José Cruz Delgado
Increíble pero cierto, al (des) gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla le importó más irse a festejar los siete años de la cuarta deformación que atender el problema del atentado terrorista en la cabecera municipal de Coahuayana, en el que perdieron la vida cinco personas y al menos 12 lesionadas, además de afectar un número indeterminado de inmuebles.
Eso demuestra el grado de frivolidad e insensibilidad del mandatario. Tiene razón el líder priista Memo Valencia, vamos de tragedia en tragedia con todo y el dichoso Plan Michoacán.
Efectivamente, Morena de fiesta y los criminales siembran terror en Michoacán; el pueblo no merece gobiernos con gobernantes frívolos.
Para el jefe panista Carlos Quintana, la violencia en el municipio de Coahuayana evidenció la realidad que vive el país, bajo el gobierno autoritario del Cártel de Morena que decidió no suspender su «acarreafest» en el Zócalo capitalino, para burlarse una vez más de las y los mexicanos.
Una vez más Michoacán es reconocido a nivel nacional e internacional por la ola de violencia. Los partidos opositores como el PRI y PAN cuestionan la efectividad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tan es así que la delincuencia puso en evidencia a las autoridades federales y estatales que también incluye al municipio de Coahuayana, donde la delincuencia se atrevió a evidenciar y desafiar el trabajo de las fuerzas federales y estatales, fue como decirles «aquí estamos».
Ramírez Bedolla cayó en omisión, pues tuvieron que pasar 24 horas para que se dignara a ir a Coahuayana supervisar la atención que las instancias del gobierno estatal y federal brindan a las víctimas de la explosión así como las acciones operativas que se registran, no debió acudir al Zócalo porque era prioridad lo que estaba ocurriendo en el estado que supuestamente gobierna, y digo supuestamente porque desde hace mucho perdió el control y sucumbió ante el crimen organizado que son los que llevan la batuta.
El diputado federal y líder del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, hizo un llamado a mantener y reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, luego de los hechos registrados el sábado en el municipio de Coahuayana.
Tras expresar su solidaridad con las familias afectadas, señaló que este tipo de acontecimientos demuestran la importancia de no bajar la guardia y de continuar fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
«El Estado debe actuar con firmeza y continuidad. La seguridad no puede relajarse; debemos seguir avanzando para que las familias michoacanas vivan en paz, dijo.
Hizo un llamado a mantener la presencia institucional de manera permanente y a reforzar las estrategias preventivas, con el fin de proteger a la población y garantizar la estabilidad en el municipio.
Y siguiendo el tema político, hace unos días el presidente municipal de Morelia Poncho Martínez, dijo que presentará la solicitud de un nuevo empréstito ante el Congreso del Estado por un valor de hasta 344 millones de pesos a pagar en 15 años, que será para poder fondear la parte proporcional que tocaría aportar al ayuntamiento para la construcción de una Nueva Planta Potabilizadora de Agua, el cual también tendrá aportación del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, aclarando que dichos recursos no comprometería las finanzas a los próximos gobiernos ni tampoco sería utilizado para el pago corriente o pagos a nóminas.
Lo dije en una entrega anterior que iba a ser criticado por su acérrimo rival político, el diputado morenista Juan Carlos Barragán, y no me equivoqué, como a este personaje ningún chile le embona, de inmediato acusó a Poncho de pretender endeudar al municipio y de empeñar el futuro de miles de familias morelianas, claro que critica para sacar raja política pues pretende ser candidato a la presidencia municipal.
PROPONE OCTAVIO QUE SE RECONOZCA LA DISCRIMINACIÓN ESCOLAR..
Por esta vez le reconozco al diputado perredista Octavio Ocampo algo bueno, pues presentó ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, que busca reconocer la discriminación escolar como una forma específica de agresión, así como establecer mecanismos de prevención, atención y sanción en los centros educativos de Michoacán.
De esta manera se garantiza una educación libre de exclusión y violencia. La propuesta adiciona diversas fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la ley vigente, con el propósito de incorporar protocolos específicos para atender casos de discriminación, reforzar el papel del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar y promover campañas educativas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.
Tiene razón, la escuela debe ser un espacio donde todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y se desarrollen sin miedo, sin burlas, sin exclusión y no se puede permitir que la discriminación siga normalizándose como parte de la vida escolar.
Destacó que de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, Michoacán se ubicó como el cuarto estado con mayor discriminación hacia la niñez y adolescencia, con un 36.7 % de menores que afirmaron haberse sentido discriminados. Entre ellos, el 40.9 % pertenecían a comunidades indígenas y casi la mitad tenía alguna discapacidad.
Asimismo, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer) muestran que en 2021, tres de cada diez estudiantes michoacanas reportaron haber sufrido violencia en el entorno escolar, mientras que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación documentó en 2025 varios casos por apariencia física o identidad de género, como el de una alumna de Pátzcuaro excluida por su expresión de género.
Estas cifras, sumadas al incremento de la percepción de discriminación en la población adulta (que pasó del 16.5 % en 2017 al 21.8 % en 2022 según la ENADIS), revelan la necesidad de fortalecer la legislación estatal para proteger la dignidad y diversidad en las aulas.
Con esta reforma, se pretende que los planteles educativos implementen programas de sensibilización, protocolos de denuncia y sanciones claras frente a cualquier forma de discriminación por género, discapacidad, etnia, religión, orientación sexual o apariencia física.
De aprobarse, esta iniciativa colocaría a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su marco jurídico con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
