como el que vive Pátzcuaro-, es también una responsabilidad ética.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al respecto.
El artículo 6º garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas;
el artículo 7º protege la libertad de expresión sin censura previa;
y el artículo 134 establece que los recursos públicos deben utilizarse con imparcialidad, sin influir en la equidad del debate público.
Descalificar desde un medio institucional a quien ejerce su derecho a la crítica contraviene no sólo el espíritu democrático, sino el marco constitucional que rige la función pública.
Se ha repetido con frecuencia una idea peligrosa: que quien critica “no propone”. Esta afirmación parte de una confusión deliberada.
El ciudadano no tiene la obligación de sustituir a la autoridad, ni de presentar proyectos ejecutivos para poder señalar errores, inconsistencias, simulaciones o posibles ilegalidades.
La crítica fundamentada es en sí misma una aportación, porque permite corregir rumbos, transparentar decisiones y evitar daños mayores.
Más preocupante aún es la insinuación de que la crítica “genera inestabilidad” o “atenta contra el municipio”. La historia demuestra lo contrario: las sociedades se debilitan cuando el disenso se reprime, no cuando se expresa.
El verdadero riesgo no es la palabra crítica, sino la incapacidad del poder para escucharla.
Es importante entender que estos señalamientos no se agotan en la persona aludida. Funcionan como un mensaje disciplinador dirigido al conjunto de la ciudadanía: una advertencia implícita sobre lo que ocurre cuando alguien cuestiona públicamente. El efecto buscado no es el diálogo, sino la autocensura.
Resulta significativo que, tras estos hechos, hayan surgido muestras espontáneas de apoyo por parte de ciudadanos y medios de comunicación. No como respaldo a una persona en lo individual, sino como defensa de un principio colectivo: el derecho a cuestionar al poder sin ser estigmatizado por ello.
Pátzcuaro no se defiende silenciando voces ni expulsando simbólicamente a quien piensa distinto.
Se defiende con instituciones maduras, con autoridades capaces de escuchar sin descalificar, y con una ciudadanía activa que observa, cuestiona y señala cuando algo no está bien.
La crítica no debilita al municipio.
Lo fortalece.
Lo que verdaderamente lo pone en riesgo es confundir el ejercicio del poder con el derecho a desacreditar, y el micrófono público con un espacio para el señalamiento personal.
En una comunidad que aspira a ser reconocida por su valor histórico, cultural y humano, la tolerancia al disenso no debería verse como una amenaza, sino como una señal de madurez democrática.
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