José Cruz Delgado
Hace días, el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla a través de un decreto eliminó las multas de tránsito, según él para salvaguardar la seguridad vial y los derechos, pero más que eso fue una medida populachera y electorera, además, abrió la puerta a la extorsión y corrupción de parte de los agentes de la guardia civil, que de por sí, está contaminada por el virus de la corrupción hasta la médula.
Pues ahora, seguramente los flamantes «guardianes de la ley» harán de las suyas, como siempre lo han hecho, pondrán cualquier pretexto como el no portar factura, tarjeta de circulación, placas o licencia de manejo para extorsionar al conductor bajo el pretexto de combatir el robo de autos y la inseguridad y le dirán que el vehículo será llevado al corralón a no ser que se llegue a «un acuerdo monetario» (extorsión).
O sea, el gobernador le dio (a la guardia civil) licencia para robar a los conductores a discreción. Los agentes están felices, y más en estas fechas porque dicen que podrán tener para los juguetes y las cenas de navidad y año nuevo.
Esto podría traer como consecuencias accidentes de tránsito, porque muchos conductores podrán pasarse los altos y conducir a alta velocidad, al fin y al cabo, no hay infracciones y con una lana arreglan el asunto.
Los más afectados son quienes vienen de otros estados del país que por traer placas de otra entidad son objeto de extorsión, incluso, los agentes los cazan a las entradas de Morelia.
Seguramente van a llegar muchas quejas a la Comisión Estatal de Derecho Humanos.
Lo peor es que muy pocos se atreverán a poner la denuncia por extorsión porque no quieren perder el tiempo y no tienen confianza en las autoridades.
Tiene razón el alcalde de Morelia Poncho Martínez, la aplicación de multas y sanciones de tránsito, en este caso por parte del municipio permitirá que haya orden y prevalezca la cultura cívica, de otra manera en la capital se puede caer en la anarquía.
No se propicia la recaudación, se busca educar a la sociedad y poner orden mediante la implementación del sistema de justicia cívica, donde las infracciones y faltas administrativas son penalizadas con multas económicas y trabajo en favor de la comunidad.
Tiene razón, la gente cuando va a otros países acata las normas, porque sabe que las sanciones y las multas son fuertes y hasta a la cárcel puede parar, ahí está el ejemplo de Estados Unidos, pero en México hay relajación porque sabe que con una «mordida» se arregla todo, y esto pasa en Michoacán, gracias al decreto de Ramírez Bedolla que se institucionalizó esta práctica, y vaya que para eso son buenos las y los elementos de la secretaría de seguridad pública y la guardia civil, aunque aclaro, hay algunas y algunos elementos que son honestos y hacen bien su trabajo pero son contados.
Dice el dizque gobernador que el objetivo es que los agentes estatales se enfoquen en la realización de las labores de seguridad, sin injerencia en trabajos de tránsito y vialidad, así como mitigar la corrupción y la discrecionalidad, al reducir el esquema sancionador, ¿de verdad? ¿entonces porque la guardia civil caza a las unidades foráneas en las entradas a Morelia y las detiene para según inspeccionarlas y les bajan una lana porque son placas de otros estados?
Déjese de ocurrencias, ya deje atrás el tema electoral, va para cinco años de desgobierno y sigue pensando en el tema, firmando ocurrencias que en lugar de beneficiar perjudican.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
