EL ESPEJISMO DEL “PLAN MICHOACÁN”
“La buena voluntad puede servir como coartada, pero nunca como gobierno”.
— Albert Camus
Marco Aguilar
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado el 4 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se presenta como una respuesta inmediata al dolor social. Sin embargo, más que un programa de gobierno, el discurso leído desde Palacio Nacional es una operación de contención política: una estrategia diseñada para administrar la crisis y prolongar la estabilidad del poder.
UNA SEMANA PARA ESCUCHAR, UNA VIDA PARA SIMULAR
El gobierno federal promete construir el plan en apenas una semana, mediante reuniones con comunidades, autoridades, iglesias y sectores productivos. Ese plazo es, sencillamente, imposible. Ni siquiera los planes municipales de desarrollo —con equipos técnicos y diagnósticos locales— pueden estructurarse con seriedad en ese tiempo.
Hablar de “escuchar” en tan corto lapso revela la naturaleza del ejercicio: no es la construcción de políticas públicas, sino la fabricación de legitimidad. Es consulta escenificada, dirigida a quienes ya integran el circuito partidista. En la práctica, será oír a los afines, a los que sostienen el proyecto político, algunos incluso con señalamientos públicos y judiciales por vínculos con estructuras criminales.
Antes de recorrer comunidades, el gobierno debería sanear su propia estructura territorial. No se puede invocar la paz cuando los cuadros locales de poder permanecen capturados por intereses clientelares y mafiosos.
LA DEMAGOGIA DE LA PAZ
“La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia y respeto a la vida”, dijo la presidenta. La frase es impecable; su ausencia de contenido, absoluta.
Lo que se ofrece es paz sin estructura, sin capacidades y sin Estado.
La retórica de la “paz desde abajo” conmueve, pero no compromete. El país necesita instituciones capaces, inteligencia civil, ministerios públicos que funcionen, pruebas que se procesen, sentencias que se cumplan. No discursos.
En vez de eso, el texto presidencial apela al mito de la escucha como sustituto de estrategia.
El Plan Michoacán no establece responsables, indicadores, cronograma ni presupuesto. En suma, no es un plan: es una declaración emocional envuelta en lenguaje pastoral.
SIN PROTOCOLOS, SIN ESTADO
El asesinato de un presidente municipal -evidencia máxima del colapso estatal- no derivó en protocolos de protección para alcaldes, periodistas, jueces o defensores. Tampoco en una revisión de unidades de inteligencia, cadenas de mando o capacidades fiscales.
Queda fuera el núcleo del problema: la impunidad estructural y la infiltración criminal en gobiernos locales. Se promete, en cambio, “mesas”, “campañas” y “escuelas de paz”. En un país donde la violencia no es retórica sino territorio, ese lenguaje es insuficiente y profundamente irresponsable.
LA OFICINA PRESIDENCIAL EN URUAPAN: CONTROL, NO REPÚBLICA
La única medida material es la instalación de una Oficina de la Presidencia en Uruapan. Más que esperanza, la decisión apunta a una recentralización del poder en un territorio donde el Estado ha cedido autoridad. Es la admisión pública de que el gobierno estatal ha dejado de ejercer el poder.
Pero sin autonomía investigativa, sin desmantelar pactos locales y sin fuerza judicial, esa oficina corre el riesgo de convertirse en centro de propaganda y no de Estado. Donde no hay ley, los edificios no gobiernan.
LA PROLONGACIÓN DEL PODER
El Plan Michoacán no busca transformar: busca administrar la crisis y sostener legitimidad. La narrativa de la “paz con justicia” se recita como consigna moral, sin instrumentos que la respalden. Es la continuidad de un modelo de gobierno que confunde diálogo con Estado y empatía con responsabilidad.
CONCLUSIÓN
El Estado mexicano tiene el deber constitucional de garantizar seguridad y justicia. Ese deber no puede delegarse en giras simbólicas ni en afectos políticos.
México no necesita más promesas de paz: necesita instituciones que existan y operen.
Sin depuración interna, sin combate real a la corrupción y sin romper la alianza entre poder y crimen, ningún plan sobrevivirá al discurso.
En Michoacán -y en el país- la paz no nacerá de micrófonos ni de ceremonias.
La paz comenzará cuando el Estado deje de simular que gobierna.
